"Si no dimites, mañana volvemos", han coreado los manifestantes al llegar a la sede de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana. El edificio está rodeado por verjas metálicas amarillas. Varias furgones de la Policía Nacional permanecen apostados frente a la fachada y en la entrada de un parking público.

Los ánimos se han caldeado cuando varios jóvenes, apostados frente a los agentes, han empezado a gritar "Nacionales, a los tribunales". Los policías se han puesto los cascos.

Los manifestantes también han descargado su malestar hacia el jefe superior de Policía Nacional de Valencia, Antonio Moreno, y han exigido la retirada de todos los cargos que pesan sobre una docena de jóvenes a raíz de las detenciones de los últimos días.

Albert Ordóñez, responsable de la federación de estudiantes valencianos (Favaaem), ha negado en el inicio de la protesta que el movimiento estudiantil haya sido manipulado por ninguna fuerza política. "Cualquier partido se puede unir, incluso el PP sería bienvenido, pedimos el apoyo de todas las fuerzas políticas", ha comentado.

Representantes de cada uno de los institutos que se han sumado a la marcha portaban su propia pancarta. "Sánchez de León, dimisión". Mientras los participantes demostraban que no siguen consignas partidistas: "Rajoy, Rubalcaba, esto no se acaba"

El médico valenciano José Luis Carbonell, que se han sumado a la marcha como otros tantos profesionales, ha comentado: "Desde 1978 no había visto nada parecido" a la actuación policial contra los estudiantes el lunes en Valencia. 

La plana mayor de los tres partidos de la oposición parlamentaria ha ocupado un segundo plano. El protagonismo es de los jóvenes. Pero tanto Jorge Alarte, de los socialistas valencianos, como Enric Morera, de Compromís, y Marga Sanz, de Esquerra Unida, han insistido en reclamar la dimisión de Sánchez de León por los excesos policiales del lunes.

En Alicante se han congregado unas dos mil personas. La protesta arrancó desde el instituto Bahía Babel, en el barrio de San Gabriel, y luego se ha detenido en otros centros educativos en los que los alumnos se han incorporando a la marcha. Muchos profesores iban vestidos de negros y portaban ataúdes por la defunción de la escuela pública, además había una gran cantidad de niños también disfrazados. “Nos están ahogando, cada día llega menos dinero y tenemos más obligaciones”, se quejaba Cónsol Álvarez, una profesora. El director del colegio El Palmeral, Fernando Fernández, admite que la consejería ha pagado “algo en estos últimos días, pero al AMPA de mi centro le debe 30.000 euros del bono libro”.

El ambiente de la marcha ha sido festivo y reivindicativo. Los alumnos coreaban: "Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo?" y "Más educación, y menos represión", en referencia a las cargas policiales de Valencia.

En Castellón, la delegada del Gobierno también ha sido la protagonista de la concentración. El millar de personas congregadas se han desplazado hacia la residencia de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, informa Lorena Ortega. "Si fuera policía, vergüenza me daría", gritaron los manifestantes mientras encaminaban sus pasos hacia la sede territorial de la Consejería de Educación. A continuación se han desplazado hacia la comisaría de Policía Nacional.

Los representantes de estudiantes, padres y directores reclamaron la destitución de la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, y del jefe de la policía por la "desproporcionada actuación" de los agentes contra unos alumnos que solo "estaban reclamando sus derechos, dijo Virgilio Gantes, vicepresidente de Ceapa. "Un país que no invierte en educación está condenado a padecer crisis sobre crisis", añadió.

Así, mientras José Antonio Martínez, presidente de Fedadi, aseguró que la protesta estudiantil en Valencia estaba totalmente justificada desde el comienzo (tanto por los recortes como los impagos de la administración a los centros educativos para hacer frente a pagos tan básicos como el de calefacción), Tohil Delgado, del Sindicato de Estudiantes, aseguró que las actuación policial no va a detener las protestas de los alumnos para reclamar una enseñanza de calidad. 

La diputada por Alicante Leire Pajín aprovechó para acusar al PP de “mermar los derechos y reprimir con violencia las manifestaciones” cuando llega al Gobierno. “Los estudiantes valencianos no son el enemigo sino que protestan porque no tienen calefacción en una comunidad en la que se han hecho aeropuertos inservibles y los gobiernos de Camps y Fabra se ríen de la Educación, metiendo a los alumnos en latas de hojalata o riéndose de una asignatura, como Educación para la Ciudadanía, pidiendo que se imparta en inglés”.

Frente a este “alegato”, el ministro de Educación ha considerado que la pregunta sobre becas que figura en el orden del día nada tiene que ver con las explicaciones que se le piden sobre otros temas. Pero no escurrió el bulto y dio su respuesta: “Observo que el PSOE se coloca del lado de la protesta violenta y de quienes infringen la ley”.

La polémica ha ido a más. Los socialistas quieren una rectificación formal del titular de Educación por haberlos situados al lado de quienes se han manifestado con violencia e infringen la ley. “El ministro tiene que rectificar y si no lo hace el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que desautorizarle”. Así lo ha dicho la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, al tiempo de recordar que los protagonistas de esas manifestaciones son mayoritariamente “menores, estudiantes de Bachillerato, que demandan tener calefacción”.

Pasaron las horas y el silencio gubernamental continuaba por lo que la número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido formalmente que Wert vuelva sobre sus pasos y rectifique. Esa rectificación solo se puede producir en otro pleno ya que ha sido en sesión plenaria donde se pronunciaron esas palabras. Valenciano pide al titular de Educación que solicite formalmente la supresión de sus palabras del diario de sesiones para que no quede huella “de esas insidias”. El PSOE “no instiga la violencia pero lo que si hace es apoyar las reivindicaciones justas de los estudiantes”.

