- Pregunta. Usted pide a la comunidad internacional que mantenga el nivel de ayudas a pesar de la crisis. ¿Teme un gran paso atrás en este terreno?

- Respuesta. La generosidad continúa en general en alza y eso marca una gran diferencia, porque significa más vacunas para más niños, menos gente muriendo y nuevas semillas, pero aún hay mil millones de personas viviendo en tales condiciones de dureza que, si las tuviéramos cerca, no podríamos más que ayudarles. El gran desafío es que esos pobres no queden olvidados por las dificultades financieras. El dinero que les permite vivir es menos del 1% de nuestros presupuestos. Y el peligro es que sea recortado aún más que otras partidas del presupuesto. Eso supone literalmente menos vacunas, menos semillas o menos medicinas contra el sida, y todo ello para equilibrar el presupuesto de los países más ricos. Para que el dinero sea destinado adecuadamente y tenga un impacto real en la gente, debe ir a aquellos que más lo necesitan. Debemos asegurarnos de que el dinero va a los países pobres, donde puede tener un efecto contundente, y no a los de ingresos medios. Tenemos mucho que hacer para que la gente se sienta reconocida por la ayuda que concede, que sepan lo importante que es mantenerla.

- P. Se va a reunir con el nuevo presidente, Mariano Rajoy. ¿Cuál es su mensaje para él, en unos tiempos de fuertes recortes de nuestros propios presupuestos?

- R. Yo simplemente me presento como alguien que destina miles de millones de mi propio dinero a todo esto y lo que intento es compartir las historias de éxito. España financia vacunas y el impacto de estas ayudas por cada euro es 20 veces superior en los países más pobres que el que puede tener el dinero destinado a tu propio país. Así que mi punto de vista es que debe destinarse hasta el 1% del presupuesto a los que más lo necesitan. Sé que ahora mismo [el presidente] tiene muchas prioridades, son tiempos duros, pero si quiere destinar ese 1% y enfocarlo en las grandes necesidades, el impacto será altísimo. Incluso en tiempos duros, los contribuyentes pueden sentirse muy satisfechos por su papel en el mundo.

- P. Habla de los países más necesitados. ¿Considera entonces que América Latina no debería ser el objetivo prioritario de la ayuda española?

- R. Cuando ayudas a países como Perú, un país de ingresos medios, con 10.000 dólares de renta per cápita (unos 7.500 euros), mientras hay niños muriendo de malaria y gente que no consigue medicinas para el sida, el resultado es bastante diferente. Cuando ayudas a este tipo de países con un nivel suficiente de riqueza debes preguntarte por qué, por qué le ayudas. La ayuda debería ser para los más pobres. La Comisión Europea, por ejemplo, ha decidido dar menos ayuda a países de ingresos medios y esa es una gran decisión. Lo importante es que todas las vidas tienen igual valor y que podemos cambiar muchas más cosas en países pobres que cuando ayudas a un país como Perú, con ingresos medios, que tiene sus recursos que explotar y que podría ser tan rico como un país europeo. Marruecos tiene minerales y mucho dinero si lo comparas con Chad, Mozambique, Sudán o Etiopía. Lo que puedes conseguir es muy diferente. Históricamente la ayuda estaba mezclada con la amistad. Estados Unidos ayudaba a países que podían malgastarla, pero si era un amigo no había problema. Afortunadamente con el fin de la Guerra Fría ese tipo de ayuda ya se acabó y ahora puedes decir que cada euro que gastamos tiene un impacto humanitario: está alimentando a un niño, permitiéndole nutrirse para que su cerebro se desarrolle con plenitud, y la lucha contra la malaria lleva también ese camino. Esas son las prioridades del mundo. Un país como Perú está luchando bien contra la malaria sin ayuda exterior.

- P. Hay un debate sobre la efectividad de la ayuda. ¿Cómo se gasta mejor este dinero?

- R. Si tomas un país que tiene grandes necesidades críticas en salud, agua, agricultura y medicinas puedes tener un impacto muy radical haciendo llegar las vacunas a los niños, las medicinas contra el sida a los adultos, las redes antimosquito o enseñando a los granjeros a usar unas semillas nuevas que van a funcionar incluso cuando hay sequía para ser así más productivo. Me siento muy satisfecho con los resultados de los miles de millones que he puesto en todo esto. Yo puedo visitar estos lugares, contratar a los mejores científicos y veo los resultados. Sí, estamos mejorando la vida en estos países muy rápidamente, y si los ciudadanos y los políticos pudieran viajar y comprobar lo que está pasando en Chad, Kenia y Tanzania, verían que son lugares donde las cosas han cambiado mucho, donde han descendido las muertes por malaria de forma espectacular, y donde los padres no mueren de sida dejando huérfanos y más inestabilidad. Esta es una historia muy positiva y no se puede hacer ayudando a países de ingresos medios, pero sí a los que más lo necesitan.

- P. ¿Cuándo cree que podremos ver la vacuna contra el sida?

- R. Ese campo de la investigación científica tiene grandes problemas de financiación. España sí ha ayudado en ese terreno y espero que se mantenga porque hace falta dinero para hacer esta labor. Hay mucha investigación en tuberculosis y malaria que se hace aquí en España, en Tres Cantos; hay una vacuna contra la tuberculosis en España, que es fantástica; hay un grupo en Barcelona a las órdenes de Pedro Alonso que trabaja contra la malaria y que es genial. Y es realmente esa financiación de I+D la que nos proporciona las nuevas herramientas. Esperamos tener una vacuna contra la malaria dentro de unos años. Una vacuna contra el sida va a tardar entre seis y 10 años en llegar, nuestra Fundación es un gran patrocinador. Esperamos que España siga con su apoyo a la I+D, que sí formó parte de su presupuesto en los últimos cuatro años.

- P. ¿Es el impuesto a las transacciones financieras una solución para obtener fondos para ayuda al desarrollo?

- R. Está claro que algún tipo de impuesto sobre las transacciones financieras podría ayudar en parte a bajar los déficits, y si una parte fuera dedicado a mantener el apoyo a los más pobres, incluso ahora en medio de la crisis, eso sería algo de agradecer. Irónicamente, hay un tipo de impuesto sobre las transacciones financieras, que en Reino Unido llaman de otra forma, el Settlement Tax, que grava fuertemente la compraventa de acciones. Así que hay muchas posibilidades, pero lo que no quieres hacer es distorsionar excesivamente el mercado. Y una vez puestas las tasas la pregunta es: ¿A qué destinar este dinero? Son fondos gubernamentales. Se puede usar para pagar la deuda, estimular la economía doméstica o para mantener ese 1% que impide que la gente muera porque has dejado de comprarles una red antimosquito.

- P. El modelo europeo contra la crisis pasa por la austeridad y el control del déficit. El de Estados Unidos apuesta por políticas de crecimiento. Como empresario, ¿cree que Europa será capaz de superar la crisis con este modelo?

- R. Es una situación compleja y ojalá los economistas entendieran mejor su asignatura. Cómo tener las deudas bajo control, bancos solventes y aun así lograr que crezca la economía es una especie de fórmula mágica que busca la gente, hasta ahora sin mucho éxito. Está claro que las políticas de crecimiento son deseables, pero ¿cómo encaja eso con una eventual eliminación de la deuda? Los políticos y economistas deben trabajar en esto, que no es fácil de resolver.

- P. ¿Qué opina de los tecnócratas, los nuevos gobernantes en países como Italia o Grecia?

- R. Yo voto por los tecnócratas siempre que puedo. Cuando las cosas son muy complicadas -y la situación que mejor conozco es la de EE UU- ves que hay muchas prácticas regulatorias que han estado muy protegidas y que hacen que la economía sea menos eficiente, por ejemplo para médicos, fármacos y muchos servicios, y esas ineficiencias nunca se resuelven en el ámbito puramente político porque esa gente guarda con especial celo su estatus especial. Pero un tecnócrata llega y puede hacer una serie de cosas que pueden beneficiar a la economía, tomar decisiones difíciles. Hay muchos temas de regulación en los mercados laboral y de servicios que cuando se resuelven son muy importantes para crear oportunidades de crecimiento. ¿Pero cuánto de esto podrá aprovechar un país europeo en concreto? Por ejemplo, un país como Irlanda nunca ha tenido tantos problemas en la regulación de los mercados y tuvo un desastre extremo en su sector bancario. ¿Por qué se les considera más creíbles? Probablemente porque sus mercados están menos sobreregulados que los de otras zonas de Europa, y eso es lo que hace que, entre todos los países endeudados, se les vea como los que tienen el camino más fácil para volver a la normalidad.

- P. Bajo esa perspectiva, ¿cree que la liberalización del mercado laboral que acaba de anunciar el Gobierno español es lo más adecuado para resolver el persistente problema de paro que tiene España?

- R. Ustedes tienen una tasa de paro peor que la de cualquier otro país y claramente esto es por algo. En algún punto del mercado laboral o del sector educativo hay algún problema. No soy un experto en España pero, en general, las mejores soluciones a largo plazo siempre acarrean dolor a corto plazo en términos de los mercados. ¿Cuál es la forma de hacerlo? No soy un tecnócrata que haya estudiado la situación de España, pero hay una oportunidad probablemente histórica de tomar decisiones difíciles para ganar algo de la fluidez que caracteriza los mercados laborales de Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos.

- P. En España nos encontramos con muchos jóvenes muy cualificados que afrontan su futuro sin trabajo ni oportunidades. Como ejemplo de hombre hecho a sí mismo, ¿dónde cree que están las respuestas?

- R. Lo que sucede es muy extraño. ¿Por qué no han bajado aquí los sueldos? Si tienes una fábrica que produce carbón y nadie lo compra está claro que el precio de tu carbón es demasiado alto y hay que bajarlo. Tienes toda esa mano de obra disponible, pero hay algo muy raro en que el precio no se ajuste para permitir a otros países instalarse aquí, porque está claro que estos trabajadores están dispuestos a trabajar. Ese nivel de desempleo nos indica que hay rigideces importantes operando en el mercado. Puedes mirar hacia las universidades y preguntarte si la formación es tan sólida como debería ser, pero no creo que esta sea la razón. Estoy de acuerdo en que este asunto es la prioridad número uno de España, incluso más que ese 1% de ayudas para los pobres.

- P. Lo que sí ve la gente es que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres...

- R. El mundo es muy grande y se está haciendo mucho más equitativo porque los países pobres se están haciendo más ricos más rápidamente que lo que progresan los países ricos. La mejora de la calidad de vida en grandes poblaciones como India y China refleja que la igualdad en los ingresos desde un punto de vista global es mucho mejor hoy que en cualquier otro momento de la historia y conforme pasa el tiempo se llega a una situación más equitativa. Eso es algo bueno. Las ventajas de la innovación están más extendidas, y cuando tienes a más gente inventando productos nuevos como fármacos para el cáncer o software, esto es un beneficio global, y no tiene por qué venir acompañado de una alta tasa de paro. En lo referente al paro, es un tema estructural. Hay trabajos de sobra, en la enseñanza, el turismo, la ciencia o la asistencia a los ancianos. Sobra trabajo, pero es una cuestión de estructurarlo de forma correcta.

- P. ¿Qué le parece la propuesta del millonario Warren Buffett para subir los impuestos a los ricos?

- R. Los impuestos varían mucho de país a país. En EE UU son algo regresivos porque el porcentaje que pagan los ricos es menor que el de quienes no lo son. Eso es un sistema atípico y es porque los impuestos sobre dividendos son más bajos que sobre los sueldos. Podrías dejar los dos tipos en el mismo nivel, y sería menos regresivo. La propuesta de Buffett, que me parece bien, dice que los más ricos deberían pagar un 30%. Eso no sería suficiente para equilibrar el presupuesto estadounidense. Hay que hacer algo más que perseguir a los muy ricos. Tienes que abrir el abanico de los que pagan impuestos para equilibrar las cosas. Pero la regla Buffett es un paso positivo. Lo ideal sería conseguir que todo el mundo hiciera el sacrificio a la vez, no introducir la regla Buffet de forma aislada, sino hacerlo al mismo tiempo que se subieran también los impuestos de forma moderada para la clase media y media-alta.

La Fundación ONE, liderada por Bono –cantante del grupo U2- y que lucha contra la extrema pobreza en el mundo, ha impulsado la celebración este acto simbólico. Otras instituciones relacionadas con la fundación que preside Gates han colaborado y han movilizado a su voluntariado para esta peculiar recepción callejera. “Se trataba de hacer un acto de calle para hacer visible que es importante mantener la ayuda al desarrollo”, ha dicho Eduardo Sánchez, presidente de la Coordinadora de ONG de Ayuda al Desarrollo de España. Para Arturo Estébanez García, responsable de la captación de fondos de Rotary International de Madrid (organización que lucha para erradicar la polio), la visita ha sido “un apoyo más profundo que la foto”. La Fundación Bill y Melinda Gates aportó hace tres años 350 millones de dólares (264 millones de euros) a Rotary International. “Como ha visto que estamos consiguiendo resultados, ya casi se ha erradicado la polio, ha comprometido otros 50 millones”, ha avanzado Estébanez.

La mayoría de los voluntarios se han enterado por correo electrónico o por redes sociales del encuentro. No había una convocatoria oficial. “Lo he visto en Twitter como las manifestaciones”, ha asegurado uno de los asistentes, trajeado para la ocasión. A los voluntarios se han sumado los turistas que normalmente inundan la plaza Mayor, bocadillo de calamares en mano. Algunos se han acercado en busca de la foto junto al millonario y filántropo. Pero los cinco minutos de su presencia no han permitido más que un apretón de manos con los representantes de las ONG, una breve sesión de fotos y un “muchas gracias” de Gates que ha sido contestado con un breve aplauso. Después, Bill Gates se ha marchado en el coche rojo que le había dejado en el mismo centro de la plaza.

Verónica Hernández, portavoz de Intermón Oxfam, cree que el recorte decidido a finales de año se va a consolidar en este, y que el impacto final podría ser aún mayor. Esta ONG calcula que la AOD será para 2012 de menos de 3.200 millones, frente a los más de 4.000 presupuestados a comienzos del año pasado. Ello dejaría la ayuda en menos del 0,3% del PIB. “La reducción en los 20 meses desde mayo de 2010 cuando empezaron los recortes ha sido del 40%”, señala Hernández.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde) coincide, y calcula que a los mil millones menos del año pasado, el actual Gobierno le aplicará otro recorte de unos mil millones este. “Y a ello hay que sumar la reducción de las comunidades y los ayuntamientos, que también es ayuda”, dice una portavoz. El Gobierno no ha hecho un anuncio al respecto, pero el recorte en más de mil millones previsto para el Ministerio de Exteriores (un 40% del presupuesto) va en esa línea, se temen las ONG.

La publicación del informe de Seek Development se produce en vísperas de la llegada a España de Bill Gates, quien tiene previsto entrevistarse hoy con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El fundador de Microsoft, segunda fortuna del mundo en 2011 según la revista Forbes, está volcado en la labor filantrópica que realiza la fundación que lleva su nombre y el de su esposa, Melinda. Su mensaje es que los países ricos no deben disminuir su ayuda pese a la crisis, y así lo ha repetido en las últimas cumbres económicas mundiales, como el Foro de Davos o la reunión del G-20.

Algunos gobiernos parece que están de acuerdo. Como recuerda la portavoz de Intermón-Oxfam, Francia, Alemania, Reino Unido e incluso Portugal han mantenido o aumentado su ayuda al desarrollo, aunque solo sea porque es parte esencial de su política exterior. Este es el mensaje propugnado por Gates desde hace meses en los foros internacionales, y podría ser el que dirija al nuevo Ejecutivo español. Para reforzar dicha petición, algunas ONG han convocado para hoy a mediodía una concentración en la plaza Mayor de Madrid. Pretenden mostrar al Ejecutivo que los ciudadanos sí consideran importante mantener la ayuda a los más pobres a pesar de la crisis. Esta misma idea fue refrendada ayer mismo por una encuesta de la Fundación Bill y Melinda Gates y Unicef España que afirma que “el 74% de los adultos siguen apoyando la ayuda destinada por España al desarrollo” y un 51% pone en el 0,7% del PIB su objetivo.

El informe de Seek Development (consultora que recibe financiación de la Fundación Gates, entre otros donantes) centra en dos áreas los esfuerzos de la ayuda española: la salud y la agricultura (como vía para desarrollar áreas rurales). Y en ambas prevé importantes recortes, aparte de los que ya se arrastran desde el año 2009, cuando el importe destinado a cooperación llegó a su máximo histórico: el 0,49% del PIB.

Respecto a la ayuda destinada a programas sanitarios, el informe indica que en 2009 se alcanzó un máximo de 500 millones, y que en 2011 descendió a 225 millones, lo que supone una caída del 55%. Estos datos ya fueron denunciados por la organización ISGlobal, que destacó que, si se miden las aportaciones a grandes organismos internacionales (Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; Organización Mundial de la Salud, OMS; Alianza Mundial por las Vacunas y la Inmunización, GAVI; o la Iniciativa para el Desarrollo de Fármacos para Enfermedades Olvidadas, DNDi), la rebaja fue aún mayor: de 259,3 a 45 millones (un 83%).

Precisamente, la consultora destaca el caso del Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con el que España ha pasado de ser uno de los mayores donantes (213 millones de dólares, unos 190 millones de euros) en 2009, a entregar la mitad de los 250 millones de dólares (190 millones de euros) prometidos en 2010 y dejar las aportaciones congeladas desde entonces.