El rifirrafe se ha producido también entre la portavoz socialista, Soraya Rodríguez y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La primera reprochó que desde la tribuna del Consejo de Ministros del pasado viernes se arremetiera contra los sindicatos: “Deje de difamar a los convocantes de una manifestación y deje de llamar enemigos a los jóvenes que se manifiestan porque son nuestros hijos”, dijo la dirigente socialista. En realidad fue el jefe de policía de Valencia quien se refirió a los estudiantes valencianos como “el enemigo”. La respuesta de la vicepresidenta se centró en el reproche al pasado. “El Gobierno socialista nos ha traído hasta aquí”.

Aunque la respuesta era obligada, ni una mínima cancha a Amaiur, nadie olvidará este 22 de febrero de 2012 en el que en sede parlamentaria se ha hablado de “la entrega de armas”. Para ello el Gobierno tiene que “dar pasos” y crear el marco para hablar de esos “aspectos técnicos”. Las peticiones no son nuevas: Acercamiento de presos, libertad para los enfermos, legalización de Sortu y salida del País Vasco de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

El gesto de Rajoy se tornó muy grave al escuchar a Errekondo hablar del “conflicto político“ existente “desde antes de ETA”, que consiste en el deseo de independencia de Euskal Herria.

Sobre esto, bueno ni sobre nada, le respondió Rajoy. “El único conflicto es la existencia de una banda terrorista que no se ha disuelto”. Le pide que influya para que se extinga “sin ninguna condición”. Y, además, la ley se va a cumplir de manera que cada uno de los miembros de ETA tendrá que responder ante los tribunales “de manera individual”.

Pero Rajoy y toda la Cámara sabe perfectamente que no se puede echar en saco roto el discurso de Errekondo. “Se ha abierto un escenario nuevo de esperanza e ilusión para sentar definitivamente las bases de la verdadera pacificación y normalización”. Este alegato de Errekondo lo comparte toda la Cámara con muy pocas excepciones. El día anterior se puso de manifiesto la unidad parlamentaria, encabezada por PP y PSOE, al rechazar la propuesta de UPyD de ilegalizar a Bildu. Por el contrario, se sentaron bases políticas en el camino hacia el fin definitivo del terrorismo.

Y los pasos se siguen dando. Este fin de semana la izquierda abertzale ha convocado una gran concentración por la paz. “Que sigan dando pasos”, señalan fuentes parlamentarias del PP.

Que Amaiur va por libre lo demuestra que el resto de los grupos políticos, desde luego el PSOE, viviera con cierta contrariedad la irresistible atracción que ejerce cualquier asunto relacionado con ETA en tanto que son otros los temas en los que la mayoría quiere poner el énfasis. La reforma laboral es ahora mismo el caballo de batalla del PSOE que ha encontrado en el Gobierno un adversario pétreo que le devuelve las invectivas casi con deleite. Eso ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez; y la ministra de Trabajo, Fátima Báñez con la socialista Concha Gutiérrez.

La herencia del Gobierno de Zapatero, -“en el que usted estaba", se le recuerda a Rubalcaba machaconamente- como recurso de defensa se enseñorea por el hemiciclo con extraordinaria soltura. Y puestos a mirar atrás, también sirve invocar a Felipe González, ya que necesitó seis meses para hacer sus primeros presupuestos, en tanto que a Rajoy se le exige que los pergeñe en tres. “Ustedes nos han traído a esta situación y ahora quieren impedir las soluciones”. No molesten, viene a decir el Gobierno.

Pero el PP también tiene pasado. Un pasado que le ha servido a la exministra Leire Pajín para sostener que cuando la derecha gobierna los derechos retroceden y las fuerzas de seguridad se emplean “brutalmente”. Se quería llegar a las manifestaciones de Valencia y a los recortes en Educación y cómo un jefe de policía llama “enemigos” a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. “Esos a los que ustedes llaman enemigos son nuestros hijos”, clamó la socialista Soraya Rodríguez. "Pues vaya futuro que desean ustedes para sus hijos", le respondió la vicepresidenta.

Y de nuevo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se gana los titulares y los abucheos al situar a los socialistas “junto a los de la protesta violenta y los que infringen la ley “. El PSOE se tomó muy mal este encuadramiento con los antisistema, dado el trabajo que le cuesta encontrar la dosis adecuada entre la reivindicación y la posición de un partido responsable “ y de mayorías”, según reclaman sus dirigentes.

En este toma y daca, donde todos los contendientes se emplean a conciencia se lucha por, al menos, quedar en tablas. Pero de fondo, el pasado, siempre el pasado, más presente que nunca.

Ante sus familias y dos centenares de personas, Rubalcaba, que ha evitado cualquier referencia al acuerdo alcanzado ayer en el Congreso, ha asegurado que "nadie reescribirá la historia" a la medida de los asesinos. Ha querido así tranquilizar a la madre del agente de la ertzaina asesinado, que el año pasado mostró su inquietud por ese motivo, al tiempo que ha coincidido con López en que la renuncia de ETA es el fruto de su derrota por la democracia.

"El cumplimiento estricto de la ley es el único camino", ha dicho, aunque esa aplicación de la legalidad no tiene por qué estar "reñida con un uso inteligente" de las herramientas de que dispone un Estado de Derecho para conducir a la banda a su desaparición total "cuanto antes", ha defendido.

El exministro de Interior ha subrayado la complejidad que revestirá la etapa abierta con el anuncio etarra y recalcado que las recetas de "perseverancia, inteligencia y determinación" seguirán siendo imprescindibles durante mucho tiempo. Horas antes, el dirigente de la izquierda abertzale Rufino Etxeberria ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi tras el acuerdo de ayer en el Congreso que exige la disolución de la banda, que ETA existirá mientras no haya una solución para sus presos y huidos.

A pesar de la amplísima mayoría el texto no fue aprobado porque era una enmienda a la moción de UPyD en la que se pedía la ilegalización de Amaiur y Bildu. Rosa Díez, sola frente a todos, no aceptó suscribir el acuerdo si no se aprobaba proceder contra la izquierda abertzale y, por eso, vetó que se votara el texto de todos los demás grupos.

El pacto tiene un enorme valor histórico, porque pone blanco sobre negro ese proceso de final de ETA, porque excluye nuevas ilegalizaciones, porque proclama esa victoria de la democracia, porque reconoce el valor de las víctimas y porque habla de “favorecer los esfuerzos hacia la convivencia social” y de “cumplimiento estricto de la ley”. También porque es el primer gran pacto de Estado de la legislatura, que reedita los pactos antiterroristas anteriores, en esta ocasión casi de forma unánime.

Y porque consuma el giro del PP en el Gobierno, demarcándose de los sectores más conservadores y duros del partido y de medios de comunicación que piden que se actúe contra Amaiur y que no se reconozca que ya se ha producido esa victoria sobre ETA. Ya se había apreciado ese cambio en distintas declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández, prometiendo generosidad y hablando del final de ETA como asunto político. Ese cambio se apreció también en el acuerdo del pasado miércoles entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, para avanzar juntos hacia el final de ETA, incluyendo la gestión discreta y consensuada de la política penitenciaria, favoreciendo reinserciones individualizadas.

Ayer se hizo explícito ese cambio al “nuevo tiempo político” en el acuerdo y en las contundentes palabras del portavoz del PP, Leopoldo Barreda, que en la tribuna del Congreso explicó que no hay pruebas ni posibilidad alguna para proceder ahora contra Amaiur.

El acuerdo que, ni siquiera fue votado en el Pleno, es fruto de horas de negociación entre el socialista Ramón Jaúregui con Barreda y con participación de Interior y el Gobierno vasco.

La posición dura quedó en manos de Rosa Díez, quien aseguró que no se puede decir que se haya vencido a ETA y que es necesario seguir con las ilegalizaciones, porque “nadie entendería que no se ilegalizara un partido que justificara la pederastia o la ablación aunque ninguno de sus representantes la practicara y Amaiur sigue justificando la violencia y la historia de ETA”. En su texto no da pruebas, ni indicios para esa ilegalización. A Rosa Díez le calló el chorreo de Barreda y Jaúregui, que le acusaron de “demagogia, sobreactuación” y de permitir que Amaiur “se frote las manos” por tener titulares y protagonismo. La avalancha de reproches incluyó el poner de manifiesto que miembros del PP y del PSOE han dado la vida como para escuchar acusaciones de cobardía.

Amaiur aseguró que el acuerdo no ayuda a resolver el “conflicto”, pero fuentes de la formación abertzale aseguran que estuvieron valorando la posibilidad de sumarse al texto. Estuvieron a punto, aunque no compartan apartados como el que habla de la victoria sobre ETA, pero no lo hicieron para no hacer imposible el giro del PP y facilitar que se desmarque de quienes le piden más ilegalizaciones.

El acuerdo reconoce la irreversibilidad de la decisión de ETA cuatro meses después de que la banda declarara el cese definitivo de la violencia, el pasado 20 de octubre. Ese reconocimiento político tan abrumador es clave para que el Gobierno gestione el fin de ETA. Y se venía gestando desde que el mismo 20 de octubre el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, admitieron al unísono la importancia del paso dado por ETA, entre el escepticismo y desconcierto de buena parte de la derecha política y mediática.

En línea con ello, el acuerdo de ayer es el primer fruto, también, de la ronda de encuentros que Rajoy, instalado en La Moncloa desde las fechas navideñas, ha mantenido con los principales partidos vascos —Iñigo Urkullu, del PNV, el lehendakari socialista, Patxi López, y el del PP, Basagoiti— y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre enero y febrero. Todos le han animado a gestionar el final de ETA y le han ofrecido cobertura política para neutralizar la presión desde su derecha.

Con el acuerdo de ayer, Rajoy ya ha cruzado el Rubicón del inmovilismo al compromiso con la administración del final de ETA, que lo está compaginando con decisiones internas como el refuerzo del PP vasco en la dirección del partido del Gobierno y la presencia de Iñaki Oyarzabal en la secretaría de Justicia e Interior del mismo partido.

El acuerdo apunta, además, una hoja de ruta básica. Junto a la exigencia a ETA de su disolución definitiva e incondicional reafirma el compromiso con las víctimas del terrorismo, como protagonistas del relato del final de la banda terrorista. Pero se compromete, también, a propiciar la convivencia social sobre los principios que sustenta el Estado de derecho, un eufemismo que se refiere al abordaje de la reinserción de los presos etarras, una vez constatado el final definitivo de la violencia.

El mismo acuerdo establece que esta hoja de ruta la tendrán que desarrollar, además del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo vasco con el de Navarra y las fuerzas democráticas. En este sentido, puede decirse que la historia se repite. En diciembre de 1987, fueron los partidos democráticos, representados en el Congreso, los que firmaron el primer gran pacto para aislar a ETA: el de Madrid. Lo que sirvió de acicate para que un mes después, en enero de 1988, los partidos parlamentarios vascos acordaran el Pacto de Ajuria Enea.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, está empeñado, ahora, en lograr el acuerdo entre los partidos vascos sobre la gestión del final de ETA, que debe concretar el de ayer en Madrid. El lehendakari, el socialista Patxi López, también está por la labor, aunque presenta alguna dificultad. En medio del clima preelectoral vasco, el PNV ha exigido que la izquierda abertzale participe en el acuerdo, con la disconformidad del PP.

Pero casi 25 años después, los partidos democráticos han recuperado la unidad democrática frente a ETA. La excepción ha sido Rosa Díez, que ayer erigió un monumento al oportunismo e incoherencia políticas en su afán de ofrecerse como receptora del voto radical de la derecha que el PP pudiera perder por la gestión del final de ETA.

Garzón, que ha encomendado su defensa ante el Constitucional al bufete Amparo Legal, sostiene en su demanda de nulidad que la sentencia del Supremo es “gravísimamente errónea”, en cuanto se le condena por una acción que no se encuentra tipificada como delito y que, además, se funda en una interpretación de las normas penales que supone una desnaturalización absoluta del Código Penal.