Lo mismo ha sucedido con otros grandes proyectos, como la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, a la que se donaron 11 millones de euros para el periodo 2003-2011, pero no hay nuevos anuncios. Y justo ahora es cuando se está más cerca de lograr que desaparezca la enfermedad, porque uno de los grandes países endémicos, India, ha conseguido erradicarla, y quedan solo focos estables en Pakistán, Afganistán y Nigeria.

Respecto a la agricultura, el estudio destaca que se convirtió en una prioridad cuando la crisis alimentaria de 2007-2008, y que los fondos españoles alcanzaron su máximo (453 millones de euros, el 9,5% de la AOD) en 2009. La partida no se ha librado de los recortes. En 2011 las aportaciones cayeron hasta los 146 millones de euros, lo que representa un descenso del 68%.

Igual que en la sanidad, el informe detalla qué áreas han sido potenciadas por la ayuda en agricultura (que es tanto como decir en alimentación): acceso a una comida digna, investigación y agricultura sostenible. Entre las grandes organizaciones internacionales, destaca los 70 millones donados a la Alianza Global para la Agricultura, Seguridad Alimentaria y Nutrición (GPAFS por sus siglas en inglés), que se reactivó en 2009 a instancias de la FAO.

El informe es un documento de trabajo, destinado a que las organizaciones internacionales conozcan los puntos fuertes y débiles de cada país a la hora de pedirles cooperación e involucrarlos en proyectos. Por eso, uno de los aspectos que analiza, aparte de las cifras, es el tipo de ayuda que se ha ofrecido. Una de las conclusiones más destacadas es que casi el 31% de la ayuda española está canalizada a través de organizaciones multilaterales, frente al 16% de la media de la UE. “Este sistema permitió aumentar mucho la ayuda sin incrementar los gastos de personal”, dice el informe, ya que se trataba —simplificando— de donar dinero a instituciones que se encargaban de decidir dónde y en qué gastarlo. Era, por tanto, una ayuda más inespecífica y de la que se controlaba poco, ya que se basa en la credibilidad de las instituciones, pero que permitió el espectacular crecimiento de las cantidades, que pasaron de representar el 0,24% del PIB en 2004 a más del doble en 2009. La contrapartida es que también resulta, por eso mismo, el tipo de ayuda donde es más fácil recortar. Si en el campo de la salud este tipo de financiación ha caído un 83% en dos años, en su conjunto la rebaja desde 2008 ha sido del 72%, destaca el informe.

Los campos de interés de la ayuda española son muy variados. La primera partida es la agricultura (un 11,7% del total). La sanidad se lleva el 5,7%, la educación el 8,3%, las infraestructuras el 9,2%, la refinanciación o quita de la deuda, el 9,9%, y el apoyo a los Gobiernos y a la sociedad civil el 10,7%, entre las que más dinero han recibido. En cambio, las aportaciones directas a los países sin una dedicación específica —algo que los países rehúyen ya que se pierde el control sobre el uso de la ayuda— es de solo el 0,6% del total.

Otro aspecto que destaca el informe es quién recibe la ayuda. España ha definido 50 países prioritarios (básicamente de Latinoamérica, por los vínculos culturales e históricos, y de Norte de África, por razones de vecindad y por ser origen de inmigración). Y, dentro de ellos, los divide en tres grupos de peor a mejor: A, B y C en función del tipo de ayuda y los ingresos de los países (el noreste de África es casi todo A, junto a Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay). El resto de Latinoamérica es casi todo C. Hay también alguno en Asia (Vietnam, Filipinas, Camboya y uno de los que más dinero recibe: la Autoridad Palestina).

Las prioridades españolas quedan reflejadas en la lista de los 10 países que más han recibido entre 2008 y 2010: Marruecos, Nicaragua, Perú, Túnez, Colombia, El Salvador, Palestina, Haití, Turquía y Guatemala.

Pero que haya 50 países prioritarios no quita para que otros se beneficien de las ayudas. En total, hasta 117 naciones recibieron AOD española en 2010. Esta es una de las debilidades del sistema, afirma la ONG ISGlobal, que ante los inevitables recortes cree que lo mejor sería concentrar los esfuerzos.

El trabajo apunta a que el nuevo Gobierno probablemente optará por un cambio en este sentido, y concentrará los esfuerzos en Latinoamérica.

El obispo, Leonardo Lemos Montanet, ha asegurado que es partidario de solucionar el enfrentamiento sin llegar “a estridencias” -en referencia al desahucio forzoso- pero con cambios sustanciales en la relación que mantienen ambas instituciones. En sus declaraciones aseveró que está estudiando una “vía intermedia para solucionar el problema”. Fuentes diocesanas consultadas sostienen que ese acuerdo intermedio entre el desahucio o el uso de la vivienda sin pagar su alquiler pasaría ahora por el cobro de una renta mensual asumible por la asociación.

“La oferta va a ser otra”, matizó Lemos Montanet cuando fue preguntado por la condonación de la deuda de alquiler, tal y como se venía haciendo desde la cesión del inmueble en 1993. Para el responsable de la diócesis hay “otros motivos” (además del económico) que tumban la cesión gratuita. Aunque no quiso concretar cuáles son esas causas, sí matizó que la vivienda no tiene por qué ser destinada a otros usos. Ubicado en pleno centro de Ourense, el piso está situado en un edificio de 9 plantas construido en 1976 en el que la Iglesia tiene varias propiedades. Además de la planta en la que se ubican los estudios de la Cadena Cope, posee otra vivienda reformada con subvenciones públicas y situada justo debajo de la casa ocupada por los enfermos de sida. Ahora está vacía aunque durante años se usó como centro de recepción y acogida de inmigrantes.

Agustín González, uno de los responsables de la asociación gestora, evita hacer valoraciones en profundidad de las declaraciones del responsable eclesiástico. De momento. “La única visión que tiene es la del vicario económico y también tienen que tener la nuestra”. Y es que precisamente desde el Comité Ciudadano Antisida culpan a la vicaría económica de azuzar el problema durante los dos últimos años, período en el que la diócesis ha estado descabezada por la falta de obispo. La asociación benéfica, que reconoce el retraso en el desembolso de algunas cuantías, ha solicitado una reunión con el nuevo responsable diocesano para explicar su punto vista. “Tras esa reunión nos manifestaremos contundentemente para bien o para mal” concluye.

La vicaría económica solicitó el pago de supuestas deudas pendientes y el desalojo de la vivienda a través de un burofax. En una vista de conciliación posterior - paso previo a la interposición de una demanda de desahucio-, mantuvo sus requerimientos. La reclamación consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. Por un lado, exige 300 euros de IBI (del que solo está pendiente el pago del recibo del último año) y, por otro, 130 euros mensuales de gastos de comunidad vecinal. También se solicita el pago de una renta mensual de algo más de 500 euros. Las cuentas de la asociación que gestiona la casa de acogida no posibilitan asumir estos gastos. Tras la vuelta del Partido Popular a la Xunta de Galicia en 2009, los fondos públicos destinados por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a estas casas de acogida se recortaron a la mitad.

El acuerdo firmado en 1993 y prorrogado hasta su caducidad en 2009 establecía la cesión gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de la comunidad de vecinos y del impuesto de bienes inmuebles así como las de gasto corriente, debían ser asumidas por la asociación. En esta casa de acogida viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades de drogodependencia que no tienen donde residir. Algunos los habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse al médico acompañados siempre por los trabajadores del centro benéfico, que lleva ocho meses sin cobrar sus nóminas.

“Somos más mujeres en el mercado laboral, pero no por ello, en términos retributivos, somos más iguales. La discriminación sigue siendo patente y se mantiene”, ha dicho Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT, que ha recordado que los datos de 2008 --cuando la diferencia era de 21,9%-- y de 2009 a penas han variado.El 15,2% de las mujeres tuvieron salarios menores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 5,6% de los hombres. Por el contrario, el 9,81% de los hombres recibieron ingresos cinco veces superiores al SMI frente al solo 4,77% de las mujeres que alcanzaron estos ingresos. La repercusión de esa discriminación afecta no solo al presente, también al futuro de las trabajadoras. A menor retribución, menor prestación por desempleo y menor pensión.

Más discriminación arriba

A ellas les cuesta más llegar arriba, pero cuando lo hacen tampoco reciben la misma retribución. “A trabajos de igual valor, es decir que aunque se denominen de manera diferente requieran las mismas capacidades y supongan funciones similares, las mujeres no reciben la misma retribución. Los hombres se benefician más de complementos, pluses y otros beneficios”, explica Fontecha. Complementos como el de la disponibilidad total, que suponen un incremento de la retribución y que reciben en mucha mayor medida los hombres. Y ese patrón, aunque afecta más a las categorías profesionales más altas –en la gerencia de las empresas de menos de diez trabajadores la brecha es del 42,3%-, se repite en todos los escalones.

Y la formación y la educación, contrariamente a lo que se piensa, no acaban con la discriminación. La grieta salarial entre hombres y mujeres crece a medida que aumenta la cualificación de los empleos. En las profesiones que exigen una titulación de segundo y tercer ciclo universitario, la diferencia es del 16,8%. “No se está contratando a los mejores trabajadores, porque actualmente las mujeres tienen más formación que los hombres”, critica Fontecha. “Cómo es posible que en España se esté desaprovechando de esa manera su talento y su formación?, se pregunta.

 En los puestos de menor cualificación las diferencias son menores. Pero los salarios también. “A mayor concentración de mujeres los salarios son más bajos. Allí donde los trabajos están más feminizados, ambos cobran menos”, apunta la secretaria de Igualdad de UGT. En la Administración Pública, donde los criterios de ingreso son más transparentes, la desigualdad es mucho menor.

Unión Europea

Si se analizan los datos de la Unión Europea, recogidos por Eurostat, la brecha salarial en España es de un 16%, un 1% por debajo de la media europea. Una discriminación común a todos los Estados miembros que es "intolerable", según la Comisión Europea que ya hace dos años anunció que tomaría medidas para frenarla. El baremo que se usa en ese estudio, sin embargo, es distinto, ya que tiene en cuenta el salario por hora bruto en las empresas de más de 10 trabajadores. Según este cálculo los países con mayor brecha salarial son Alemania, Austria y República Checa, todos por encima del 23%. Un porcentaje que se podría explicar con la extensión de los trabajos a tiempo parcial o jornadas reducidas en estos países. El país con menor desigualdad entre retribuciones es Eslovenia, un Estado donde el salario mínimo es muy alto.

Reforma laboral

Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Igualdad, reconoció el martes que esa desigualdad supone un “lastre” para el desarrollo competitivo de España. “¿Qué sentido tiene que una de las partes de nuestro sector poblacional más productiva, más preparada y capacitada tenga menos capacidad salarial y menos capacidad de promoción? Eso constituye un lastre para nuestro desarrollo económico ", dijo. Sus palabras, sin embargo, no acompañan, según los sindicatos, a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno para fomentar el empleo femenino ni para acabar con la brecha salarial.

Para UGT, la reforma laboral poco ayuda a eliminar la desigualdad. “Solo agrava la situación porque promueve, al fomentar entre otras cosas trabajos a tiempo parcial, la desigualdad retributiva”, opina Fontecha. “De una forma indirecta, el Gobierno le ha dado una patada a la ley de igualdad que prevé medidas y planes para fomentar el empleo femenino. El posibilitar que los empresarios se puedan descolgar de lo pactado y cambiar las condiciones laborales perjudica enormemente a las mujeres”, argumenta Fontecha, que recuerda que muchas de las medidas dirigidas a acabar con el desempleo han ido dirigidas, además, a sectores mayoritariamente masculinos.

El texto, difundido este martes por el primer ministro François Fillon y dirigido a las administraciones locales, recuerda que la diferenciación entre señora y señorita no supone “un elemento del estado civil de las interesadas” y que dicha alternativa en el caso únicamente de las mujeres no es requerida por “ninguna disposición legislativa o reglamentaria”. Aclara así que señora será tomado como el “equivalente de ‘señor’ para los hombres, que no prejuzgada del estatuto matrimonial de estos” y anula también la fórmula “nombre de casado” o “de casada” –en Francia las mujeres suelen tomar el apellido de su marido- y lo remplaza por “nombre de uso”.

Hace tiempo que las organizaciones feministas venían reclamando este cambio. En septiembre del año pasado, dos de ellas, Osez le féminisme! y Les chiennes de garde lanzaron una gran campaña para la supresión de esta casilla que denuncian como “una seña del sexismo ordinario que perdura en nuestras sociedades”. La ministra de Solidaridad, Roselyne Bachelot, encargada de los derechos de las mujeres, se sumó al movimiento al estimar que la práctica suponía una “intrusión a la vida privada”. Las dos organizaciones han aplaudido la iniciativa del primer ministro, aunque piden “resultados concretos”, e invitan ahora a “las empresas y organismo privados que sigan el movimiento”.

Lo cierto es que no es la primera vez que el Gobierno pide la eliminación del polémico distintivo. Dos circulares, que se remontan a 1967 y a 1974, recordaban ya que “el empleo de una u otra fórmula no constituye de ninguna forma uno de los elementos del estado civil de las interesas”. Pese a todo, la casilla señorita sigue siendo habitual, tanto en la administración pública como a la hora de comprar un billete de tren u otras transacciones comerciales.

Hay al menos un lugar en el que definitivamente la fórmula de mademoiselle pasará a la historia. Se trata del ayuntamiento de Fontenay-sous-bois, en las afueras de París, donde la municipalidad comunista no ha esperada la llamada de atención del Gobierno y anunció la semana pasada la eliminación de la controvertida casilla.

Así lo ha acordado hoy el organismo de control durante la celebración de una larga sesión en la que se ha hecho hincapié en que Silva responda conforme a la opinión general del Consejo de Administración. En el caso de los diputados y senadores planteen cuestiones nuevas, que requieran datos o sean peliagudas, se les remitirá las respuestas por escrito.

Como en el caso de los comparecientes del Gobierno, RTVE conoce de antemano las preguntas de los parlamentarios. De ahí que la norma habitual es llevar las respuestas escritas. Distinto es lo que pueda ocurrir durante las réplicas.

En este caso, la compañía  audiovisual solicitará a los miembros de la comisión que sean  conscientes de la situación por la que atraviesa RTVE. Desde el pasado julio carece de presidente y los consejeros se turnan por meses para desempeñar la presidencia del Consejo.

La diputada de EU, que llevaba una camiseta en la que se leía “Yo también soy el enemigo”, en alusión a los términos empleados por el jefe de la policía de Valencia para referirse a los estudiantes que protestan contra los recortes, acusó al PP de no querer ayudar a la investigación de los casos de niños robados “por si les salpica”. En su proposición no de ley se planteaba también la creación de un banco de ADN gratuito para los afectados y la puesta a disposición de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de los archivos provinciales que pudieran ayudar a esclarecer los hechos.

El PP, que presentaba una enmienda a la proposición que prácticamente sustituía a la de EU, y en la que se limitaba a ofrecer “compromiso, comprensión y solidaridad con las víctimas”, acusó a la diputada de EU de estar más preocupada por “conseguir un titular” que por ayudar a las víctimas. La diputada popular Marisol Linares calificó como “uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente” los robos de niños, pero se opuso a la creación de la comisión de investigación.

El tono, ya bastante agrio del debate, llegó al insulto con la intervención de la diputada socialista Modesta Salazar, que, cuando dijo en la tribuna que conocía bien el tema porque era “mujer, madre y matrona”, oyó que la parlamentaria popular Alicia de Miguel le decía “como robaban niños”, por lo que pidió que retirara inmediatamente esas palabras. De Miguel lo hizo y le pidió disculpas.

La tensión aumentó con la intervención de la parlamentaria de Compromís Mònica Oltra que, para evitar ser expulsada del pleno, vestía una camiseta cifrada que decía “Contra la brutalidad policial. Primavera valenciana”. Oltra se refirió a “las mafias ligadas a la Iglesia católica” que traficaban con niños y al “sadismo de las monjas” que niegan información a los afectados, lo que alteró al presidente de las cortes valencianas, el popular Juan Cotino, quien le exigió que no hablara de “personas que no están en la sala”. “Usted no me va a callar”, le respondió Oltra, mientras el diputado socialista Juan Soto la defendía desde su escaño, lo que provocó que, a petición de Cotino, la secretaria primera de las Cortes le amenazara con la expulsión del pleno.

Las madres de la asociación SOS Bebés Robados que habían acudido al parlamento valenciano a presenciar el debate abandonaron desilusionadas la tribuna de invitados sin haber logrado que las cortes se comprometan a crear una comisión de investigación como la que ya tiene Euskadi que les ayude, sobre todo a tener acceso a los archivos eclesiásticos. IU ha presentado propuestas en esta línea tanto en el Congreso como en el Senado.

Los hechos, adelantados por el periódico La Voz de Cádiz, ocurrieron el pasado sábado en el domicilio que ambos comparten en la calle Alcázar de Toledo en San Fernando. Los agentes acompañaron a la mujer hasta el hospital, donde la atendieron por fractura del tabique nasal y varios traumatismos en la cara. Según su testimonio, su marido le propinó varios puñetazos tras una discusión que se había iniciado después de que ella se negara a lucir en la calle el velo islámico.