Según el recurso, el Supremo ha construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que le ha condenado, lo que deja la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación cuando un juez mantenga una discrepancia jurídica seria con el Supremo.

También afirma que la sentencia del Supremo es “arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta” y vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución.

Garzón subraya que el texto del Supremo incurre en “contradicciones internas insalvables”, y parte de un designio incriminador hacia él, que vulnera la imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional. Según el recurrente, tras la lectura de la sentencia “parece que no se ha celebrado juicio alguno” o que éste ha sido por completo irrelevante para la sentencia, que sigue literalmente el criterio de los autos del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro.

En la práctica, la inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas por los tribunales, por lo que, si como es previsible, el recurso se rechaza, Garzón presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En su nueva misiva, que Margallo retrasó para no interferir en la cita de Rajoy con Cameron, el ministro reitera los principios que ha expuesto esta tarde en su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso: que “España y Reino Unido deben recuperar cuanto antes el diálogo sobre la soberanía del Peñón”, como se acordó en Bruselas en 1984; y que el Foro Tripartito debe pasar a Cuatripartito para incorporar a las autoridades del Campo de Gibraltar. En palabras de Margallo: “dos banderas y cuatro voces”.

No parece, sin embargo, que el intercambio epistolar vaya a tener el menor efecto. Cameron ha dejado claro que no hablará de Gibraltar sin el visto bueno de los llanitos, por lo que Margallo considera muerto el Foro Tripartito si no cambia su formato; mientras que el nuevo ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, da por enterrado el proceso de Bruselas. Por eso, la portavoz del PSOE, Elena Valenciano, tras expresar su apoyo a Margallo en la reivindicación de Gibraltar y negar que el anterior Gobierno hubiera desistido de la misma, le ha advertido del riesgo de acabar llevando el asunto a “un callejón sin salida”.

Respecto a Cuba, el ministro ha insistido en que “no se dan todavía las condiciones para modificar la Posición Común” de la UE, como pretendía el anterior Gobierno, pero se ha mostrado partidario de una “interpretación flexible” que permita graduarla en función de los cambios que se produzcan en la isla y que sería compatible a su juicio con la negociación de un acuerdo bilateral entre la UE y La Habana.

Margallo ha expresado su temor a que “la primavera árabe desemboque en un invierno integrista”, y no “en un verano de libertades”, ha abogado porque las nuevas perspectivas financieras de la UE incluyan “líneas de apoyo” a los países en transición, y ha subrayado que España será un socio fiable “ante las nuevas amenazas que comienzan a perfilarse en el horizonte. Me refiero,” ha aclarado, “a Irán y Siria, donde iremos de la mano con nuestros aliados. A todos ellos les he transmitido que España honrará sus compromisos aun cuando ello nos suponga un enorme esfuerzo”.

Además, ha revelado que ha ofrecido a las comunidades autónomas destacar un diplomático de enlace en sus servicios centrales. La Rioja y Galicia han aceptado incorporar funcionarios en las embajadas y Cataluña tendrá un agente en la representación española ante la UNESCO.

Sobre el papel de Viera, la Guardia Civil destaca cómo, según la segunda declaración del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, “no solo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte, sino que especialmente en relación a las ayudas vinculadas a Matadero de la Sierra Morena, fue Viera el que promovió las ayudas y el que le indicaba e insistía en que tenían que salir adelante”. “Viera le dijo que había que ayudar a Matadero de la Sierra Morena (grupo empresarial que percibió más de 13 millones en ayudas directas) y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma”, subrayan los investigadores en su informe policial.

La ecuación es simple: la Sierra Norte sevillana recibió 30 millones en ayudas directas a empresas con una población de solo 30.000 habitantes. El resto de la comunidad andaluza (que tiene ocho millones de habitantes) percibió los otros 30 millones de ayudas directas a empresas. El ex director general Javier Guerrero responsabiliza a Viera en su segunda declaración la Guardia Civil de favorecer un territorio tan pequeño con esta ingente cantidad de ayudas millonarias: “Tenía un especial interés en otorgarlas a empresas de la Sierra Norte (…) En relación con las ayudas para esta comarca es Viera el que dice que tienen que salir adelante (…)”.

Guerrero llega incluso a achacar al exconsejero que impusiera un silencio a los reparos alegados por el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, sobre las millonarias ayudas concedidas al grupo empresarial Matadero de Sierra Morena, dirigido por los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. “Viera mandó callar a Antonio Rivas y nos dijo que eso era así y que era un tema de la Dirección General de Trabajo”.

Mientras, la juez Mercedes Alaya ha imputado hoy al exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 Agustín Barberá. Tras esta acusación, la anterior cúpula de la Consejería de Empleo durante seis años está imputada al completo tras resultar acusado el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que otorgó las ayudas directas y ERE a empresas en crisis, corazón del escándalo judicial. Alaya acusa a Barberá de conocer la “falta de legalidad” de los procedimientos seguidos para conceder las ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, y dar “el visto bueno” a los pagos ordenados por Guerrero para dichas ayudas. Además, le acusa de conocer la “ilícita concesión” de ayudas individuales a intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas). La juez les define como “personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía”.

De este modo, la magistrada suma otro alto cargo de la Junta a la relación de supuestos implicados en el uso fraudulento de fondos públicos destinados a ayudar a empresas y trabajadores afectados por la crisis.La juez imputa a Barberá por ser, presuntamente, conocedor de la "falta de legalidad  de los procedimientos" por los que se concedieron las ayudas.  En un auto notificado hoy a las partes, la instructora ha acordado también citar para el 20  de marzo a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de  Empleo Javier Guerrero, quien declaró que con parte de las  ayudas compró cocaína para su jefe.

La juez cita para el 9 de mayo a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado  de la Consejería Empleo en Sevilla, que figura como intruso en uno de  los ERE investigados, así como a varios beneficiados de pólizas de Aglomerados  Morell y de la empresa Acyco.

El actual consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, no se ha pronunciado sobre esta imputación, que se ha conocido después de un acto en el que sí se ha referido a la supuesta destrucción de documentación. Ha insistido en que "es rotundamente falso" que se haya ordenado eliminar información relacionada con la investigación sobre supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y afirmado que la única "trituradora" que conoce es "la del PP" para destruir los derechos laborales.

Antes de reunirse con los empresarios instalados en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Granada, Recio ha defendido que, al contrario de lo que señala el PP, él dio orden de que todo lo que había en los expedientes se trasladara "tal cual" a la juez Mercedes Alaya, y que nada de lo que hubiera en ellos "se debía quitar". De hecho, ha comentado que en algunos de los documentos remitidos al juzgado se encontraron pósit e incluso servilletas como muestra de que no se modificó nada en estos expedientes.

Recio se ha referido concretamente a las acusaciones realizadas en sentido por el secretario general del PP, Antonio Sanz, y ha asegurado que "la única trituradora que conozco es la del PP", al que ha acusado de triturar con la nueva Reforma Laboral los derechos conseguidos por los trabajadores en los últimos 30 años.

"También los derechos de estudiantes --como los de Valencia--, que lo único que pedían era tener unas condiciones dignas de calefacción y de medios", ha clamado el consejero. Interrogado por su posible asistencia a una reunión en la consejería el 21 de noviembre de 2010 en la que, según el PP-A, se revisaron los expedientes remitidos al Juzgado, Recio ha contestado que él "trabaja 24 horas al día, siete días a la semana" y "creo que ningún andaluz tiene duda de eso".

El expresidente no acudía al Parlamento valenciano desde su dimisión como presidente de la Generalitat en julio del año pasado por la causa de los trajes de la trama Gürtel, de la que fue absuelto. El pasado 15 de febrero y ante la “continua y reiterada” ausencia de Camps de las sesiones parlamentarias, Esquerra Unida del País Valencià registró una petición de que se le abriera un expediente disciplinario.

Camps, quien el pasado 25 de enero fue declarado no culpable por el jurado de la causa de los trajes del caso Gürtel, ha llegado media hora antes de que empezara el pleno a la sede del Parlamento valenciano, donde ha entrado por la puerta trasera, y se ha dirigido a la reunión que el grupo popular mantiene habitualmente antes del inicio de la sesión plenaria.

Posteriormente, poco antes de entrar en el hemiciclo, donde la sesión ha comenzado a las 10.30, Camps ha hecho declaraciones a los periodistas, a los que ha asegurado que está "muy contento" y "muy feliz" de estar en el pleno de las Cortes, y que tenía "muchísimas" ganas de volver.

"Imagínense para mí lo que es tener oportunidad de volver hoy aquí a casa, al hemiciclo, y a disfrutar del debate, y de las votaciones, y de las discusiones, y todas aquellas cosas que preocupan a la Comunidad Valenciana", ha manifestado.

Preguntado sobre si ha pensado ya en su futuro político, Camps ha señalado: "De momento, sentarme en mi escaño", y a la cuestión de si aspira a volver a la dirección del partido, se ha limitado a señalar: "Lo que he hecho es volver hoy a las Cortes Valencianas, y eso está muy bien, muchas gracias".

A continuación ha entrado en el hemiciclo y se ha dirigido a su escaño, situado en la tercera fila del grupo popular, entre las alcaldesas de Valencia y de Alicante, Rita Barberá y Sonia Castedo, respectivamente, quienes no estaban en ese momento.

Camps, que no ha sido recibido con aplausos -lo que sido comentado con ironía desde algunos escaños de la oposición-, ha recibido el saludo de compañeros del grupo, entre ellos el de Ricardo Costa, que se sienta una fila delante de él, y que también fue absuelto por el jurado popular en la misma causa que Camps.

El expresidente ha estado acompañado al inicio del pleno por la exconsejera Trinidad Miró y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que se han sentado en los escaños colindantes.

En ese momento, el escaño del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, estaba vacío, ya que no ha asistido a la sesión plenaria, por lo que no han coincidido en el que sería el primer acto público de ambos desde la absolución de Camps en el denominado juicio de los trajes del caso Gürtel.

El expresidente, que mantiene el acta de diputado autonómico pero ha renunciado al sueldo de parlamentario, no está adscrito a ninguna comisión parlamentaria, por lo que tampoco ha acudido a ninguna de las reuniones que estos órganos han celebrado desde julio.

El otro implicado en el juicio de los trajes, el diputado del PP Ricardo Costa, sí que ha asistido con regularidad a los plenos, excepto en diciembre, cuando se estaba celebrando el juicio, y la semana pasada acudió a la primera sesión ordinaria que la Cámara celebraba este año, y también la primera desde su absolución.

Así fue enumerando Rubalcaba los aspectos de la reforma que vuelven del revés la legislación actual. Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no dio un solo paso atrás, es más, reprochó a los socialistas que no lo hubieran hecho ellos. “Si lo hubieran hecho, no estaríamos en la situación actual”. Y, además, Rajoy, antes de que empiece la tramitación parlamentaria, dio por supuesto que su reforma estará bien acompañada. “Ustedes y los sindicatos se van a quedar solos”, ha augurado.

Montoro matiza

El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, quiso dejar claro esta mañana en el Congreso que el PP "jamás" se comprometió a una recuperación económica inmediata, "porque eso no es posible".

Los socialista afearon a los representantes del Gobierno que dijeran muchísimas veces que cuando llegaran al Gobierno habría recuperación económica, mientras que ahora "lo aplazan a meses y años", y le acusado de "mentir y mucho" cuando defendían que subir impuestos perjudicaba la recuperación económica o que no abaratarían el despido.