Ni la Policía ni el Instituto Andaluz de la Mujer tienen constancia de denuncias anteriores. El juzgado deberá ahora determinar en qué situación queda el detenido y qué medidas de protección solicita para la denunciante. Ambos son de origen marroquí. El Instituto Andaluz de la Mujer ha destacado la dificultad que encuentra para que las mujeres inmigrantes residentes en España denuncien agresiones motivadas por el incumplimiento de tradiciones o costumbres de sus países, a pesar de haberse promovido campañas expresas para luchar contra estos casos en este colectivo.

Este importe se desglosa en dos: los centros concertados (que facturan mayoritariamente al sector público), con 709 millones, y las clínicas privadas que prestan algún servicio (hacer pruebas como las ecografías o analíticas, o unidades como la oftalmología y la rehabilitación), con los 1.462 millones restantes.

Con estos datos se completa la deuda de las comunidades: redondeando, más de 6.000 millones con los laboratorios, 4.000 millones con los proveedores de tecnología sanitaria, 2.000 millones con las oficinas de farmacia y estos 2.000 millones por los servicios subcontratados.

Y no es todo, ya que no se sabe lo que deben a otros proveedores, desde contratas de limpieza, administración, informática, seguridad…. etcétera.

El dato, que ha sido presentado esta mañana por Juan Abarca, presidente de IDIS, se ha “obtenido de la extrapolación de los datos de facturación, deuda y periodo medio de pago de una muestra de cien hospitales privados de España”.

Las cifras son de 2009, por lo que laos datos actuales serán seguramente muy superiores (en los pagos a laboratorios ha aumentado un 92% en ese periodo). Abarca calcula que puede ser entre un 20% y 30% más, lo que supone aproximadamente otros 500 millones.

Para la financiación, propone que se creen impuestos especiales cuya recaudación sea para el sistema sanitario. En España esta figura ya existe, pero solo para el llamado céntimo sanitario (que en verdad puede llegar a cuatro) con el que las comunidades pueden gravar la gasolina. CC OO no lo especifica, pero parece estar en línea con la idea de aumentar la carga al alcohol o el tabaco, como propuso el PSOE. IU, en cambio, defendió crear un impuesto especial para el lujo. El PP, que defendía que no subiría los impuestos y que confiaba en que su llegada al poder supusiera mayores ingresos fiscales por un aumento de la actividad económica, no lo apoyaba.

Otra idea compartida –en este caso por todos- es la de centralizar las compras de medicamentos, tecnologías y otros servicios. Esto ya fue puesto en marcha en algunos casos (vacunas de la gripe) por el anterior Gobierno, pero se espera que tenga un mayor desarrollo. Curiosamente, al menos públicamente hasta algunos proveedores, como la patronal Farmaindustria, lo apoyan, ya que afirman que prefieren un único interlocutor a la hora de fijar precios.

También coincide CC OO con otra idea mayoritaria en el sector: que las transferencias del Gobierno central a las comunidades, que son las que tienen las competencias, sean finalistas. Esto quiere decir que se asegure que una parte del dinero se dedica a sanidad. Ello supone cambiar el modelo de financiación, que no permite este sistema.

Entre sus propuestas está “desdeñar cualquier ampliación del copago sanitario”. Con otra formulación, lo defienden la mayoría de los partidos salvo CiU, que quiere que, al menos, se estudie.

Y todo ello, dentro del pacto de Estado sobre Sanidad que el Congreso ha retomado.

La iniciativa se enmarca en un entorno de recortes presupuestarios, que en el ámbito laboral se traduce en que si en 2011 la tasa de reposición de plazas fue del 10%, en muchas comunidades va a ser del 0% este año. “Esto significa que, por cualquier profesional de una categoría concreta que se jubile o finalice su relación laboral con contrato estructural en el sistema nacional de salud, no se realizará ningún nuevo contrato”.

Aparte del impacto sobre el empleo, esta medida supone que los gestores tendrán que buscar nuevas fórmulas para cubrir ciertas plazas, lo que abre la puerta a la privatización de los servicios, afirma el sindicato.

Claro que, para conseguir esas propiedades, no basta cualquier cantidad. En el consumo de este producto, hay tres niveles: baja (menos de 200 miligramos de cafeína al día), moderada (entre 220 y 400) y excesiva (por encima de los 400), ha indicado Ana Adán, profesora del profesora del Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta de la Universidad de Barcelona. Como nadie pesa la cafeína (para empezar, porque está disuelta en la infusión), el equivalente vendría a ser aproximadamente de 100 miligramos por taza.

Adán ha estado en Madrid invitada por el sector cafetero para explicar sus trabajos sobre la relación entre cafeína y rendimiento cognitivo. Y sus conclusiones son claras: dos tazas de café (200 miligramos de cafeína, aproximadamente), mejoran la capacidad de reacción y la atención. “El efecto es dosis dependiente”, dice la investigadora. Esto quiere decir que, en teoría, a más café, mejores resultados.

Claro que el consumo de este producto tiene un límite. En su empleo farmacológico (en pastillas), este se cifra en 1.200 miligramos (unas 12 tazas). Pero las personas normales y sanas no tienen por qué llegar tan lejos. En los trabajos de Adán se comparaban los resultados con dos tazas.

Pasarse con el café no es bueno. El mayor riesgo es el de una sobredosis, que produce insomnio –“sobre todo en personas de riesgo”, dice Adán-, ansiedad y taquicardias. Y luego están las personas para las que no está recomendado, que incluyen una amplia lista: las embarazadas no deben tomar más de 600 miligramos de cafeína al día, y las personas con graves dolencias cardiovasculares, gastrointestinales, epilepsia, insomnio, insuficiencia hepática y ansiedad, lo mejor es que no lo tomen.

Ahora, la investigadora está estudiando su efecto sobre la memoria (muy útil para estudiantes), o sobre la sensación –subjetiva- de somnolencia. Los ensayos demuestran que a los 30 minutos, más o menos, empieza a haber una mejoría. Esto es coherente con el tiempo que se supone que tarda la cafeína en llegar al cerebro, donde actúa saturando unos neurorreceptores que están relacionados la alerta, la capacidad de aprender, la somnolencia y el estado de ánimo. Luego su efecto, que depende de la dosis y la persona, puede durar entre tres y seis horas. Curiosamente, en las pruebas subjetivas 8donde lo que se mide es lo que responden los voluntarios), los hombres parecen más sensibles a los efectos del café que las mujeres, aunque no hay una explicación.

Uno de los temas que más preocupan a los productores es la idea de que el café puede ser adictivo. De momento, no hay evidencia al respeto, y el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la referencia mundial, no lo considera como tal. Pero Adán admite que hay aspectos (que produce una ligerísima habituación o algo parecido al síndrome de abstinencia en los grandes consumidores) que recuerdan a lo que sucede con otras sustancias. Quizá la causa estriba en que está relacionado con el circuito dopaminérgico, con un efecto similar –aunque inmensamente inferior- al de la cocaína. Pero, de momento, este aspecto está sin demostrar.

El fisiólogo Post ha aprovechado para su carne sintética los conocimientos extraídos durante las dos últimas décadas en los experimentos con células madre. De momento, cuenta con una tira de músculo de entre 2 y 3 centímetros de largo, casi 2 de ancho y medio milímetro de grosor. Luego deberá añadirle grasa, obtenida de la misma forma. Para la hamburguesa, necesitará cerca de 3.000 tiras de músculo y 200 de grasa, además de varias semanas de cultivo en el laboratorio. Si la primera pieza ha resultado muy costosa, Post sostiene que con los fondos adecuados y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en una década podría pasarse a la producción industrial. “El Gobierno holandés se ha involucrado en este proyecto porque el país es uno de los mayores productores de animales de granja”, ha recordado. Tampoco olvida que la demanda mundial de carne se multiplicará en los próximos 40 años, con el consiguiente deterioro ambiental derivado de la crianza en explotaciones ganaderas.

Ante sus colegas, Post se ha mostrado también entusiasta. “Mostraremos que gracias a las células madre surge un producto similar, esperamos que también en sabor, a la carne. Con unas cuantas cabañas de animales donantes (muchos menos que los sacrificados en mataderos a diario) tendríamos suficientes células madre para la carne”, ha dicho durante la conferencia anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, recién clausurada en Vancouver (Canadá). Un equipo de bioquímicos de la Universidad estadounidense de Stanford (California) elabora asimismo carne artificial. En su caso, tratan de extraerla de cultivos de maíz, trigo, o bien soja y arroz.

Para el Grupo estadounidense en Defensa del Trato Ético de los Animales (PETA, en sus siglas en inglés), que cuenta con dos millones de miembros y simpatizantes, la hamburguesa artificial puede ser muy beneficiosa. “Está producida sin gases de efecto invernadero ni basuras. Si la consiguen en cantidades comerciales, no tendremos objeciones de tipo ético”, han manifestado sus portavoces. Una cosa sí tendrá que mejorar el equipo de la Universidad de Maastricht antes de presentar en sociedad la carne. Es el color, todavía entre rosado y amarillento.

El 11,4% de los alumnos que cursan el último año de secundaria en EE UU ha probado este tipo de droga, según datos de la Asociación Americana de Control de Envenenamiento por Sustancias. Esta organización privada atendió el año pasado casi 7.000 llamadas sobre posibles casos de sobredosis, más del doble de las atendidas en 2010, que fueron 2.900. Tan solo el pasado enero, la asociación recibió 639 consultas de particulares, médicos y enfermeras que informaban sobre posibles envenenamientos.



“El spice, el K2 y las sales de baño (es el nombre usado por los comerciantes para enmascarar el contenido real de estas sustancias) se han convertido en la segunda droga más consumida por los jóvenes norteamericanos, solo por detrás de la marihuana. Además, estas sustancias no están autorizadas para el consumo, una información que está presente en todos los envases", según explicó R.Gil Kerlikowske, director de la agencia antidroga, durante un encuentro en la capital.


Debido a la creciente y variada oferta de este tipo de sustancias, los expertos han encontrado dificultades para determinar unos efectos que sean comunes a todos los tipos de marihuana sintética. Los más frecuentes son nerviosismo, subida de la presión arterial, temblores y mareos,  alucinaciones y dilatación de pupilas. Estos síntomas son muy similares a los que producen sustancias como la cocaína, el LSD y la metanfetamina. En el caso concreto de las sales de baño, pueden provocar aceleración del ritmo cardíaco, paranoia extrema, tendencias suicidas y agresividad.


Estos compuestos químicos normalmente se suministran con el reclamo de “subidón legal” y se venden principalmente en Internet, tiendas y gasolineras de todo el país. Los anuncios de estas sustancias describen la marihuana sintética como no dañina. Su precio oscila entre los 9 y los 13 dólares (de 6 a 10 euros).


En 38 de los 50 estados de Norteamérica las autoridades han prohibido la venta y el consumo de esta droga, según informó Kerlikowske. No hay constancia de que hubiera ningún control a nivel estatal o federal anterior a 2010.


En 2008, cuando se detectó su consumo por primera vez en EE UU, la marihuana sintética se despachaba en herbolarios y se camuflaba como incienso. El mayor exportador del mundo es China. Además, según informó la agencia antidroga, existen laboratorios criminales que fabrican esta sustancia sin ningún control. "Y nuestra responsabilidad es detener a estos delincuentes”, señaló Kerlikowske.


La agencia antidroga se ha marcado como objetivo principal conseguir una ley federal que regule la marihuana sintética en todo EE UU. “El pasado mes de diciembre la Cámara de Representantes  aprobó un proyecto de ley para prohibir esta droga de forma permanente en todos los Estados, esperamos que llegue pronto al Senado y se apruebe con la mayor brevedad”, añadió el director.

Asociaciones como Drugfree.org, con sede en Washington, han detectado que los padres cada vez reclaman más información sobre la marihuana sintética y están empezando a actuar. “En la actualidad, casi todos somos capaces de tener una charla con nuestros hijos sobre el consumo de cannabis o alcohol, pero no tanto acerca de esta nueva droga”, añadió Steve Pasierb, jefe ejecutivo de la asociación. Este grupo  ha desarrollado una guía práctica denominada Parents360 (PDF) con la que se pretende facilitar el manejo de los conflictos derivados del consumo de esta droga en el ámbito familiar.

Son datos que se desprenden del estudio sobre mercados de gran consumo que elabora cada año la consultora Nielsen. El informe refleja un ligero aumento en el gasto de las familias españolas en productos básicos para el hogar (alimentación, bebidas, droguería y perfumería, que creció un 1,5% en 2011, con lo que se consolida la tímida recuperación iniciada el año anterior (+0,4%). No obstante, esta mejoría en plena crisis económica se explica más por la subida de los precios (+0,9%) que por el incremento de las ventas (+0,6%).

La crisis se refleja también en cambios en los hábitos de consumo. Los españoles pasan más tiempo en casa y eso se refleja en las compras: se venden más productos para cocinar, más preparados de pastelería y más café (especialmente en cápsulas monodosis). Mientras, el gasto en hostelería cae sin cesar desde 2008, cuando alcanzó su máximo. La bajada más pronunciada se produce en los locales nocturnos (-2,3%), seguidos de los hoteles y restaurantes (-1,4%) y los bares y cafeterías (-0,5%).

En este marco, las marcas blancas siguen su escalada y alcanzan ya una cuota del 34,5% en los mercados de alimentación envasada y droguería-perfumería. En cambio, los electrodomésticos sufrieron un importante retroceso en 2011, con un descenso del 16,8%. Ni siquiera la demanda de tabletas y otros productos informáticos de última generación pudo salvar las ventas.

El estudio de Nielsen observa otras tendencias que no tienen que ver con la crisis, sino con hábitos de consumo que se consolidan año a año. Se trata del ascenso imparable de los productos relacionados con la salud. Crece todo lo integral, con soja o con propiedades beneficiosas para el organismo. También lo que ayuda a adelgazar: leche y yogures desnatados, los alimentos bajos en calorías. Una tendencia que se refleja también en detalles como el aumento de un 5% en las ventas de básculas o en los libros más demandados del año: de los diez más comprados, tres fueron escritos por el autor de la dieta Dukan.

La polémica sobre si es lícito que se lucren o no las personas que hayan sido condenadas o imputadas —y por extensión, sus familiares y amigos— solo por contar su testimonio ante las cámaras sale de la televisión y entra en el Parlamento. Coalición Canaria (CC) ha presentado una proposición no de ley que insta al Gobierno a prohibir que las cadenas remuneren este tipo de comparecencias televisivas.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión Constitucional del Congreso, ha sido presentada por la diputada de CC Ana Oramas, que considera perverso “que un crimen genere beneficios” a su autor o a personas de su entorno solo por acudir a una televisión a contarlo.

Pagar a delincuentes convictos es una práctica habitual en los operadores privados, que se ha visto acrecentada por la feroz competencia. Por las pantallas han desfilado, cobrando sustanciosas cantidades de dinero, desde el exalcalde de Marbella Juliá Muñoz, hasta el El Rafita, el asesino de Sandra Palo, pasando por el ex director general de la Guardia Civil Juan Roldán. Telecinco y Antena 3 son las cadenas que con más frecuencia ponen el talonario para entrevistar a este tipo de personajes.

“No se puede consentir que medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones realizadas por el Estado vengar a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”, plantea CC.

Oramas reclama que se ilegalice cualquier tipo de pago o prestación a personas que hayan sido condenadas por la Justicia y tengan pendientes indemnizaciones o multas económicas. CC cuestiona que se permita premiar con suculentos emolumentos a condenados que ni siquiera han restituido a las arcas públicas las cantidades que pudieron haber robado, ni las multas o las indemnizaciones que les hubieran impuesto.

En algunos casos, la Justicia ha intentado bloquear estos pagos. El juez del caso Malaya ordenó el embargo de los 188.000 euros que debía recibir Julián Muñoz por sus entrevistas en Telecinco y que esta cadena depositó en la cuenta designada por los juzgados.

Lo mismo ocurrió en el caso de Marta del Castillo. En este proceso, la Fiscalía de Sevilla solicitó al Juzgado de Menores número 3, que condenó a El Cuco por un delito de encubrimiento, que interviniera los 10.000 euros que, “según numerosas informaciones periodísticas”, habría cobrado su madre por su participación en el programa La noria. La familia de Marta del Castillo había manifestado su deseo de que ese dinero se destinara a pagar la indemnización de 414.000 euros que fue fijada por la Audiencia Provincial por los gastos de la búsqueda del cuerpo de la menor en el río Guadalquivir.

“Swarm nos proporcionará el mejor rastreo del campo electromagnético y su evolución temporal para adquirir un nuevo conocimiento del sistema terrestre y su entorno”, explicó la semana pasada el danés Eigil Friis-Christensen, investigador principal de la misión, durante una visita a la empresa IABG, en Múnich (Alemania), donde los satélites están pasando las últimas pruebas antes de ir al espacio.

Son tres satélites idénticos, de nueve metros de longitud (incluido un mástil de cuatro metros que se despliega en órbita) y 500 kilos de masa cada uno. En una gran sala limpia de pruebas dos de los artefactos están colocados verticalmente, en la posición que tendrán en la punta del cohete y uno está tumbado ante los ordenadores de los técnicos. Son satélites de forma triangular, poco habitual en los artefactos espaciales.

En IABG los someten a los obligatorios ensayos de vacío, radiación, temperatura, vibraciones, etcétera. Y en ese caso el trabajo se complica porque es muy estricta la protección frente a los campos magnéticos, que pueden alterar los ultrasensibles equipos de a bordo. Por ello, antes de entrar en el inmaculado gran taller, vestidos con los obligados gorros, batas y fundas para el calzado, es obligatorio pasar ante un sensor magnético que detecta si uno se ha olvidado de dejar en el vestuario aparatos como el móvil, el libro electrónico o la tableta.

“Los Swarm no llevan ningún material magnético, absolutamente nada que tenga hierro, y las fijaciones metálicas imprescindibles son de titanio”, explica Hans Bestler, responsable técnico del proyecto. La estructura de los satélites es de fibra de carbono y el mástil desplegable trasero aleja el magnetómetro del cuerpo principal de cada artefacto, donde van algunos equipos que podrían alterar sus lecturas. “Incluso ha habido que evitar algunos materiales como pegamentos y cerámicas que contienen impurezas férricas”, añade Evert Dudok, responsable de equipos de observación de la Tierra de la empresa Astrium, que ha fabricado los Swarm.

El campo magnético de la Tierra —que protege el planeta frente al bombardeo continuo de partículas cargadas emitidas por el Sol— se origina, sobre todo en su interior más profundo, en el gran océano de hierro fundido y rotante de su núcleo, que actúa como la dinamo de una bicicleta y provoca continuos cambios en el campo electromagnético. Pero también las rocas, el océano, la ionosfera y la magnetosfera intervienen. Swarm irá midiendo con una precisión sin precedentes la fuerza, la orientación y las fluctuaciones del campo magnético y, a partir de las variaciones temporales y espaciales registradas, los científicos deducirán los procesos internos del planeta y su estructura. Asimismo, estos satélites permitirán comprender mejor el sistema Tierra-Sol captando con alta resolución el efecto del viento solar.

“La Tierra tiene un complicado campo magnético que influye en nuestra vida y en nuestro clima”, señaló Volker Liebig, director de exploración de la Tierra en la ESA. “Necesitamos mejorar las predicciones del tiempo magnético para proteger satélites en órbita, radiocomunicaciones, sistemas de navegación e infraestructuras eléctricas”, que periódicamente se ven afectadas por tormentas magnéticas desencadenadas por la actividad solar, destacó Vliebig.

La misión Swarm, con un coste de 220 millones de euros (incluido el cohete ruso Rockot que pondrá en órbita los tres satélites) más 30 millones de operación durante los cuatro años de funcionamiento previsto, es heredera de la experiencia adquirida con otros satélites, pero aportando una enorme resolución espacial y temporal gracias a sus sensores de a bordo y a la configuración de flotilla espacial, explicaron los expertos en Múnich.

Dos de los satélites Swarm, alejados unos 125 kilómetros uno de otro, seguirán órbitas contiguas (a 460 kilómetros de altura), de manera que convergerán sobre los polos, viajando a una velocidad de siete kilómetros por segundo, y cruzándose cada 45 minutos. “Los márgenes para evitar las colisiones polares son muy pequeños: unos cinco kilómetros de altura entre un satélite y otro y 10 segundos de desfase temporal”, destacó Bestler. El tercer satélite volará separado y a más altura (530 kilómetros).

La Consejería de Educación andaluza lleva más de una década intentando frenar estos conciertos. Pero se ha vuelto a dar de bruces con la justicia, en concreto, con la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, que ha anulado el último intento de la Administración regional. La Junta cambió en 2009 la orden de conciertos y estableció que todos los centros deberían escolarizar a niños y niñas si querían ser financiados por las arcas públicas. En el verano de ese año, Educación dictó 12 resoluciones en las que se prorrogaban de forma condicionada los conciertos a esta docena de colegios durante un curso. Si al año siguiente no tenían alumnado mixto, se quedarían sin el concierto.

Esas órdenes condicionadas durante un año —en vez de los cuatro que son habituales— son las que anula ahora el TSJA. El tribunal no encuentra necesario entrar en el fondo del asunto, ya que entiende que el problema es la fórmula elegida por la Administración. Es decir, los magistrados consideran nula la fórmula condicionada al no tener, a su entender, respaldo legal. “Apreciar esta causa de nulidad de la condición hace innecesario enjuiciar la legalidad y constitucionalidad del cumplimiento del deber de apertura del centro a alumnos de ambos sexos”, se señala en la sentencia, que da la razón a la patronal católica CECE Andalucía. Esta organización presentó el recurso en nombre de 10 de los centros concertados afectados. Carmen Mora de la Rosa, asesora jurídica de CECE, mostró ayer su satisfacción por el fallo. Para Rafael Caamaño, secretario general de esa asociación en Andalucía, el pronunciamiento judicial implica que la Administración tendrá que mantener estos conciertos hasta el curso 2012-2013, como ocurre en el resto de centros privados subvencionados. “La sentencia es muy importante porque nos legitima para defender a los centros, sea cual sea el modelo que quieran aplicar”, añadió Caamaño.

El Gobierno andaluz ya intentó en 1999 cortar la financiación a estos colegios a través de otra orden que prohibía la segregación. Varios centros recurrieron la norma. Y el TSJA les dio la razón en 2006 y tumbó la orden. Pero entre ese intento y el más reciente se habían producido dos acontecimientos importantes. Por un lado, la aprobación de la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), donde se establecía que en las aulas “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Otro hecho que parecía determinante fue la sentencia que en mayo de 2008 dictó el Tribunal Supremo, que estableció que las Administraciones educativas pueden suprimir la segregación en los centros sostenidos con fondos públicos.

Con esos dos antecedentes en la mano, la Consejería de Educación intentó en 2009 frenar en Andalucía los conciertos con estos colegios, algo que ahora ha anulado el TSJA. Sin embargo, los magistrados andaluces no se pillan los dedos. No contradicen la sentencia del Supremo de 2008 al no entrar en el fondo del asunto: no se pronuncia sobre si es legal o constitucional frenar la educación diferenciada. Los jueces se limitan a señalar que la normativa básica establece que “la renovación [de los conciertos] lo sea por cuatro años por considerarse dicho espacio de tiempo completamente necesario para preservar (...) los intereses de todos los afectados”. Esta misma sala, cuando los concertados recurrieron en 2009 las órdenes condicionadas, las paralizó cautelarmente al admitir a trámite el escrito.

La pérdida de los conciertos por la separación por sexos también se recoge en la Ley de Igualdad de Trato, que el anterior Gobierno central aprobó en mayo de 2011.

Con la prueba del talón, llamada así porque la muestra de sangre para analizar se toma de una pequeña punción del talón del bebé, se diagnostican algunas de las enfermedades relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos, orgánicos y de los aminoácidos. Patologías consideradas raras, como la tirosinémia o la acidemia isovalérica, que si no se detectan de manera precoz y se tratan pueden provocar retraso mental y problemas del sistema nervioso. Por eso, las sociedades médicas recomiendan ampliar los cribados neonatales. Un consejo que la mayoría de las regiones ha seguido, aunque no por igual. Algunas, como Extremadura o Galicia, diagnostican más de 30. Otras, como Valencia, detectan 10.

En diciembre de 2010, el Partido Popular presentó una proposición no de ley para que todas las comunidades ampliaran sus cribados neonatales. La introducción de estas pruebas en España, argumentaba el PP, es mucho más lenta que en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde esos análisis son más amplios. También proponía que se acordara un listado común de enfermedades a detectar debido a la gran diferencia que hay entre autonomías.

Meses después, tras años de peticiones de médicos y asociaciones de enfermedades raras Castilla-La Mancha, una de las regiones con el cribado más básico, amplió el listado de patologías. “Se ha dado un paso atrás tremendo”, critica Ramón Garrido, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real y jefe de servicio de neonatología del Hospital General de La Mancha. “Parece una decisión de ahorro, pero es incomprensible, porque el coste de detectar estas patologías siempre será menor que el tratamiento de la enfermedad si no se diagnostican a tiempo”, sostiene. Según las sociedades médicas, las pruebas cuestan alrededor de 30 euros por cada patología a estudiar.

Dolores Rubio, directora de Salud Pública de la consejería de Sanidad de Castilla-La Macha, que dirige José Ignacio Echániz —nombrado el fin de semana secretario de Sanidad de su partido—, afirma que la reducción en el número de patologías a localizar no responde a criterios de ahorro y asegura que la ampliación del cribado no era definitiva. “La anterior administración puso en marcha un pilotaje para probar si compensaba ampliar el cribado. Pero nunca llegó a ser algo oficial”, afirma. Rubio insiste en que los informes de coste y efectividad de estas pruebas “no han sido aclaratorios”. “Relacionar esto con la coyuntura económica es erróneo. Castilla-La Mancha detecta las tres más importantes y de mayor prevalencia. La incidencia de estas enfermedades es relativamente básica y hay que valorar la ampliación del cribado en torno a esto”, añade.

Garrido, que es miembro de la Comisión Asesora de Enfermedades Raras, cree que la prueba del talón sí son eficientes. En Andalucía, por ejemplo, en 2010 se diagnosticaron con ella 19 casos de enfermedades metabólicas. Aún no hay datos oficiales de diagnósticos en Castilla-La Mancha, aunque las asociaciones de afectados tienen conocimiento de cinco casos detectados durante el periodo en el que estuvo vigente el cribado ampliado. “Las pruebas son fundamentales. Aunque se localicen pocos casos siempre será rentable”, dice Garrido. Se pregunta, además, sobre qué va a ocurrir con las 70 muestras cuyo resultado fue dudoso y que aún están por confirmar, paralizadas por la suspensión del programa.

La hija de Jesús Meco padece acidemia propiónica, una de las enfermedades consideradas raras que se puede detectar a través de la prueba del talón. Sin embargo, cuando nació aún no se analizaba en Castilla-La Mancha. Por eso, no se le diagnosticó hasta los cuatro meses, cuando ya sufría las consecuencias de la enfermedad. Ahora todavía tiene algunas secuelas. “Si no se diagnostica a tiempo, la mayoría de los niños suelen tener problemas muy graves: daños neurológicos, musculares, retraso mental”, explica Meco, presidente de la Asociación de Errores Innatos del Metabolismo. Por eso, considera “un error gravísimo” la reducción del cribado.

Pero a pesar de las críticas, lo cierto es que Castilla-La Mancha no infringe la normativa. Un portavoz del Ministerio de Sanidad explica que respeta la detección de las dos enfermedades básicas aconsejadas. El resto, lo decide cada región. Para unificar las prestaciones ofrecidas, el ministerio que dirige Ana Mato trabaja en una cartera de servicios básica. “Cuando se apruebe no se podrán reducir prestaciones del listado común, pero hasta entonces es cada comunidad quien decide”, reconoce un portavoz de Sanidad.

Levitin hablaba el martes en la primera de las dos jornadas de una conferencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que se celebra en Moscú y que está dedicada a elaborar una respuesta a las medidas que la UE ha comenzado a aplicar a principio de este año. El evento, en el que participan 32 delegaciones, ha sido calificado como “coalición antieuropea” por el diario moscovita “Nezavísimaya Gazeta”, según el cual “los enfrentamientos sobre las cuotas de las emisiones de los aviones de línea pueden provocar una amplia guerra comercial”. China ha prohibido a sus compañías aéreas ingresar en el sistema de comercio de emisiones europeo. En EE UU preparan una prohibición análoga y en el ministerio de Transporte ruso se inclinan por una decisión parecida, señala el periódico.

Según la agencia Itar-Tass, Levitin dijo que las medidas mercantiles para introducir tasas por la emisión de gases de efecto invernadero y otras decisiones en el campo de la defensa medioambiental deben ser concertadas por las partes tras el necesario consenso en el marco de la OACI. A juicio del alto funcionario, la decisión de la UE atenta contra los principios de la convención de Chicago sobre aviación y se traducirá en un encarecimiento de los pasajes.

Recordó Levitin que Rusia ya toma medidas para rebajar el nivel de contaminación del medio ambiente por parte de los aviones. Como ejemplo, citó la renovación del parque de aeronaves de las compañías aéreas rusas. El resultado, dijo, es que el nivel de emisión de los gases de efecto invernadero por parte los aviones rusos se mantiene a nivel de 2008, aunque el volumen de transporte aéreo desde entonces se ha incrementado en un 40%.

Expertos citados por Itar-Tass afirman que en 2012 las compañías aéreas rusas pagarán entre 20 millones y 25 millones de dólares a la UE por las cuotas y, en el futuro, esta suma aumentará al reducirse el componente gratuito de la cuota (el 85% del volumen de transporte de la compañía en 2010). “Más que pedir la eliminación del único sistema de funcionamiento existente para abordar las emisiones de carbono de la aviación nos gustaría ver que los países que critican a la UE presentan propuestas concretas en el marco de ICAO para una solución global mejor”, ha dicho Soren Liborius, portavoz de la delegación de la UE en Rusia. “La UE ha estado y continúa estando en la vanguardia de los esfuerzos del ICAO para ponerse de acuerdo sobre una acción global”, ha señalado el portavoz, según el cual la legislación adoptada en este asunto no cambiará en tanto no se llegue a un acuerdo global.

La UE lleva más de 15 años intentando lograr un acuerdo mundial para reducir la contribución del sector aéreo a las emisiones de gases de efecto invernadero, sin que haya habido avances decisivos en el marco de la OACI, según los argumentos comunitarios.

La nuclear detectó la avería alrededor de las 21.50 horas del martes y desconectó la central de la red eléctrica siguiendo el protocolo de seguridad, señala el consorcio ANAV que gestiona la central y que deja de facturar unos 600.000 euros diarios por cada jornada que pasa con la planta desconectada.

El fallo se debió a un descenso en el sistema de refrigeración del reactor. Este requiere un fluido constante de vapor para mantener su temperatura de funcionamiento estable en torno a los 316 grados centigrados. Una disminución de los niveles adecuados de esta sustancia puede degenerar en un calentamiento progresivo del reactor que, en último término, podría llegar a descontrolarse.

Para evitar cualquier riesgo, los gestores de la planta iniciaron la parada del reactor para desconectarla de la planta y notificaron al CSN que están investigando las causas del suceso. El sistema reforzó el abastecimiento con energía producida por las centrales hidroeléctricas y la importación de recursos al extranjero para compensar los cerca de 1.000 megavatios que aportaba al sistema el reactor de Vandellós II.

“Es un esquema que se ha adoptado en todo el mundo, en casos similares, y que contempla que cualquier yacimiento que se considere como transfronterizo se explote coordinadamente entre los dos países, y que, obviamente, los recursos que se obtengan de esa explotación se repartan con base, precisamente, a un acuerdo que refleje lo que le corresponde a cada quien”, dijo el lunes, en la firma del acuerdo en Los Cabos, el presidente mexicano, Felipe Calderón. “Con esto, se termina el viejo temor que, honestamente, existía entre muchos mexicanos, de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera”.

Los expresidentes de ambas naciones Bill Clinton y Ernesto Zedillo firmaron en 2000 un acuerdo para delimitar las líneas fronterizas de explotación en las aguas occidentales del golfo de México. Las orientales aún están pendientes de delimitación oficial, dado que el régimen cubano también tiene parte en ellas. Según el Convenio de la ONU sobre el Derecho Marítimo, de 1982, cada nación puede reclamar una zona de explotación económica exclusiva de 200 millas (307,4 kilómetros) desde su línea de costa.

Las aguas del golfo de México son de las más ricas en crudo del planeta. Ahora, el nuevo tratado, bautizado como el Acuerdo México-EE UU Relativo a Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, deberá ser ratificado por los poderes legislativos de ambas naciones. El acuerdo detalla las directrices de explotación de cada nación, tanto por separado como de forma coordinada en aquellos yacimientos que se expandan a ambos lados de la frontera delimitada entre ambos países. Hay en la parte occidental del Golfo un área de 1,7 millones de hectáreas en la que se sobreponen las zonas legítimas de explotación de México y EE UU.

“Estos yacimientos podrían contener reservas considerables que beneficiarían tanto a México como a EE UU, pero no necesariamente se dividen de manera ordenada en la frontera marítima, lo cual podría dar raíz a disputas”, dijo en la firma del tratado la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. “Si hay un yacimiento que se encuentre en ambos lados de la frontera marítima esto hubiera suscitado disputas sobre quién debe realizar la extracción o cuánto extraer. Este acuerdo, firmado hoy, ayuda a prevenir estas disputas”.

La Constitución de México, de 1917, prohíbe la participación de empresas privadas o extranjeras en la perforación de sus yacimientos de crudo o gas natural. Según el profesor Jorge Piñón, expresidente de la petrolera Amoco Oil en América Latina e investigador en la Universidad de Tejas, este acuerdo entre ambos Gobiernos puede abrir la puerta a una modificación de la carta magna mexicana.

“Yo lo veo como un posible caballo de Troya”, explica Piñón en conversación telefónica. “Puede abrir la vía a ese cambio constitucional, porque de momento, solo la empresa gubernamental Pemex puede explotar, por ley, esos yacimientos en territorio mexicano. Si ahora se abre una vía de colaboración con EE UU, puede ser un primer paso a un cambio mucho más amplio. Y eso es importante no solo para empresas privadas en México o para empresas norteamericanas, sino también para la española Repsol”. Pemex tiene un 9,9% de acciones en Repsol YPF. Esta empresa ha comenzado recientemente labores de perforación en aguas cubanas.