Sánchez-Camacho, con su habitual retórica amenazadora pero inconcreta, ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento catalán que no ayudará a aprobar una ley de medidas que incluye subvenciones y ayudas “poco transparentes”. Sánchez-Camacho ha recordado que pidió al Gobierno una reducción del 16% en el presupuesto para empresas públicas y ha lamentado que esto no figure en el presupuesto. Sánchez-Camacho ha reprochado a Mas sus proclamas independentistas en la prensa internacional y le ha asegurado que estará a su lado si abandona estas posiciones y abraza las tesis de Mariano Rajoy.

Artur Mas, sin apenas inmutarse por las amenazas de su socia, ha optado por continuar distanciándose del Partido Popular en los asuntos de la agenda nacionalista. “El presidente de la Generalitat seguirá expresando sus opiniones donde considere oportuno”, le ha respondido.

Pese al encontronazo, por las últimas subvenciones de Òmnium Cultural no parece que esto vaya a tener consecuencias. CiU y PP tienen cerrado el pacto presupuestario, que incluye también la ley de medidas. Además, CiU ha defendido con entusiasmo la reforma laboral del Gobierno central. El resto de grupos de la Cámara han observado con expresiones de incredulidad el duelo entre Sánchez-Camacho y Mas. De “pura comedia” han calificado la escena algunos diputados de la oposición a través de las redes sociales.

Mas y Sánchez-Camacho sí han coincidido en defender el proyecto del megacasino Eurovegas que el magnate Sheldon Adelson podría instalar en Cataluña. “El PP estará al lado de las iniciativas que promuevan empleo”, ha certificado Sánchez-Camacho sin entrar en las duras exigencias que los promotores del casino están haciendo al Gobierno.

Artur Mas también ha tenido que defender su política de pactos ante el jefe de filas del PSC, Joaquim Nadal, quien le ha reprochado el “acuerdo preferente” que CiU mantiene con el PP. Nadal ha insistido a Mas que marque las líneas rojas que no está dispuesto a cruzar para dar satisfacción a Sánchez-Camacho. El presidente de la Generalitat no ha respondido, pero sí ha apremiado a los socialistas a que estudien y se sumen a la propuesta de pacto fiscal que defiende CiU en la línea del concierto económico. “Si no lo hacen pronto, el PP lo hará antes que ustedes”, ha vaticinado.

En cuanto a los cambios legales, Guindos adelantó que la reforma que se llevará a cabo supondrá la reducción de los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó. Por otra parte, para incentivar la adopción del código por parte de las entidades, el Ministerio deEconomía está abierto a la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido.

El Gobierno hizo esta declaración de intenciones en su respuesta a una pregunta del diputado Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades financieras”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que la Comisión correspondiente hubiera tomado medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se está tratando entre su ministerio y el de Justicia, bajo la supervisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los bancos y las cajas se han mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tiene efectos retroactivos. Lo anunciado por Guindos solo tendría el efecto del menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.

El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

En cuanto a las recomendaciones, el código de buenas prácticas incluye la dación de la vivienda en pago “con efecto liberatorio de la deuda. Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es el único activo que tienen, es excesivo pedirles más”, comentó. Se pedirá que la banca cuente con una “carencia en el desalojo de dos años. Si perder el empleo es situación tremenda, quedarse sin vivienda cuando se está en el paro es una situación límite”, dijo Guindos. Incluso recomendará al sector que pasados los dos años, el propietario pueda seguir en el piso pagando un alquiler. No obstante, Economía está lejos de generalizar la dación “porque tiene el riesgo de reducción de los plazos de amortización, disminuir el importe de crédito, subir los tipos y, en definitiva, elevar la exclusión del crédito”.

El código incluye la petición de que lo pagado se descuente del capital pendiente y no dispare los intereses. “En procesos de ejecución de personas en el umbral de la pobreza, queremos que se considerara que el pago del capital sea proporcional al número de cuotas abonadas o que se redujera el capital en la misma proporción”. Se trataría de que los intereses pendientes sean menores. Además, negociará la reducción de los gastos generados en el proceso judicial.

Lo más llamativo de la posición del ministro ha sido que ha pedido expresamente a las entidades “que asuman parte del riesgo” cuando el valor del piso no cubra la deuda. “Debe haber algún mecanismo de coparticipación en el que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad, por la que se ha hecho una deficiente tasación”, afirmo. Esta es una de las reivindicaciones más frecuentes: si los bancos tasaron excesivamente alta la casa no pueden ser los clientes los únicos que paguen su depreciación a la hora de devolver el crédito pendiente. El responsable de Economía habló de actitudes “no dirigentes” de la banca.

En un primer análisis, las propuestas de Economía no van contra la línea principal de la banca que pedía que no se cambiaran las normas hipotecarias. La patronal bancaria se ha mostrado a favor de medidas “voluntarias por razones humanitarias”, que es lo que son las recomendaciones del código de buenas conductas.

Algunos bancos procedentes de cajas de ahorros estudian dedicar parte de la obra social a atender los préstamos de familias desahuciadas. Para la banca, el desahucio acarrea problemas por la mala imagen que conlleva y la proliferación de gastos que supone. Por eso, a veces negocio con los clientes para que sigan viviendo en sus pisos “mantengan su valor ya que no acabarán destrozados u ocupados por terceros”. Guindos concluyó que “si se generalizan estas propuestas, tendrá efectos importantes” y “protegerán a un segmento de la población que se encuentra en un momento muy muy difícil”. Ahora falta conocer la reacción voluntaria de las entidades.

Desde la oposición, Coscubiela criticó que el impacto de la medida será muy restringido, ya que se establecen "muchas condiciones" para entrar dentro de este umbral de exclusión que aún no está definidido. También, tras advertir de que el "código de buenas prácticas y banca suena a oxímoron", ha propuesto que quien "cobre el 10% del presidente de la entidad" que le ha concedido la hipoteca entre en este colectivo.