El último año del que hay cifras completas, 2010, EE UU importó 1,2 millones de barriles de petróleo diarios de México. Es el segundo país en volumen de exportaciones a EE UU, por debajo solo de Canadá, que le vendió 2,5 millones de barriles diarios. Washington no oculta su voluntad de importar más de esos dos países, para depender menos de otros suministradores como Arabia Saudí o Venezuela.

México es el séptimo productor mundial de petróleo. En ese país, el sector depende totalmente de un monopolio estatal, lo que ha provocado que Pemex solo haya explotado una veintena de yacimientos en sus aguas territoriales del Golfo. México calcula que en ese área se podrían llegar a extraer más de 29.000 millones de barriles de crudo, para consumo interno y para exportación.

Los grupos ecologistas norteamericanos critican que una gran parte de esas 607.000 hectáreas abiertas ahora a explotación comercial se hallen en zonas habituales de paso de huracanes, con el riesgo de vertidos, y que en la parte mexicana sea Pemex la que se vaya a encargar de perforaciones de elevada profundidad (a 10.000 pies, 3 kilómetros), sin tener experiencia en ello. Esa empresa se dispone estos días a perforar un pozo a 9.500 pies (2,8 kilómetros) de profundidad, a solo 35 kilómetros al sur de la frontera con Tejas.

La cita es en la cafetería Oskar, cerca de Callao, cuyo escaparate está forrado con fotos de su oferta de platos combinados. Elige el sitio sin dudar: "Me coge cerca de casa, dan de comer a cualquier hora y cierran tarde". No necesita mirar la carta, quiere lo de siempre, el plato combinado número nueve: chuletón "poco hecho", huevo frito y patatas. "Verás cómo tardan menos de cinco minutos en traerlo". Efectivamente. Dos números nueve vuelan hacia nuestra mesa.

Gallego -nariz angulosa, patillas, tupé- pierde de cerca un poco de la gravedad que le confieren las ondas sumada a una voz envolvente ("parece siempre que voy a soltar un mitin"). Hijo de un físico del CSIC y de una maestra, creció en un barrio de clase media siempre con la radio a cuestas. "Fui un adolescente nervioso, empollón y, durante tres años, muy religioso", sorprende. "Iba a retiros espirituales, busqué en la religión respuesta a preguntas que no las tienen", dice. Y cortado como está se olvida de la comida. "Ahora sería incapaz de tener fe, ni creo ni quiero creer. Es más responsable. Tengo una relación muy beligerante con la Iglesia, pero no con la base".

El locutor -que también es músico; toca la batería- estudió Periodismo, hizo el máster de Radio Nacional, fue guionista de Caiga quien caiga, contrapunto de la presentadora Celia Montalbán en la emisora M-80 o de Pepa Bueno en TVE. Presentó varias maquetas con ideas a Radio 3, ninguna coló. Hace tres años sonó el móvil: "Me propusieron hacer un espacio crítico que recuperara el espíritu de los ochenta, que pinchara la realidad". Y así nació Carne cruda -70.000 seguidores en Facebook-, "que es como un bofetón en la cara, un programa que he sufrido, al que dedico muchas horas y buena parte de mi cerebro, soy obsesivo". El camarero hace amago de retirar el plato, pero el locutor lo frena con un "todavía le voy a pegar un tiento a las patatas...".

Aposta o no, Carne cruda ha captado el espíritu 15-M y se ha hecho su hueco en la parrilla de una emisora que en 2011 tuvo una media de 358.000 oyentes (un 5% más que el año anterior, según el EGM). "El programa tiene un punto de agitación que no había en la radio española, lo más parecido era el Buzón de voz, de Siglo 21 [un espacio en el que los oyentes pueden verter sus reflexiones y exabruptos]", dice el locutor, que empieza cada programa con un ácido monólogo en el que repasa la actualidad. "Ay, qué pena más grande, cómo van a encerar ahora el yate", decía hace unos días de la rebaja de sueldos a los directivos de las entidades intervenidas.

Aunque le gusta incomodar, a Gallego le incomoda señalarse como la voz del activismo. "No he sido activista ni he militado en movimientos sociales", continúa, "pero ser el catalizador de otras voces me satisface y me veo en el papel. Intento reflejar lo que sienten jóvenes, precarios o parados y disparar en todas las direcciones. Lo que pasa es que el micrófono amplifica lo que dices, es una responsabilidad. Aclarado este punto, suscribo todo lo que he dicho".

El asunto se abordará, según fuentes del departamento que dirige Ana Mato, próximamente en una reunión que se celebrará con el Ministerio del Interior. En ella se estudiarán "qué efectivos policiales hay disponibles para la protección de las víctimas de violencia de género".

Mato ha asegurado hoy ante el Pleno del Senado que no descarta la contratación de seguridad privada para las mujeres en situación de riesgo que necesiten protección, algo a lo que se llegaría en caso de que con la reubicación de efectivos policiales no pudieran cubrirse las necesidades existentes en todo el territorio.

Actualmente, según las estimaciones del Sindicato Unificado de Policía (SUP), hay un policía para cada cinco mujeres víctimas de malos tratos en situación de riesgo, que necesitan protección. En torno a 10.000 agentes entre policías y guardias civiles prestan sus servicios como escolta.

Para el portavoz de SUP, José María Benito, la cifra de escoltas policiales disponibles para lucha contra la violencia machista dependerá del baremo que se aplique a la hora de retirar esta protección a quienes ahora disponen de ella.

Se supone que las contracciones las causan iones positivos que entran en las células musculares por medio de pequeños complejos proteicos en la membrana, lo que se conoce como uniones en hendidura, explica la web Physics World. En el útero hay más células musculares que células pasivas (las que las conectan y estructuran) y ya se sabía que las uniones citadas, que acoplan de forma eléctrica los dos tipos de células, se multiplican cuando se acerca el fin del embarazo.

Sin embargo, la relación entre este aumento de la conductividad en el órgano y la aparición de contracciones no estaba clara. Hay que recordar que hasta un 10% de los embarazos terminan de forma prematura debido a la aparición de contracciones, por lo que poder controlar el mecanismo resultaría muy útil.

En el modelo informático desarrollado por Sitabhra Sinha y sus colegas matemáticos en India, junto a expertos franceses, se vio que cuando existen pocas conexiones entre elementos activos (células adyacentes) las oscilaciones en el sistema eran asincrónicas. A medida que aumentaba el número de acoplamientos se observaron grupos de elementos que oscilaban con la misma frecuencia y que llegaron a fusionarse hasta que todos lo hacían, con la excepción de algunas regiones inactivas. En la fase final, todos formaron una única onda, similar a las observadas experimentalmente en el útero de una cobaya.

Como se trata de un modelo, no se puede decir que refleje exactamente la realidad. Para algunos expertos ajenos al trabajo se trata de una contribución muy interesante a la hipótesis de que el aumento de la conectividad eléctrica es lo que da lugar a las contracciones, mientras que otros señalan que faltan elementos por tener en cuenta en el proceso, posiblemente factores biológicos.

“La aparición de contracciones periódicas es seguramente un acontecimiento externo causado por secreciones hormonales”, señala Pik-Yin Lai, de Taiwan. De hecho, una inyección de una hormona, la oxitocina, tarda solo 10 minutos en inducir contracciones. Sinha está de acuerdo en que hay que tener en cuenta los factores hormonales, que está investigando también, pero recuerda que en otros experimentos se vio que cuando se destruyen voluntariamente las uniones en hendidura la inyección no sirve para inducir las contracciones.

Estas oscilaciones, en el caso del útero, tienen una causa distinta de las que mantienen, por ejemplo, el ritmo del corazón, que dispone de unas células especializadas en esta función.

La acusada, conocida como Angie, firmó los contratos con total impunidad durante dos años sin que los empleados se dieran cuenta de que no era la misma persona que aparecía en el carnet de identidad. Ocurre que, en “muchísimas ocasiones”, según declaró uno de las testigos, el parecido entre la persona física y su foto de carnet es relativo.

La abogada de Angie afeó a los trabajadores su escasa diligencia y se aferró a la declaración, discordante, de uno de los siete empleados que pasaron por la Audiencia de Barcelona. Una mujer afirmó que fue Páez quien acudió a contratar un fondo de inversión de 6.000 euros acompañada por un hombre “moreno y de pelo rizado”.

Esos rasgos coinciden con uno de los gigolós “morenos y sudamericanos” a quienes Angie contrató para que eyacularan en un bote de plástico. Tras asfixiar a Páez con una bolsa de plástico, impregnó ese esperma en la vagina y la boca de su víctima para apuntar a un móvil sexual y confundir a los Mossos d’Esquadra. La descripción del joven que se masturbó frente a la acusada la dio el encargado del local American Gigoló, otro de los testigos.

El responsable del local también identificó sin dudarlo a la acusada como la mujer que contrató por 200 euros a los chicos para un servicio que “no era habitual”. La acusada, que también acudió allí con peluca —dice que la usaba para “juegos sexuales”, y no para suplantar a Páez— le explicó que “había hecho una apuesta con unas amigas de que estaría con un gigoló” y necesitaba una prueba. El hombre está fuera de España y no ha podido ser localizado.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2008 en un apartamento de Gràcia. En el primer día de juicio, Angie explicó que ese día viajó a Zaragoza para recoger las cenizas de su madre —que había muerto un año antes— y regresó por la tarde a Barcelona. Por la noche, cuando ocurrió el crimen, buscó un regalo de cumpleaños para su marido, compró yogures en un supermercado y se fue a casa.

Pero los agentes que participaron en la investigación desmontaron su coartada. El rastreo del móvil de Angie la situaba, a las nueve de la noche de ese día, a 300 metros del apartamento donde, horas después, la señora de la limpieza halló el cadáver desnudo de Páez. La expareja de la acusada —que entregó a la policía los documentos originales de la víctima, que Angie había escondido en la cisterna de su piso— afirmó que llegó a casa “nerviosa” alrededor de las 22.30 horas.

Las cartas que los bancos enviaron con el nombre de Páez al domicilio de Molina fueron la primera pista de la policía, que, tras detener a Angie, registró su piso y halló un bote de cloroformo que había usado, supuestamente, para dormir a la víctima antes de asesinarla. El frasco, sin embargo, estaba cerrado y sin usar, detallaron los agentes.

Los autores, del Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona (Imim) y del CIBER de Epidemiología y Salud Pública de Madrid, se propusieron estudiar qué uso hicieron los afectados por gripe A de los recursos sanitarios. Además, calcularon el coste medio por paciente, tanto de los que necesitaron hospitalización como de los que no. España registró casi un millón y medio de casos ambulatorios de gripe A y unas 3.025 hospitalizaciones. En el primer caso, el coste medio por paciente fue de 940 euros. En el segundo, de 6.236 euros.

“Apenas hay estudios sobre el coste de una epidemia de gripe. Se trata de un proceso agudo y es difícil hacer estos cálculos. Hemos querido cubrir ese vacío en la utilización de los servicios sanitarios”, asegura Olatz Garin, una de las investigadoras, que alerta de que sus datos no permiten multiplicar el coste medio por paciente por el número de pacientes para obtener el gasto total. “Hemos hecho un análisis de sensibilidad, con otras variables, que finalmente resulta en un coste en servicios sanitarios de 145 millones de euros y en un coste total, que incluye las bajas por incapacidad temporal, de 257 millones de euros”, explica. Y precisa que se trata de una estimación con margen de error.

El impacto en el ámbito laboral resultó ser muy elevado. Las incapacidades temporales de los trabajadores fueron de 30,5 días de media en los enfermos hospitalizados y de nueve días en los que solo siguieron tratamiento ambulatorio. Un porcentaje muy elevado del coste total (86%) se atribuye a este último tipo de pacientes, mientras que los que acabaron en el hospital solo supusieron el 14% restante del gasto en servicios sanitarios.

“Este estudio ha permitido determinar la utilización real de servicios debido a la gripe A, ya que hasta ahora las evaluaciones se basaban en modelos de datos estimados o simulados”, señala Jordi Alonso, coordinador del grupo de investigación en servicios sanitarios del Imim. “Dado que finalmente la gripe A no resultó tan agresiva como se preveía, podemos decir que estos resultados serían similares a los de la gripe en una situación epidémica normal”, añade. Garin añade que el estudio demuestra que “pese a los temores iniciales de una sobreutilización de los servicios sanitarios, finalmente esta no se produjo”.

El estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y ha requerido la colaboración de un amplio grupo de trabajo para hacer el seguimiento de pacientes con diagnóstico confirmado de gripe A. El grupo que ha hecho esta investigación ya está preparando otro estudio sobre el coste global de la gripe, sumando estos resultados a otros gastos como las campañas de prevención, la compra de vacunas y la pérdida de productividad más allá de la incapacidad temporal.

"Es una lástima porque las expectativas del Hospital de Bellvitge  y del Departamento eran muy altas. Pero esto no debe cerrar las puertas a continuar la investigación en este tipo de soluciones", señaló Ruiz antes de destacar que que este desenlace no frenará seguir desarrollando terapias "innovadoras".

El hospital de Bellvitge informó en un comunicado que los profesionales que conocían al paciente se quedaron "muy consternados" a la espera de que se practique la autopsia forense para aclarar las causas de la muerte. Eufemio García llevaba desde hacía cuatro meses el dispositivo mecánico "sin problemas" y este lunes asistió a la rueda de prensa de presentación de la operación "con total normalidad".

El paciente, sin embargo, sufría desde hacía años una insuficiencia cardiaca avanzada. Las causas de su muerte todavía están por determinar, según fuentes del centro hospitalario .Este ha señalado que, además de sus problemas coronarios, Eufemio García padecía también otras enfermedades.

Después de 40 días ingresado, Eufemio fue dado de alta y se convirtió en el primer paciente en Cataluña que podía hacer vida normal en Cataluña con un corazón artificial que, a diferente de otros dispositivos similares, se había implantado para un largo periodo de tiempo, de al menos tres años.

Se trataba del tercer implante de este tipo que se realizaba en España, después de sendas intervenciones en Madrid y Córdoba. Estas operaciones solo están indicadas para pacientes a quienes no se les puede trasplantar el corazón de un donante.

"Llevo una vida mucho más cómoda y segura", explicó ayer Eufemio. En 1999 sufrió un infarto de miocardio que le provocó una insuficiencia cardiaca avanzada. El paciente tuvo que abandonar su trabajo de policía local en Castellar del Vallès hace 14 años por problemas de corazón. Pese a esta patología, no era candidato a un trasplante de corazón por otros problemas de salud. Finalmente, los médicos optaron por implantarle un corazón artificial.

La intervención se realizó el pasado 23 de noviembre. Después de estar 40 días ingresado, el paciente fue dado de alta con la única prohibición de bañarse en la piscina para evitar daños en la parte exterior del sistema implantado.

El hospital de Bellvitge, centro de referencia que realizó 19 trasplantes de corazón en 2011, lleva años implantando dispositivos mecánicos en corazones, pero se insertan de forma temporal, normalmente para un plazo no superior a un mes, a la espera que aparezca un donante compatible.

El gesto de autoridad de Benedicto XVI, arropado por su primer secretario, el cardenal salesiano Tarcisio Bertone, intenta cerrar, además, una crisis de unidad, propalada en las últimas semanas incluso por altos prelados. “Os exhorto a permanecer siempre unidos a vuestros pastores, como también a los nuevos cardenales, para estar en comunión con la Iglesia. La unidad en la Iglesia es un don divino que hay que defender y acrecentar”, dijo ayer a los 22 nuevos cardenales, sus familiares y los fieles llegados a Roma con motivo del consistorio.

Recibidos en audiencia, el Pontífice se dirigió a cada grupo en su respectivo idioma. Así, saludó “con afecto” al único cardenal español del consistorio, Santos Abril y Castelló, arcipreste de la Basílica Santa María la Mayor. En su mensaje en francés (Francia, el símbolo del laicismo radical europeo), el Papa reiteró que la sociedad actual “atraviesa por momentos de incertidumbre y duda”, e invitó a todos los cristianos “a dar testimonio de ella con fe y coraje”.

La petición de “comunión con la Iglesia”, según Ratzinger, es más necesaria que nunca por las “vicisitudes humanas” del presente. Por eso apeló también a “permanecer serenos” ante cualquier acontecimiento y a “anclarse en la verdad” para “reforzar el sentido de los valores verdaderos”. “En las vicisitudes humanas, a menudo tan agitadas, la Iglesia está siempre viva y presente”, concluyó.

La crisis del catolicismo, agravada sobre todo por escándalos relacionados con el sexo y el dinero, viene de lejos, pero se ha agravado en este pontificado. No son solo problemas doctrinales, que este Papa combatió con energía durante décadas como jefe supremo de la Congregación para la Doctrina de la Fe (así se llama ahora el siniestro Santo Oficio de la Inquisición). También hay disputas de poder en su entorno, muchas veces a campo descubierto. No son nuevas en el Vaticano, pero hacía un siglo que no afloraban con tanta virulencia, incluso en los medios oficiales del Vaticano.

Esta semana pasada, los vaticanistas dibujaban al papa Ratzinger como un hombre “muy solo”, o manipulado por personas de poco fiar. Así se entendió el editorial de L'Osservatore Romano, el periódico oficial de la Santa Sede, que recordaba en primera página el 30° aniversario del arribo a Roma de Joseph Ratzinger y describía al Pontífice como “un apacible pastor rodeado de lobos”.

La metáfora podía apelar a la idea del Pontífice de hace cinco años (su Iglesia como “viña devastada por jabalíes”), pero muchos la interpretaron como una manera de resumir el clima dramático que reina en el Vaticano. De hecho, han vuelto los rumores que hablan de una posible renuncia de Ratzinger al trono de Pedro, algo que no se da en la Iglesia desde el siglo XV, pero que está previsto en el canon 332 del Código de Derecho Canónico. El propio Benedicto XVI asumió esa posibilidad en el libro entrevista Luz del mundo, con el periodista alemán Peter Seewald.

Dijo entonces: “Si un papa se da cuenta con claridad de que ya no es física, psicológica o espiritualmente capaz de ejercer el cargo que se le ha confiado, entonces tiene el derecho y, en algunas circunstancias, también el deber, de dimitir”.

Esta idea, si ha pasado por su cabeza, la desechó ayer con sus palabras, pero no despeja los rumores de crisis de unidad y de autoridad, sobre todo en torno al número dos del Gobierno vaticano, el secretario de Estado cardenal Bertone. Benedicto XVI cerró ayer su homilía pidiendo a los nuevos cardenales que rezaran por él “para que pueda ofrecer siempre al pueblo de Dios el testimonio de la doctrina segura y regir con humilde firmeza el timón de la santa Iglesia”. En todo caso, empieza a hablarse abiertamente de la sucesión, con un cónclave de cardenales electores (ahora 125, con una media de edad de 77 años) nombrados casi a partes iguales por Juan Pablo II y por Benedicto XVI.

El papa alemán aparece en relativa buena forma, salvo por sus problemas de movilidad y un cierto atolondramiento durante sus audiencias privadas. Eso no le impide viajar el mes que viene a México y Cuba y, probablemente en septiembre, al Líbano, y que sean muchos sus admiradores que sueñan con que llegue a la edad de León XIII, el Papa más longevo del Novecientos, que murió a los 93 años.

Una autoridad española presente en el dicasterio del sábado, dentro de la comitiva oficial que presidía en nombre del Gobierno su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayaba ayer esa impresión en el entorno papal. También lamentaba el escaso peso de España en el colegio cardenalicio, ahora con solo dos cardenales en activo en España (los de Madrid y Barcelona, Antonio María Rouco Varela y Lluís Martínez Sistach, respectivamente).

Entre los nuevos purpurados hay un español, Santos Abril y Castelló (Alfambra, Teruel, 1935), pero es funcionario de la curia romana, con el cargo de vicecamarlengo de la Iglesia Romana y arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.

La sentencia no tiene precedentes por su dureza ya que hasta el momento ningún proxeneta había sido condenado a una pena de tanta duración. 30 años de los que solo cumplirá 20, según determina la legislación vigente. Por eso la sentencia recuerda que Clamparu no permanecerá más de 20 años en prisión. El condenado tendrá que indemnizar a las tres testigos protegidas que son mayores de edad con 12.020 euros, mientras que a la menor de edad deberá compensarla con 30.506, pese a que durante el juicio ella renunció a esta indemnización, que solicitó en su nombre la representante de la fiscalía.

De esta forma, los magistrados dan por bueno el relato de la fiscalía en el que se destacaba que en 2000, un año antes de que España facilitara la entrada de ciudadanos rumanos con visado de turista, Clamparu y los integrantes de su banda consiguieron que un número indeterminado de mujeres de esa nacionalidad viajasen hasta España. Tras convencer a algunas de que se les proporcionaría un trabajo en la hostelería o en el servicio doméstico, y concertar con otras que trabajarían en la prostitución.

Una vez que llegaban a España, según la sentencia, les decían que habían contraído una importante deuda con la organización y que debían trabajar ejerciendo la prostitución y entregar la totalidad del dinero recibido hasta saldarla. Para doblegar su voluntad y obligarlas a desarrollar la prostitución "se valían de amenazas y agresiones físicas, les retiraban su documentación personal proporcionándoles otra falsa, las mantenía hospedadas en pisos donde eran controladas continuamente para evitar su fuga y vigilaban estrechamente sus movimientos".

Ioan Clamparu, según el tribunal, dirigía al resto de miembros de la banda, así como a las otras personas no identificadas, distribuyendo las mujeres entre ellos a fin de que las controlasen y recaudasen sus ingresos: "Les indicaba los lugares donde debían ejercer la prostitución, y se reunía periódicamente con ellos para gestionar el trabajo de las mujeres y que le rindieran cuentas sobre lo recaudado".

Asimismo, la testigo protegida Andrea, menor de edad, fue obligada a prostituirse. Tras conocer Clamparu que la menor se encontraba embarazada: "Le requirió para que abortara, diciéndole que en otro caso la mataría, pues de otro modo no podría seguir ejerciendo la prostitución. Ante su oposición a tal intervención el acusado la agredió físicamente para someter su voluntad".

Testimonios decisivos

El fallo de los magistrados destaca la importancia que han tenido las declaraciones de las mujeres que fueron obligadas a prostituirse, especialmente las de Andrea y M. D. F. "Todas ellas declaran que el conocido como Ioan era el jefe del grupo, que repartía las chicas entre los que se encargarían directamente del control personal de cada una, y que éstos le entregaban los ingresos obtenidos". Para los magistrados es "relevante" cómo la testigo Pepa fue objeto de "un sorteo" por parte del acusado, y pese a haber sido asignada a un tal Mihai, el propio Joan decidió mantenerla trabajando exclusivamente para él las dos primeras semanas, "lo que objetiva el papel preeminente que desempeñaba". Por otro lado, el acusado acudió al piso en el que se encontraba Pepa para intimidar a las chicas que allí se encontraban, diciéndoles que no quería tener problemas con ellas y advirtiéndoles lo que les pasaría en caso contrario. Además, Ioan Clamparu es, según la sentencia, la persona a la que se informa del embarazo de la menor Andrea y el que le "coacciona" para abortar. "Hechos todos ellos demostrativos de su jefatura, algo que era una realidad conocida por todas las afectadas".

Las declaraciones prestadas por las testigos y víctimas son "plenamente coincidentes" en cuanto a las condiciones de ejercicio de la prostitución, al control de movimientos padecido, a la violencia empleada, a la retirada de su documentación, a las circunstancia de su transporte a la Casa de Campo, a la vigilancia allí desarrollada, a la imposición del horario, a la obligación de entregar todo el dinero y a la identificación de Clamparu como el jefe de la organización. "Esta coincidencia proporciona un elemento que consideramos muy importante para ponderar el juicio de credibilidad subjetiva que merecen; máxime si se tiene en cuenta que no se conocían entre ellas, con la sola salvedad de Mariana R. y Andrea, por haber coincidido en la misma vivienda; y que todas formularon sus denuncias o prestaron declaración en distintas fechas y en diversas comisarías, cuando consiguen eludir la vigilancia a que estaban sometidas".

Los magistrados resaltan en este punto que todas las mujeres cuentan iguales elementos intimidatorios, pues todas conocen las historias atribuidas a Cabeza de Cerdo respecto de la muerte de otras chicas finalmente despedazadas y una en Mallorca torturada y después atacada por perros: "El propio Ioan relató dichas historias en el piso donde se encontraba Pepa. Estos hechos fueron policialmente investigados, y ciertamente no se pudo constatar su realidad; sin embargo, la circunstancia de su difusión entre todas las mujeres responde a su cometido neta y brutalmente amenazador".

Pero además de los testimonios de las mujeres obligadas a prostituirse, las investigaciones policiales pudieron comprobar y constatar la realidad de estas explicaciones a través de los operativos practicados en la Casa de Campo. Donde detectaron la vigilancia mediante vehículos por parte de personas cuyas descripciones coincidían con las recibidas. Los agentes que llevaron a cabo la investigación explicaron los seguimientos que realizaron a algunos de los vehículos implicados, y que culminón con los registros domiciliarios practicados y las correspondientes detenciones de las personas identificadas en su día por las testigos.

Pero la sentencia le da un varapalo a los profesionales de la clínica en la que se practicó el aborto a la menor de edad. "La Sala no reconoce especial valor a las declaraciones de los tres profesionales de la clínica que acudieron a la vista oral". El doctor M. A. A., psiquiatra del centro y también socio fundador y consejero delegado de la entidad, la asistente social y el ginecólogo que practicó la intervención. "Su testimonio, con toda lógica interesado en no reconocer ninguna omisión o posible negligencia por su parte, no pueda alcanzar más allá de la conclusión de que la menor no expresó ninguna oposición al aborto. Se advierte una relevante contradicción entre la declaración del doctor en la vista oral al expresar que la entrevista con las pacientes se realiza siempre a solas, mientras que en su declaración ante el juez de Instrucción reconoció que a veces "evalúa la posibilidad de que hubiera más personas presentes”...”que no es raro que tengan alguna persona que necesite intérprete”. Algo que resulta compatible con la explicación de la menor en el sentido de que la mujer que le acompañaba intervino en tal concepto.

¿Quién puede estar en contra de la libertad? Pero ¿es realmente así? ¿Cualquiera puede ir a cualquier centro? ¿Qué razones hay para cambiar el sistema actual? ¿Cuáles había para ponerlo en marcha?

La cercanía a la escuela es uno de los criterios principales en casi todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) —27 de 33 miembros fijan el lugar de residencia de la familia y su cercanía a la escuela como elemento fundamental para asignar centro tanto en primaria como en secundaria—. También en las distintas comunidades autónomas españolas. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, de 1985) ya lo recogía como criterio junto a la renta de las familias o la presencia de hermanos en el centro. Y se ha mantenido en las leyes posteriores bajo un axioma: la mejor escuela es la más cercana para evitar el desarraigo o complicaciones en el traslado de los menores. “Es lógico que se prime el centro más cercano porque facilita una vida integrada en el entorno más próximo”, señala Alejandro Tiana, redactor de la LOE y portavoz del Colectivo Lorenzo Luzuriaga. Pero la idea se incluyó con una premisa que no se cumple, que todas las escuelas financiadas con fondos públicos debían tener la misma calidad, como sí ocurre en Finlandia, por ejemplo.

“La cercanía es un criterio universal pero que presenta complicaciones. En Estados Unidos, los padres pudientes se ponen de acuerdo y piden una escuela pública en su barrio que se nutre de vecinos cercanos una vez abierta”, señala José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada e Internacional de la UNED. Y añade: “Un sistema sin zonas puede ayudar a que unos centros tiren de otros, pero la Administración debe vigilar que no haya demasiados que empeoren, dar más capacidad de gestión en los centros y más medios para que el ambiente escolar suba”.

La nueva medida parte con polémica como casi todos los anuncios sobre educación lanzados desde el Gobierno de Aguirre. La oposición política madrileña y dos sindicatos (CC OO y UGT) han puesto el grito en el cielo. Tildan la medida de “segregadora”, “elitista” e incluso “aberrante”. Las asociaciones de padres de centros públicos la rechazan, los de la concertada la ven con buenos ojos.

La forma de optar a un colegio ha sido estudiada también internacionalmente. Uno de los últimos informes de la OCDE, Equidad y elección de centro, busca fijar cómo combinar el derecho de los padres a elegir con el imperativo social de la igualdad. Según el informe, elaborado por Pauline Musset, la libertad de elección no muestra grandes evidencias positivas para la evolución de los centros pero sí se ha detectado una negativa: la segregación.

Y un pasó más. La elección de escuela, dice este organismo, incluye otros riesgos. Hay familias más propensas a ejercitar la libertad de elección que otras: aquellas con más dinero y más estudios. “Los padres con más nivel educativo tienen las herramientas y la capacidad social de elaborar una estrategia más efectiva para llevar a sus hijos a las escuelas preferidas”, señala el estudio. La OCDE sugiere que el modelo de libertad de elección de centros necesita arreglos y correcciones para favorecer a familias de bajos ingresos, a los que hay que facilitar más información que al resto. En caso contrario, “la introducción de mecanismos de elección en las escuelas puede dar lugar a la segregación y a más desventajas para los que están en peor situación”.

Madrid, de momento, está pendiente de la implantación del nuevo modelo y no habla hasta la fecha de habilitar mecanismos de compensación, como los que tuvieron que aplicar otras zonas. En Holanda, por ejemplo, el sistema funciona con un cheque por alumno. Las escuelas reciben más fondos si matriculan alumnos con familias menos formadas. Los centros escolares donde hay más equilibrio entre este tipo de alumnos y el resto tienen hasta un 58% más de plantilla de profesores y más personal de apoyo.

En Chile, tras certificar que la libertad de elección segregaba a los alumnos, se corrigió el sistema con unos cheques que son un 50% más altos para estudiantes de familias con bajo nivel socioeconómico. La OCDE asume que ese tipo de correcciones pueden mitigar las diferencias y la segregación. Y añade una idea más: no existen evidencias robustas de que la competición entre los centros les haga mejorar. El rendimiento académico, señala el informe volviendo al ejemplo de Holanda, no mejora porque las escuelas no compiten por un sistema de calidad académica, sino por elementos secundarios para atraer a las familias, como programas de deportes, música, mejores instalaciones... “Solo pocos estudios encuentran una relación entre aumentar la libertad de elección y mejorar los resultados académicos”, prosigue Pauline Musset. “Y cuando aparecen, los efectos son tan pequeños y no siempre significativos estadísticamente, en parte debido a dificultades metodológicas”.

El Gobierno regional madrileño defiende que el sistema, que convertirá a la región en un distrito único educativo como ya ocurre a nivel sanitario, evitará algunos excesos, como la picaresca de las familias que declaran una residencia distinta de la real para entrar en el colegio elegido.

También aluden a mejoras para aquellos con menos recursos. “Los que viven más lejos en los barrios menos desfavorecidos podrán elegir”, dijo Aguirre en la Asamblea de Madrid. La zona ya no será determinante, cierto, pero habrá otros componentes definitivos. Tener hermanos supone hasta ocho puntos de un máximo posible (cumpliendo todos los requisitos) de 20,5. Tener un antiguo alumno en la familia también puntúa. “Esa fórmula tiende a reproducir la clientela de los centros de élite, que van a tener más fácil acoger a esas familias”, añade Alejandro Tiana. “Si en lugar de por hermanos, se hubiera fijado por rentas, habría más oportunidad para todos”. Los ingresos pesan menos en el nuevo baremo madrileño.

“Es beneficioso para que la concertada pueda hacer selección de estudiantes, es la concertada la que siempre han reclamado el distrito único”, dice Virgilio Gantes, vicepresidente de CEAPA, portavoz de las asociaciones de padres en los centros públicos.

Uno de los institutos más demandados de Madrid es el Ramiro de Maeztu. La directora de este centro público, Coral Báez, está a favor de eliminar las zonas. “Son cambios lógicos que no sé hasta qué punto podremos asumir”, explica. “Un centro con una sección de alemán como el nuestro no debería ser solo para una zona de la ciudad, debería abrirse al resto”.

El 80% de las familias, según estimaciones de la Consejería de Educación madrileña, elige su colegio por proximidad. Para el profesor David Reyero, esto significa que la cercanía es tan determinante que puede crear guetos. “Es la máxima de que cuando uno compra una casa, compra una plaza de colegio”, señala el profesor de Pedagogía de la Universidad Complutense y miembro de un grupo de análisis sobre la libertad de elección de centro. “No habrá muchos padres que elijan cambiar”, predice Reyero, que augura un impacto mayor en zonas limítrofes, de un barrio al de al lado, de una calle a la siguiente en un mapa con unas 2.000 zonas diferentes. En Pinellas Country, en Florida, hubo una gran reacción de los padres en 2003 cuando se eliminó el requisito geográfico. El cambio de centro pasó del 8 al 33% de primaria a secundaria. En Dinamarca, también sin zonificación, apenas el 9% de los estudiantes elige ir a escuelas diferentes de las locales.

Más allá de cómo reaccionarán los padres, la pregunta es cómo lo hará la Administración o cómo afectará al sistema. Aguirre, promotora de exámenes generales y clasificaciones de centros, considera así el distrito único: “Es un instrumento extraordinario para que veamos qué tipo de educación quieren los padres y nos adaptemos”. Es decir, los centros competirán entre sí por el favor de las familias.

La OCDE considera que hay dos posturas ideológicas opuestas a la hora de fijar los criterios de admisión de alumnos. Habla de programas universales y específicos. Los primeros se fundamentan en el argumento liberal de que los padres tienen el derecho a elegir el colegio para sus hijos y de que la introducción de mecanismos de mercado mejora la eficiencia de los sistemas escolares. “Un colegio debería rendir cuentas a los padres como una empresa, lo contrario parece una casta de intocables”, señala en esta línea Luis Carbonel, presidente de Concapa, portavoz de las familias en la concertada.

El otro modelo, el específico, fija su atención en los alumnos que parten con desventajas familiares o socioeconómicas a los que hay que respaldar por encima del resto. Darles opciones les permitirá beneficiarse de mejores escuelas y contribuirá a una sociedad más igualitaria y cohesionada, según la OCDE. Madrid, laboratorio en España de este nuevo modelo, dispone de dos años para observar y corregir el sistema que ha elegido para sus alumnos si quiere que sea ventajoso para todos.