Gates es uno de los fundadores de Microsoft, empresa de software que ideó el sistema operativo para ordenadores personales Windows. Además, fue galardonado en 2006 con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, por la fundación que, junto a su esposa Melinda, creó para patrocinar proyectos de salud y educación en zonas desfavorecidas.

Al término de la comparecencia de esta mañana de su cliente en el Tribunal Supremo, Piroscia manifestó: “Nunca se ha solicitado, ni se ha pedido, ni se ha obtenido, ni se ha recibido dinero alguno del señor Dorribo para el señor Blanco ni para mi cliente. En ningún momento se ha producido ninguna solicitud de intervención el señor Blanco por parte de mi cliente, para que favoreciese las actuaciones o las habilidades empresariales del señor Dorribo”, contra quien hoy se querellará el alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, por decir que le pagó favores.

Manuel Bran, primo del exministro de Fomento José Blanco, declaró por espacio de una hora ante el juez instructor del Supremo José Ramón Soriano, sobre las imputaciones que el empresario gallego Jorge Dorribo ha formulado contra él: haber cobrado 200.000 euros además de otras cantidades destinadas a su primo en entonces ministro de fomento José Blanco, por gestiones para favorecer a sus empresas. Dorribo está implicado en la Operación Campeón, una trama de empresarios dedicados a captar subvenciones públicas para sus empresas.

Bran declaró ante el juez instructor de la Sala Penal del Supremo en calidad de imputado, y aunque sin un título expreso de imputación, su abogado entiende que lo hizo en concepto de partícipe o copartícipe de un supuesto delito de cohecho. Llegó a las diez de la mañana al Tribunal Supremo acompañado de sus abogados José Piroscia Penado y Pablo Figueiras Reguera. Se trata de la primera ocasión en que el primo de Blanco declara en esta causa, pues la juez de Lugo Estela San José, que investiga la Operación Campeón, la elevó al Supremo antes de tomarle declaración.

El abogado de Bran aseguró desconocer el motivo de las imputaciones de Dorribo a Bran. “Se dice que ha recibido un dinero que él nunca ha recibido, y es completamente falso. Cada vez que el señor Dorribo presta declaración aparecen hechos nuevos, que se contradicen con los anteriores, y él mismo tampoco ha dado una explicación lógica de porqué esto”, afirmó el letrado.

Piroscia explicó que su cliente ha reconocido que estuvo en la gasolinera de Guitiriz, donde Dorribo dice haberle entregado un sobre con 200.000 euros para su primo, el ex ministro de Fomento. “El día 5 de febrero de 2011 hubo un punto de encuentro en el área de servicio Guitiriz, donde se dirigían a una comida en la localidad de Priol, y allí estuvo mi cliente”, confirmó el abogado que, sin embargo, calificó de “completamente falso” que Bran recibiese ningún sobre ni ningún paquete, “ni en ese momento ni en ningún otro”.

¿Que ocurrió en Guitiriz? “Se sale desde allí para una comida”, explicó el abogado y “el señor Dorribo solicitó tener una entrevista con el señor ministro, igual que tantos empresarios. Con ocasión de que el señor Dorribo iba también a esa comida, acordaron ir juntos desde allí. Juntos en un coche donde iban el conductor oficial, un escolta, el señor Dorribo y el señor ministro”.

Piroscia confirmó que existieron tratos comerciales entre las empresas de Dorribo con la de Bran. “En su momento presentamos en el juzgado número 3 de Lugo una relación de toda la documentación comercial entre la empresa de mi cliente con las empresas del señor Dorribo. Hoy hemos vuelto a aportar en esta causa toda la relación documental de las pruebas relativas a presupuestos, albaranes, y facturas emitidas a la empresa del señor Dorribo y aquellas relacionadas donde nos pedía la intervención a nosotros”.

Preguntado si, a la vista de la declaración, Bran emprendería algún tipo de acción contra Dorribo por calumnias, el letrado indicó que primero van a esperar a que se levante el secreto del sumario, que la Audiencia de Lugo ha fijado para el próximo 3 de marzo como fecha límite, y una vez que tengan el conocimiento exacto de la situación adoptarán las medidas que crean convenientes. A la declaración han asistido también el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, el abogado de José Blanco, Gonzalo Martínez Fresneda y el de Dorribo, Ignacio Peláez.

La decisión anunciada por San Ginés este miércoles es algo sobre lo que se venía discutiendo desde hace semanas en el seno del partido nacionalista. En la rueda de prensa ha anunciado el cese de los cinco consejeros populares. Tras la decisión hay varios motivos que ha manejado la cúpula de Coalición Canaria y entre ellos destaca el sí del PP a las prospecciones petrolíferas en Canarias, que cuenta con el rechazo del resto de partidos políticos.

Astrid Pérez se ha mostrado favorable a las mismas y ha declarado en días anteriores que “si hay petróleo hay que aprovecharlo”, mientras que San Ginés en todo momento se ha referido al acuerdo plenario del Cabildo en el que “por unanimidad se votó en contra del petróleo en Canarias y frente a la costa de Lanzarote” que se aprobó en la pasada década cuando se conoció las intenciones del Gobierno de España de hacer prospecciones en las aguas canarias.

Además, han puesto sobre la mesa la falta de entendimiento a la hora realizar los Presupuestos para la isla. El Partido Popular, de esta forma, queda fuera de cinco de los siete cabildos insulares. Únicamente presidente el de Gran Canaria y tiene representación en el Cabildo de El Hierro, donde pactaron con el PSOE tras una moción de censura a Coalición Canaria, que gobernaba en minoría tras ganar las elecciones.

El pleno del Senado ha aprobado hoy una enmienda del PP a una moción consecuencia de interpelación del PSOE que ha defendido ante la Cámara alta el expresidente balear y senador autonómico Francesc Antich. Este se ha felicitado por el consenso alcanzado para avanzar en una reforma que considera "urgente" y "necesaria".