Estados Unidos era un país profundamente optimista en términos sociales. Hace tan solo unos años, algunas encuestas indicaban que un 30% de los ciudadanos se consideraba perteneciente al 10% más rico. Hoy, según una reciente encuesta del Centro Pew, un 69% —19 puntos más que en 2009— de los norteamericanos —especialmente entre blancos de ingresos medios— piensa que el conflicto entre clases es la mayor fuente de tensión en su sociedad, claramente por encima de la fricción entre razas o entre inmigrantes y estadounidenses. George Soros, en una entrevista en Newsweek, habla de la “guerra de clases que está llegando a EE UU”. En muchos casos, sin embargo, se confunde conflicto entre clases con conflictos entre ricos y pobres.

Pues la tensión se da entre ricos y pobres o, por precisar, entre muy ricos y muy pobres. El movimiento Ocupa Wall Street y otros centros urbanos se presentan como la defensa del 99% frente al 1% más rico (que en realidad es aún menor). Y es que la desigualdad ha crecido en EE UU y, con ella, como recogía un reportaje de The New York Times, la movilidad social se ha reducido en ese país, debilitándose así la idea de la sociedad de oportunidades.

El filósofo esloveno, marxista (o, más precisamente, como le ha gustado definirse, leninista-lacaniano), Slavoj Zizek, en un artículo en The London Review of Books, aborda este tipo de protestas. “No son protestas proletarias”, señala, “sino protestas contra la amenaza de convertirse en proletarios”. Y añade: “La posibilidad de ser explotado en un empleo estable se vive ahora como un privilegio. ¿Y quién se atreve a ir a la huelga hoy día, cuando tener un empleo permanente es en sí un privilegio?”.

Zizek habla del surgimiento de una “nueva burguesía”, que ya no es propietaria de los medios de producción, sino que se ha “refuncionalizado” como gestión asalariada. “La burguesía en su sentido clásico tiende a desaparecer”, indica. Resurge como un “subconjunto de los trabajadores asalariados, como gestores cualificados para ganar más en virtud de su competencia”, lo que para el filósofo se aplica a todo tipo de expertos, desde administradores a doctores, abogados, periodistas, intelectuales y artistas. Cita como alternativa el modelo chino de un capitalismo gerencial sin una burguesía.

Como señala el economista Michael Spence en Foreign Affairs, los efectos de la globalización en las sociedades occidentales han sido benignos hasta hace una década. Las clases medias y las trabajadoras de las sociedades desarrolladas se beneficiaron de ella al disponer de productos más baratos, aunque sus sueldos no subieran. Pero a medida que las economías emergentes crecieron, desplazaron actividades de las sociedades industrializadas a las emergentes, afectando al empleo y a los salarios ya no solo de las clases trabajadoras, sino de una parte importante de las clases medias, que se sienten ahora perdedoras de la globalización y de las nuevas tecnologías. Ya se ha hecho famosa la pregunta de Obama a Steve Jobs, el fundador de Apple, cuando en febrero de 2011 le planteó por qué el iPhone no se podía fabricar en EE UU. “Esos empleos no volverán”, replicó Jobs. La respuesta no trató solo de los salarios, sino de la capacidad y flexibilidad de producción.

El crecimiento de la desigualdad de los últimos años no es algo únicamente propio de EE UU, sino de casi todas las sociedades europeas, incluida España, a lo que contribuye el crecimiento del paro y se suma la creciente sensación de inseguridad que ha aportado la globalización. Hoy se sienten perdedores de la última fase de la globalización, de la crisis y de las nuevas tecnologías no solo las comúnmente llamadas clases trabajadoras, sino también las clases medias en EE UU y Europa.

Las sociedades posindustriales se han vuelto menos igualitarias. De hecho, EE UU vive su mayor desigualdad en muchas décadas. El sociólogo conservador estadounidense Charles Murray, en su último libro, Drifting apart (Separándose), ha llamado la atención sobre cómo en su país hace 50 años había una brecha entre ricos y pobres, pero no era tan grande ni llevaba a comportamientos tan diferentes como ahora. Los no pobres, de los que hablaba Richard Nixon, se han convertido en pobres. Aunque para Murray la palabra “clase” no sirve realmente para entender esta profunda división. Murray ve su sociedad divida en tribus; una arriba, con educación superior (20%), y una abajo (30%). Y entre ellas hay grandes diferencias de ingresos y de comportamiento social (matrimonios, hijos fuera del matrimonio, etcétera).

Otros añaden la crisis que en ambos lados del Atlántico están atravesando las clases medias. Refiriéndose a Francia, aunque con un marco conceptual que se aplica perfectamente a otras sociedades como la española, el sociólogo francés Camille Peugny, en un libro de 2009, alertó sobre el fenómeno de “desclasamiento”, un temor a un descenso social que se ha agravado con la crisis que agita no solo a las clases populares “que se sienten irresistiblemente atraídas hacia abajo”, sino también a las clases medias “desestabilizadas y a la deriva”. El desclasamiento, generador de frustración, se da también como un factor entre generaciones.

Y tiene efectos políticos. Según Peugny, los desclasados tienden a apoyar el autoritarismo y la restauración de los valores tradicionales y nacionales. Producen una derechización de la sociedad, frente a una izquierda que sigue insistiendo en un proceso de redistribución de la riqueza y las oportunidades que ya no funciona. Está claro que, en Francia, una gran parte del voto al Frente Nacional de Marine Le Pen, que le come terreno a Sarkozy, proviene de lo que tradicionalmente se llamaba clase obrera. O, ahora, de esa nueva clase en ciernes que algunos sociólogos llaman el precariado, pues las categorías anteriores ya no sirven.

En otras sociedades pueden darse otras reacciones. Así, en la Grecia castigada, las encuestas muestran que tres partidos de extrema izquierda (Izquierda Democrática, el Partido Comunista y Syriza) suman entre ellos 42% de la intención de voto, mientras los socialistas del Pasok (8%) se han derrumbado y Nueva Democracia domina el centro-derecha con un 31%.

Por primera vez en estos últimos años, la globalización, con el auge de las economías emergentes, especialmente China, está afectando no ya a los salarios de la clase baja, sino también a los empleos y remuneraciones de las clases medias de las economías desarrolladas. También con consecuencias políticas. Francis Fukuyama, que se hizo famoso con su artículo sobre “el fin de la historia” y el triunfo de la democracia liberal, ahora, en una última entrega sobre “el futuro de la historia”, también en Foreign Affairs, se pregunta si realmente la democracia liberal puede sobrevivir al declive de la clase media. “La forma actual del capitalismo globalizado”, escribe quien fuera uno de sus grandes defensores, “está erosionando la base social de la clase media sobre la que reposa la democracia liberal”. Tampoco hay realmente una alternativa ideológica, señala, pues el único modelo rival es el chino, “que combina Gobierno autoritario y una economía en parte de mercado”, pero que no es exportable fuera de Asia, afirmación que resulta cuestionable. Pero coincide con algo de lo que vienen alertando también otros intelectuales, como Dani Rodrik, que plantean ya abiertamente dudas sobre las virtudes de la globalización en su actual conformación.

En la dialéctica de toda la vida unos creen que es la sociedad quien decide el valor de los individuos y otros que son los individuos quienes perjudican a la sociedad. La política penitenciaria en Estados Unidos cree que debe aislarse y hasta eliminar al sujeto que daña a la comunidad mientras en España, por ejemplo, la doctrina es que son unas malas condiciones sociales quienes lo malean y, en consecuencia, la culpabilidad ha de buscarse en la organización social. Con la primera idea los individuos merecen la pena de muerte y con la segunda merecen la oportunidad de su reinserción.

¿Fue la codicia y la ignominia de los agentes financieros quienes desencadenaron esta gran crisis o fue el sistema neoliberal quien arrolló los pilares que habían proporcionado estabilidad y prosperidad durante más 10 años seguidos? Lo cierto es que una y otra juntas se sintetizan en una época donde la insignia viene a ser el low cost. Un bajo precio de las cosas unida a su mala prestancia, una corta obsolescencia de los artefactos debido a su deliberada fabricación sin rigor. Y, en paralelo, una corta duración de las amistades, los amores, los vínculos que a su brevedad suman la propensión a la avería.

Igualmente, una a una, las personas inmersas en esa atmósfera poco limpia también ellas se manchan o contagian de algún hollín moral y no se trata solamente de que parezcan más egoístas, menos dignos o de pobres conocimientos, sino que fallan como escopetas de feria en una proporción seguramente coherente con la lasitud de la feria en general.

Un ejemplo significativo que salió hace poco a flote fue la vergonzosa conducta del capitán del Costa Concordia, que abandonó el barco sin cumplir con sus deberes para el salvamento del pasaje. No todos los capitanes han perdido la honra, pero miles de políticos y empresarios han dejado de lado la honradez. Ni parece que haya leyes eficaces para evitar que la sociedad se degrade como pedía Aristóteles en Ética Nicomáquea, ni los preceptos religiosos que armaban la conciencia interior de los creyentes, son cosas de un tiempo donde la relajación hace negocios por todas partes, desde los conciertos a los gimnasios, desde las sesiones de masaje a la medicina natural.

El episodio del Costa Concordia podría ser, exagerando, la metáfora de un naufragio de la condición actual de las personas. No todo el mundo es malo pero muchos han contraído el mal. No va a terminarse el mundo, pero cuando se trata de esta coyuntura financiera casi nadie duda en referirse al “borde del abismo” o al Apocalipsis de san Juan.

A la inmoralidad esencial del sistema económico se añade la carga de la débil moral cívica o personal. Una se encarama en la otra y trabadas se hunden en un momento en que cumplir con la palabra, comportarse con dignidad, respetar a los demás y a sí mismo ha ido perdiendo importancia.

La pérdida de importancia de la integridad es la pérdida de importancia del mundo (y de lo inmundo). Frente a la justicia la lenidad, frente a la honradez la trampa. El peso que han perdido hoy casi todos los objetos conocidos, desde el teléfono a la máquina del tren, se corresponde con la ligereza en que se tienen las categorías que antes pesaban tanto. Pesaban tanto como para cimentar una personalidad respetable y contaban tanto como lo que ahora, como un patrimonio raro, se llamaba la reputabilización.

Se llamaría así, dentro de lo económico, a la confianza que hoy, excepcionalmente, posee un banco o un político. Pero, en general, la reputación fue una condición que hace medio siglo decidía el destino común y sobreentendido de las relaciones, privadas o colectivas.

Una malla con agujeros

Si la irresponsabilidad ha sustituido en buena medida al sentido del deber, la especulación ha hecho lo mismo con el sentido del crédito. No hay producción en la especulación como no hay asiento en la firme personalidad del otro. De ello se deduce una malla social que se agujerea o deshilacha fácilmente y de cuyo desarreglo brotan los individuos tarados. Tipos incapaces de responder ante su extraviada conciencia y sin su sanción, sin acuerdo civilizado la comunidad se desciviliza o, justamente, se envilece.

Esta gran crisis puede llegar a ser, por tanto, una crisis de civilización. A la degradación general de los materiales, la mala calidad de los tejidos, la calculada obsolescencia de los aparatos o la artificial elaboración del pan, sigue, en coherencia, la pérdida de consistencia en las personas. ¿Cómo no pensar, pues, que si el sistema ha colapsado es por efecto de sus materiales revenidos y los defectos de su infame construcción?

Bien, admitámoslo como hipótesis: las gentes de ahora son de peor calidad que las de antes. Pero ¿por qué? Una explicación darwiniana vendría a exponer que ese peor no es otra cosa que una nueva cualidad para sobrevivir en la actual realidad del medio.

Físicamente, cabría decir que una persona íntegra (entera) se aviene mal con un mundo complejo (no integrado) y fraccionado. La gente no sería de este modo peor en sentido absoluto sino que la notaríamos desigual con el paso del tiempo.

La buena persona o la persona honrada, se caracterizaba porque alteraba poco o nada su composición y a esto lo llamábamos ser fiel a sus principios. Poseíamos un retrato de ella y el retrato constituía su único y fiable repertorio. Un retrato de ese “de cuerpo entero” puesto que era así como se definía al ser ejemplar: “un hombre o una mujer de cuerpo entero”, “un hombre o una mujer de la cabeza a los pies”.

La honradez perfecta amazacotaba el valor (tanto como amazacotaba la miga del pan candeal) hasta hacer una sola pieza uniforme. Seríamos acaso diversos en el carácter, pero seres con alma de oro macizo. Un búnker metálico-moral que precedería al plástico capitalismo de consumo proclive a la flexibilidad.

Los dos factores importantes del sistema de consumo, la novedad y la flexibilidad, el fraccionamiento y la adaptabilidad se oponen a la integridad y la inalterabilidad. Todo ser compacto pesa más e incluso repitiendo su ser se hace mostrenco. Un modelo, tótem en la cultura tradicional, inservible hoy en la cultura del cambio.

La máxima de ser igual a sí mismo, base de la honradez, será opuesta a la novedad sin tregua. Individuos y objetos dejan de ser indivisibles y se hacen transformers ya sea en las relaciones personales, en las laborales o en las morales. La consideración positiva que se confiere a la innovación en todos los ámbitos es consecuente, por tanto, con la inconsecuencia de las personas. Es decir, a su inestabilidad antes que a la permanencia de sus principios básicos.

Las que vemos pues hoy como personas de mala calidad, gentes que, como los objetos, no mantienen su composición deviene en la imposibilidad de fijar en ellas la confianza, y hace obsoleta o la fidelidad. Son el efecto, en suma, de la movilidad incesante que exige la supervivencia. Para todos y para todo.

La paz y las tías

Pero ha de haber alguna explicación más. Las buenas personas fueron la base de nuestra paz. Ahora parece que ese tipo de gentes se han quedado ociosas o demediadas; y día tras día cuesta tropezar con este género de cuya actitud derivaba una bonanza casi vecinal. Podía confiarse en las buenas personas como soportes a través de cuya emulación se sanaba por contagio. Esos pilares actuaban, además, con la mayor naturalidad y era precisamente su real benevolencia, su capacidad de perdón y su asistencia la que decidía el relativo bienestar de los pueblos.

No era necesario que numéricamente fueran legión, pero eran relativamente tantas que constituían una atmósfera o un dominante olor. Tías, antiguas compañeras, primas... Casi siempre estas buenas personas coincidían con ser mujeres, pero también había algunos y principales hombres buenos que en frecuentes ocasiones cumplían como alcaldes, notarios, médicos o abogados que nos ayudaban generosamente y nos asesoraban bien. La pérdida o la fuerte reducción de las buenas personas ha dejado por tanto al grupo social enflaquecido o deshilvanado porque estas gentes en las que convergían muchos otros actuaban como una hilación dentro de cuyo círculo vivíamos más confiados y liberados del inevitable temor de cada relación.

Hace muchos años, cuando no teníamos la televisión, los videojuegos, los vídeos, el cine y hasta la radio, los adultos y los ancianos se distraían mirando a la gente pasar. Los balcones con vistas a la calle mayor, las terrazas de los cafés, las ventanas que daban al paseo o, en general, todo puesto que permitiera contemplar el discurrir de los vecinos eran claramente apreciados.

De la observación y el comentario había, claro está, buenos y malos especialistas. Ojeadores pacientes que con su finura ataban cabos y ligaban historias secretas. Y comentaristas con liderazgo que, en frecuentes ocasiones, lograban difundir sus consideraciones y elevar sus conclusiones a categoría.

Las personas se entretenían así con las personas. Las personas se entretejían así con las personas. Se constituía así un genuino tejido social porque lo excitante consistía en hilar de modo tan fino y audaz como para hacer pasar el hilo argumental de la escena callejera a la escena hogareña y sus ocultos entresijos. Numerosos libros se escribieron a partir de este mínimo punto de vista entre visillos, pero lo importante fue, sin duda, la gigantesca biblioteca romántica (trágica o cómica) que numerosas personas, sin otros medios de distracción, obtenían de otras personas transformadas en actores de películas, novelas o cuentos en vivo.

¿Se amaba la gente más entre sí? No es seguro. Sí resultaba, no obstante, cierto que se necesitaban más. Más en casi cualquier aspecto, desde la sanidad a la compañía, desde la admiración a la envidia, desde la investigación al entretenimiento. Y dependían entre sí mucho más para brindar contenido a las múltiples horas del día y su particular modo de ponderar al personal.

De hecho, las personas se dividían entre las que demostraban fundamento y las que no, siendo la fundamentación igual a la cimentación y la cimentación sinónimo de un arraigo en lo cabal.

En coherencia, el linaje significaba un arraigo en la historia de la herencia familiar. La sangre provenía de arriba como de un manantial que se derramaba desde el cielo y traspasaba la historia a través de los cuerpos bañados por su corriente.

Las familias se desplegaban en el tiempo y los abuelos veían en sus nietos una continuidad vertical que provenía desde sus ancestros y se hundía en la tierra siempre prometida y comprometida ¿Qué ocurre sin embargo ahora? El conocimiento no recibe una inspiración vertical y honda a la manera de los libros, sino que el saber procede de las superficies de las pantallas, de los panoramas de los viajes, de las fachadas de los edificios.

Igualmente, el linaje puro y vertical se reemplaza por la mancha en horizontal. Las familias no trazan una línea de descendencia sino de evanescencia por cuya realidad el valor vuela, se pierde o se transforma. Lo sagrado pesa, es tabú, es débito a la probidad y la honra. Lo laico, poco a poco, tiende a desarticularse, gana velocidad y se deshace en aguas tan libres como turbulentas.

 A decir de Carlos Dívar en su declaración en el Congreso, hay en todo este asunto “descalificaciones interesadas” y percibe “constantes críticas a las resoluciones y actuaciones judiciales”. “Esa deslegitimación constante de una institución clave en el Estado de derecho como es el Poder Judicial, lejos de fortalecerla, produce unos efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación”, añadió.