La enmienda del PP, que ha recibido el respaldo unánime del pleno, extiende la primera lectura "a las iniciativas legislativas de contenido autonómico, especialmente, que afecten al funcionamiento del modelo del estado autonómico y, en particular a los estatutos de autonomía, las referentes a las financiación autonómica, cesión de tributos, así como las leyes marcos, de trasferencia y delegación y de armonización, previstas en el artículo 150 de la Constitución".

Asimismo, "a las relativas a la organización y financiación de las entidades locales", lo que constituye la principal novedad respecto a la moción del PSOE. El texto consensuado reclama además "una mayor intervención del Senado" en las proposiciones de ley originadas en esta cámara, de relevante incidencia autonómica y local, así como en las que procedan de las asambleas de las comunidades autónomas.

Por último, insta a que el informe de la ponencia recoja "cualesquiera otra reforma" que refuerce su función de representación territorial y dote "de un mayor equilibrio al sistema bicameral de las Cortes". Esta reforma llevaría aparejada, según el PSOE, una modificación del texto constitucional que afectaría al Título III, en el que queda regulado el funcionamiento de las Cortes Generales y las funciones del Senado.

Antich ha expresado la voluntad "clara y precisa" del PSOE en llevar a cabo esta reforma para lo que están dispuestos "a evitar todo tipo de confrontaciones estériles" y ha argumentado que por este motivo ha basado su iniciativa en el consenso acordado por los grupos en 1996 sobre las funciones del Senado. "Eran temas muy estudiados jurídicamente y gozan de gran consenso y madurez como para poder ser resueltos", ha señalado Antich, quien ha recalcado que, pese a ser parcial, la reforma sería "muy importante".

El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, ha hecho hincapié en que la Cámara alta ha cumplido "fielmente" con el papel que le asigna la Constitución y ha instado a actuar para trasladar a la ciudadanía la necesidad de que el Estado cuente con una institución como el Senado.

El resto de portavoces ha coincidido en la necesidad de no renunciar a que sea más profunda y afecte a la composición de la cámara, un asunto en el que, a juicio de Eva Parera, de CiU, se debería contar especialmente con los grupos nacionalistas.

También Joan Sabaté, portavoz de la Entesa, ha reclamado un cambio en la composición de la cámara para que los senadores sean representantes de las comunidades autónomas, "como pasa en la mayoría de los Estados federales".

El portavoz del PNV, Iñaki Anasgasti, ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya tenido el "gesto" de acudir en primer lugar al Senado para someterse al control parlamentario.

Las infracciones más recurrentes han sido las de circulación (2.260), seguidas de las relacionadas con las horas de conducción y tacógrafos (1.323), las deficiencias en la documentación del vehículo (1.231), excesos de velocidad (648) y no uso del cinturón de seguridad (409).

Además, otros 775 vehículos fueron denunciados por deficiencias técnicas, de los que 220 fueron inmovilizados. El exceso de peso ha dado lugar a 566 denuncias y el mal acondicionamiento de la carga a 98. De todas las infracciones cometidas, 49 se debieron a exceso de alcohol o drogas.

El objetivo de la campaña es reducir el número de víctimas mortales en accidentes en carretera en los que están implicados camiones y furgonetas. El año pasado murieron en España en este tipo de siniestros 388 personas. La campaña ha coincidido con la operación TRUCK que realiza la Organización Internacional de Policías de Tráfico simultáneamente en más de 25 países europeos.

En declaraciones a los medios reproducidas por EFE, el portavoz de la agrupación, Juan Carlos Segura, ha comentado que el objetivo de este "Viaje de la esperanza" que hoy han hecho a Madrid, es volver a primera página de la actualidad y recordar a los políticos los compromisos incumplidos.

En este sentido, Segura ha recordado que "actualmente hay 2.000 familias desplazadas de sus domicilios habituales, 1.200 viviendas por reconstruir, un tercio de la comunidad educativa de enseñanza secundaria desplazada de sus centros habituales y un tercio de la comunidad lorquiana que necesita asistencia sanitaria ambulatoria y también está desplazada de sus centros habituales.

"Las ayudas no llegan a los damnificados y provoca que cada vez haya más personas que hagan vida en la calle", ha precisado Segura.

Segura ha calificado el problema como una "cuestión de Estado" que es "independiente del color político" de los gobiernos. También ha aludido al alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que ha considerado la concentración de hoy como "inoportuna". "Sus motivos tendrá para pensar ello", ha replicado.

En cualquier caso, ha matizado que el objetivo de la plataforma no es tener "ninguna confrontación con el Ayuntamiento" porque esta jornada no es de protesta sino de "reivindicación".

 Los Terremotos de Lorca, ocurridos el 11 de mayo pasado, provocaron la muerte a ocho personas y decenas de heridos. Los movimientos sísmicos fueron dos: uno de 5,1 de magnitud precedido por otro de 4,5. El epicentro se ha localizado en la sierra de Tercia, en el término municipal de la localidad murciana. El seísmo ha provocado más daños entre cinco y 10 kilómetros al noreste del casco urbano, cerca de la autovía de Murcia, y se ha sentido con fuerza en varias poblaciones de la región, como la capital, Mazarrón, Cartagena y Águilas, e incluso se ha notado en otras provincias como Almería, Albacete y Madrid.

Con diputados

Frente a la reclamación y tras reunirse con los vecinos, representantes del PSOE y de IU se han comprometido a trabajar para que el tema se discuta en el Congreso y para conseguir que lleguen a la ciudad las ayudas pendientes.

El secretario general del PSOE de Murcia y diputado nacional, Pedro Saura, ha anunciado que en el próximo pleno su grupo dirigirá una interpelación a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En las inmediaciones del Congreso, los alrededor de 500 vecinos que se han trasladado desde Lorca en siete autobuses, han mostrado pancartas en las que se podía leer: "Lorca en pie. Solidaria, unida y participativa", "Queremos construir" o "Los damnificados y los terremotos de Lorca aún seguimos esperando. Soluciones ya".