Que las críticas son constantes es palmario. Que sean descalificaciones interesadas es un argumento de ida y vuelta, porque del mismo modo consideran muchos ciudadanos las sentencias judiciales. La politización de la justicia y la judicialización de la política son dos asuntos repetidos.

Volvamos a los puntos de acuerdo: la crítica es legítima. “Por supuesto que lo es, desde el respeto indiscutible de la libertad de expresión, pero algunos políticos sobrepasan esos límites y hacen graves ofensas personales a miembros de la judicatura y, superados determinados límites, se rozan los umbrales de lo punible, la calumnia y la injuria. Cuando se reacciona ante las críticas es por la gravedad de las mismas, y eso también es legítimo”, defiende el portavoz popular de Justicia en el Congreso, José Miguel Castillo. También reaccionan los jueces por otros motivos. Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura opina que “el poder judicial sí admite las críticas sobre el contenido de sus resoluciones”, pero las que “ofrecen un planteamiento jurídico alternativo. Lo que no se admite es que se desacredite la institución con argumentos que no son jurídicos, sino que responden a posicionamientos ideológicos”. Cree que la ciudadanía “opera con elementos mucho menos nítidos que los que maneja el tribunal, y por eso, por no tener toda la información, la decisión final no se entiende. Lo ideal sería que los jueces y los medios de comunicación fueran capaces de trasladar correctamente todos los datos que ha tenido en cuenta un juez o tribunal a la hora de tomar una decisión”.

Es cierto que los medios de comunicación presentan lo acontecido en las largas sesiones de tribunales a veces de un modo incompleto, sesgado y erróneo. Titulares como Absuelto el violador... no ayudan a una reacción templada en la calle. O es violador o ha sido absuelto. Pero, aun habiendo participado del total del juicio, el ciudadano medio no tendría la capacidad de reflexionar como lo haría un juez, ni de operar como un cirujano, lo que no impide que perciba que hay sentencias que el sentido común no entiende. Lo expresó así Emilio Olabarría, jurista y diputado del PNV en el Congreso: “La justicia emana del pueblo y lo que no puede la Administración de justicia es permitirse la licencia o el lujo de provocar que el pueblo —en cuyo nombre se imparte o se ejerce esta noble función— sufra permanentes convulsiones”.

Y lo remató otro diputado, de ERC, Joan Tardá, dirigiéndose así a Dívar: “La percepción general que tiene la ciudadanía respecto a ustedes, incluso respecto de la Administración de justicia, es que es lejana, muy lejana; perversamente politizada; excesivamente endogámica y corporativa”.

Corporativa parece expresión suave. Entre los entrevistados para elaborar esta información se repite de continuo la palabra casta. La casta de los jueces. Que tiene su origen, explican algunos, en el propio proceso de acceso a la carrera judicial. “El sistema de selección de los jueces genera una sensación de poder y un alejamiento de la realidad que tendrían que atajarse”, opina el fiscal Félix Pantoja, exvocal del Consejo General del Poder Judicial. “Cuatro o cinco años estudiando las oposiciones, memorizando, aíslan del mundo y ayudan a formar ese sentimiento de grupo singular, diferente, que puede dar lugar a un corporativismo que lleva a no sentirse funcionario al servicio de los ciudadanos. De hecho, algún juez se ofende cuando le llamas funcionario”, dice. Todo ello, asegura, “está relacionado con la poca tolerancia a las críticas” de los togados.

Acato y respeto son otras dos palabras a las que también están acostumbrados los jueces, por boca de los políticos, que las repiten como letanía cuando se produce una sentencia, guste o no. A veces se escucha, acato pero no respeto. En las aguas turbulentas de los últimos días sonaron bien distintas las declaraciones de Gaspar Llamazares: “Ni acato ni respeto”. Se refería a la sentencia condenatoria para Garzón. Es, quizá, el que más lejos ha ido, al analizar esa “casta” de los jueces. “La crisis del parlamentarismo, tan cuestionado por los ciudadanos, es también la de la justicia. En situación de crisis, como la actual, los jueces están apareciendo como poderes impotentes y soberbios, a más impotencia, más soberbia... Esa unanimidad en las sentencias en temas políticos demuestra soberbia, a no ser que estén intentando dar lecciones al mundo”, señala Llamazares.

Y dice más: “El poder judicial en España no se ha dejado permear por la democracia como ha ocurrido con los otros poderes. Es refractario a la sensibilidad social, incluso se vanaglorian de ello. Son una casta conservadora y endogámica. Y eso parte del mismo proceso de formación y selección”, opina.

Durante mucho tiempo, el pueblo español acató sin rechistar lo que emanaba de una suerte de santísima trinidad omnipotente: el cura, el maestro, el guardia civil. El juez estaba un escalón más arriba: media vida dependía de una sola decisión suya. O la vida entera. Los maestros saben bien cómo ha dado la vuelta esa tortilla. Son hoy un colectivo cuestionado por las familias hasta extremos, a veces, de difícil comprensión o de nula justificación. La Iglesia ha manifestado en alguna ocasión que sus efectivos se sienten perseguidos. De la Guardia Civil podría decirse que el ciudadano ya sí sabe con quien está hablando. ¿Y los jueces, qué ocurre con ellos?

“Aunque la composición de la carrera judicial ha ido cambiando, aún sigue existiendo un fuerte espíritu corporativo que podría influir en que a veces no se acepten con normalidad las críticas fundadas”, empieza José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Pero matiza: “A veces, de las críticas a resoluciones judiciales concretas se pasa a la deslegitimación de la institución, o al ataque personal a alguno de sus miembros, lo que no es aceptable. En ocasiones se cuestionan sin razón sentencias ajustadas a derecho. El ciudadano ve cómo se absuelve a alguien porque una determinada prueba ha sido declarada nula. Se anticipa en los medios su culpabilidad y luego la ciudadanía no entiende que no sea condenado, cuando la presunción de inocencia así lo exige. Creo también que habría que hacer un mayor esfuerzo de pedagogía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este y los anteriores, ha fracasado en su política de comunicación”.

A vueltas con el caso Garzón, el CGPJ, en un comunicado advirtió que consideraba “de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo (...) lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho”. Para el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, “existe un alto grado de corporativismo en muchos colectivos, inicialmente legítimo, pero cuando es excesivo es un grave problema del sistema democrático. Entre los jueces este corporativismo se da en una dosis muy considerable. Probablemente los ciudadanos perciben que el colectivo está muy alejado de la realidad social”.

¿Puede o debe ser la justicia el único poder del Estado inatacable, no sometido a control ni a crítica? Ramón Sáez, juez de la Audiencia Nacional, opina: “Acatar no forma parte de la gramática de la democracia. Las decisiones judiciales deben someterse a la opinión pública. ¿Nos interesan las opiniones disidentes o queremos hacerlas desaparecer? Los jueces, los juristas, los técnicos, no tienen el monopolio de lo justo. Cuando se habla de acatar y respetar las sentencias se parte de una cultura que proviene de la dictadura, impropia de sociedades abiertas. Los jueces se deben a la ciudadanía, y sus decisiones deben confrontarse en el espacio público para ver así si son justas o no. Las críticas deben ser, al menos, escuchadas”.

“Con el debido respeto para Roma, no tiene nada que ver con la candidatura de Madrid. No es lo mismo empezar un camino que llevar dos candidaturas a la espalda, con las consiguientes inversiones”, entiende el presidente del Comité Olímpico Español (COE) y de la candidatura, Alejandro Blanco. “Se ha hecho un gran trabajo en 2012 y 2016, hemos cogido lo bueno de esos dos proyectos, escuchado al Comité Olímpico Internacional (COI) y cambiado lo que creíamos que podíamos mejorar, como dos subsedes que no contaban con conexión al AVE”, zanja.

“Son casos distintos, Madrid ya cuenta con el 80% del proyecto realizado, la inversión necesaria será pequeña y tendrá un retorno en empleos y beneficios incalculable”, subraya la alcaldesa, Ana Botella. “La mínima inversión es la que exigen los estadios y recintos deportivos, lo que de verdad cuesta es mejorar las redes viarias, la capacidad hotelera... En ese sentido, Madrid tendrá prácticamente que prolongar dos líneas de metro”, sentencia Raúl Chapado, director general de Deportes de la candidatura madrileña —ya estuvo en la de 2016—, que el 23 de mayo afronta el primer examen. Fuera de juego Roma, junto a la capital española se la juegan Bakú (Azerbaiyán), Doha (Catar), Estambul (Turquía) y Tokio (Japón). Habitualmente alguna cae en esa primera criba, pero las cinco podrían pasar a la ronda final.

“El esfuerzo merece la pena”, insisten desde todos los estamentos implicados. “La postura del Gobierno está clara: el Consejo de Ministros mostró su apoyo a la candidatura el 27 de enero y su compromiso con las garantías que exige el COI”, se apunta desde el Consejo Superior de Deportes.

Madrid 2020 calcula que los Juegos generarían unos ingresos directos de 1.400 millones. La inversión pública solo en sedes deportivas ascendería a 1.586 millones, a los que habría que sumar otras infraestructuras (metro, tren, carreteras, etcétera). Desde el inicio de la carrera el pasado junio hasta el pasado martes, la candidatura ha gastado 2,95 millones de euros. Desde el martes hasta septiembre de 2013, espera emplear 26,82 millones más. En total, 29,77 millones de euros, de los que el 38% saldrán de fondos municipales (11,47 millones).

“Apoyamos la candidatura con condiciones, pedimos austeridad, pero hay que presentarse porque consideramos que la relación gastos-beneficios será favorable”, reflexiona el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky. “Además, la familia olímpica suele tener muy en cuenta la perseverancia. Sidney salió en 2000, a la tercera, y por un solo voto sobre Pekín”, concluye Lissavetzky, que, como secretario de Estado para el Deporte (2004-2011), respaldó los dos intentos anteriores. El líder socialista rechaza en cualquier caso que pueda reproducirse el caso de Londres 2012, que ha visto triplicarse su presupuesto previsto (11.160 millones de euros).

Por el momento Madrid 2020 solo cuenta con estimaciones económicas, puesto que hasta marzo ni siquiera será candidata. El estudio presentado al COI para los Juegos de 2012 cifraba en 6.534 millones las inversiones necesarias. Los beneficios habrían ascendido a 12.466 millones de euros y 174.460 empleos. Solo en ingresos por el aumento de visitantes a Madrid entre 2012 y 2017 se habrían generado 2.536 millones adicionales y otros 34.679 empleos, según estas cuentas.

El informe de la candidatura de 2016 calculó unos beneficios de 6.050 millones para la ciudad, a los que se habrían sumado 1.512 más para la región y 2.787 millones para el resto del país. El estudio cifraba en 6.497 millones las inversiones necesarias.

La candidatura aportó además un estudio de la Universidad de California-Berkeley (EE UU), que estimaba que una candidatura olímpica mejora un 30% los indicadores de actividad económica de la ciudad. Otro informe presentado al COI señalaba que la repetición de la candidatura en 2016, tras la derrota de 2012, estaba “dejando efectos beneficiosos visibles”, situando a Madrid en el mapa. Eso sí, también preveía que la Caja Mágica atraería “grandes eventos deportivos internacionales”. No ha sido así. La instalación costó 294 millones (más del doble del presupuesto). Desde su inauguración, hace dos años, ha constituido un quebradero de cabeza político y económico para el Ayuntamiento, que ha tenido que emplear toda su inventiva para encontrarle un uso acorde con su grandilocuencia.

En plena recesión, con las cancillerías europeas amenazando con una Europa de dos velocidades (los que no gastan más de lo que ingresan, y el resto) y con la prima de riesgo (que mide la fiabilidad española frente a la alemana) por los aires, Armand Calvo, uno de los máximos responsables de Barcelona 92, valora positivamente este tercer intento. “Hay dos formas de encarar unos Juegos: que prevalezcan los intereses del evento o los de la ciudad. Y con los Juegos demostramos que éramos serios. Transformamos Barcelona, la dotamos de unas infraestructuras que en ese momento cubrían sus necesidades en un periodo de seis o siete años cuando en condiciones normales nos habríamos ido a los 30 o 40 años. Madrid sigue la misma senda, la idea es que el proyecto no muera con los Juegos”, explica. El gasto fue de 1.280 millones de euros; las inversiones, 7.880 millones; el impacto económico, 15.250 millones.

Con la perspectiva que da el tiempo, Calvo destaca las diferencias entre la situación actual y la de 1983, cuando Barcelona se presentó como candidata. “Se propuso dos años después del intento de golpe de Estado, con una tasa de inflación alta, la reforma laboral de siderurgia y astilleros, aquella ETA... El panorama era grave, pero el Gobierno hizo un diagnóstico acertado”. El enorme gasto público en otros grandes eventos como la Exposición Universal de Sevilla retrasó un año una crisis que ya se barruntaba.

Veinte años después, España ha vuelto a caer en otra recesión sin haberse recuperado apenas de la anterior. Sin embargo, el apoyo popular a la candidatura es mayoritario, aunque levemente inferior al de los intentos anteriores. Según la encuesta presentada al COI, el 75% de los habitantes de Madrid la respalda, porcentaje que se eleva al 84% en la región y a nivel nacional. Los organizadores respiraron al conocer el resultado del sondeo, pues albergaban una “preocupación íntima” por el daño que la crisis pudiera hacer.

Entre los partidos políticos también hay consenso, aunque no falten las voces disonantes. A nivel estatal, la candidatura cuenta con el respaldo de PP (en el Gobierno) y PSOE, que suman 296 de los 350 escaños del Congreso. En la Comunidad también (108 de 129 escaños), aunque el entonces secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, se mostrara crítico antes de hacerse oficial la candidatura, y el líder socialista, Tomás Gómez, haya sembrado ahora en público dudas sobre su oportunidad que en el momento de aprobarse en el Ayuntamiento se calló. Su partido votó a favor con su plácet, sumando, junto al PP, 46 de los 57 concejales. IU se abstuvo. UPyD se opuso. Este partido quiere llevar a la Asamblea de Madrid una proposición para instar al Gobierno a que no avale la candidatura. “La experiencia ha demostrado que el presupuesto final poco o nada tiene que ver con las previsiones. El déficit lo cubre el Estado u otros entes públicos”, expone la formación. “La mayor parte de las instalaciones sirve para poco o nada una vez terminados los Juegos, quedando como monumentos al despilfarro”, añade. Su líder, Luis de Velasco, va más allá, al entender que “parte de la situación por la que pasa Grecia se debe, entre otros factores, a que Atenas albergó los Juegos de 2004”. “No está el cuerpo para Juegos, hay otras urgencias”, cree Izquierda Unida.

El pasado reciente demuestra en efecto que los Juegos se pueden ir de las manos. Montreal 76 es la pesadilla latente. La ciudad canadiense tardó 30 años en pagar un déficit olímpico de 775 millones de euros. Después de 35 años, el estadio apenas tiene uso. “Los Ángeles 84 cambiaron el modelo radicalmente. Hasta ese momento no existían los derechos de televisión ni había grandes patrocinadores. Solo se hacían los Juegos por prestigio. [El expresidente del COI] Juan Antonio Samaranch revolucionó el sistema, lo modernizó y le dio otra dimensión”, apunta Chapado. El director general de Deportes de Madrid 2020 también hace hincapié en las diferencias con Atenas 2004: “Se lo tomaron con calma; a un año de los Juegos, el COI les llamó la atención, barajando incluso la posibilidad de volver a repetir cuatro años después en Sidney”. La inversión privada, en concreto los grandes armadores, aportaron la financiación a costa de unos altísimos intereses. El déficit fue de más de 7.000 millones.

“Por todo ese tipo de razones, la gran fortaleza de la candidatura de Madrid es que no hay grandes novedades”, cree Lissavetzky. El líder socialista discrepa de la imagen fatalista que desde ciertos ámbitos transmiten del proyecto. “Contamos con la experiencia de los dos intentos anteriores y con un porcentaje de infraestructuras concluidas altísimo, por lo que los gastos serían razonables”, valora. Lissavetzky apunta además uno de los principales retos, si no el mayor, de la candidatura: “La iniciativa privada debe responder”. “Los patrocinadores tienden a restringir sus dotaciones en épocas como la actual. Me refiero a los nacionales, y no a las compañías internacionales porque esos ya los cierra el COI”, opina Calvo. El antiguo responsable de Barcelona 92 apunta que “es vital que se dé el apoyo de todas las Administraciones. Con todo lo que hay adelantado, los mayores esfuerzos deben dedicarse a convencer a quien lo requiera de que ese respaldo es oficial”.

Calvo asistió al evento que el COI montó en noviembre para orientar a las ciudades aspirantes y resolver dudas. “Entonces ya vi un proyecto muy avanzado; desde ese punto de vista Madrid tiene mucho ganado, es lógico que se presente”, concluye. La candidatura ha expuesto al COI y a la opinión pública española que su objetivo es “motivar a una sociedad que poco a poco se ha ido desilusionando por las circunstancias económicas y sociales que le ha tocado vivir”, y “estimular el desarrollo económico” y el empleo. Pero eso será si Madrid logra los Juegos el 7 de septiembre de 2013 en Buenos Aires. Hasta entonces, la consigna es solo una: austeridad.