El tribunal ha acordado la nulidad del procedimiento y, en el auto en el que ha hecho pública su decisión, advierte de las "desproporcionadas" medidas que se adoptaron durante su tramitación. De esta forma, ha retrotraído la causa al momento en el que fue sobreseída inicialmente en 2010 y ha revocado las diligencias adoptadas, como es la retirada del pasaporte de Blesa.

El tribunal se reunió el pasado viernes para deliberar sobre la solicitud del Ministerio Público y sobre varios recursos presentados por la defensa de Miguel Blesa contra otras decisiones del juez Silva en el marco de este procedimiento.

El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Imputa a ambos delitos societarios y falsedad documental.

Manos Limpias acusa al que fuera presidente de Caja Madrid de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un 'holding' empresarial que se encontraba en quiebra".

El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de este asunto argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".

Los inspectores del FMI elogian la labor reformista del Ejecutivo de Mariano Rajoy, gracias a la cual “los desequilibrios exterior y fiscal se están corrigiendo rápidamente”, pero echan un jarro de agua fría a la campaña emprendida por el Gobierno —y por altos ejecutivos de empresas— en las últimas semanas por transmitir una imagen de optimismo y la idea de que España ya ha pasado lo peor y ve —a lo lejos— luces que indican la salida de la crisis. No es así, según el FMI, que se limita a señalar que “aunque hay signos de que la contracción de la economía podría terminar pronto, las perspectivas siguen siendo difíciles”. Las previsiones del organismo son más negativas que las del Gobierno. Admite que “un escenario más positivo similar al previsto por el Gobierno es ciertamente posible, especialmente a medio plazo si se llevan a cabo las reformas previstas”, pero que también hay riesgos a la baja.

Pero el Fondo, que en sus reuniones de primavera ya propinó un duro varapalo a las perspectivas económicas de España, pide ir más allá de lo previsto, sobre todo en el ámbito laboral. “La reforma laboral del año pasado supuso mejoras sustanciales y está teniendo impacto”, señala el FMI, en línea con lo que sostiene el Ejecutivo, si bien los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) quitan la razón a ambos: se han destruido más de 800.000 puestos de trabajo desde que entró en vigor el nuevo marco regulatorio. Sin embargo, añade el Fondo, “la dinámica del mercado de trabajo necesita mejorar para reducir suficientemente el desempleo”.

El jefe de la misión para España, James Daniel, ha apuntado en la presentación de las conclusiones del informe en la sede del Banco de España, que en efecto la cuarta economía europea atisba algunos signos de recuepración, pero "ese no es el tema", ha recalcado, sino "si esa reactivación es suficiente para crear empleo". España, ha recordado después, históricamente, ha sido capaz de crear trabajos con crecimiento de a partir de 1,5%. El FMI insisite por eso en la rebaja salarial, que cree que aún tiene recorrido, ya que, según Daniel, el nivel de los sueldos no ha variadio mucho desde antes de la crisis.

Según afirma el Fondo en el informe, su propuesta es que “se alineen los costes de despido para los contratos indefinidos con la media de la Unión Europea y que se incrementen de forma más gradual con la antigüedad”, además de “reducir el número de contratos, ampliar el uso del nuevo contrato permanente”. El documento también plantea una mayor precisión de las causas objetivas de despidos, dado que reclama “reducir el margen de interpretación judicial de los despidos objetivos”. Y es que una consecuencia de la actual reforma laboral ha sido que muchos casos de despidos acaban en los tribunales, donde se determina si en efecto la empresa tenía causas objetivas para despidos procedentes.

Sueldos más bajos

El Fondo también considera que los sueldos tienen que seguir bajando en España. Propone “el compromiso de los empresarios de generar incrementos significativos en el empleo a cambio de la aceptación por los sindicatos de una significativa moderación salarial” , además de otras vías para fomentar la contratación como “algunos incentivos fiscales a través de reducciones inmediatas en las cotizaciones a la Seguridad Social compensadas por incrementos en la recaudación por imposición indirecta en el medio plazo”.

Y también cree que, a no ser que la situación cambie en los próximos meses, son necesarias “reformas más profundas en la negociación colectiva” con el fin de facilitar que las empresas con problemas puedan aplicar rebajas salariales por debajo del convenio colectivo que las rigen, es decir, las llamadas “cláusulas de descuelgue”.

Además de dar el visto bueno al documento sobre pensiones presentado por el comité de expertos que convocó el Gobierno, el organismo internacional pide mejoras en los mecanismos de control de los presupuestos y los gastos públicos. En este apartado, deja el recado de que se potencie la independencia “real y aparente” del consejo fiscal independiente con unos mandatos no renovables para su presidencia de cinco años o más.

En el ámbito fiscal, James Daniel ha advertido de que aunque "hay que continuar la consolidación, el ritmo debe ser gradual". "El déficit sigue siendo muy grande y no es sostenible, pero los ajustes afectan al crecimiento", ha añadido antes de incidir en que también se puede actuar del lado de los ingresos. "¿Cómo? Hay muchas posibilidades, sobre todo en el ámbito de los impuestos indirectos", ha dicho Daniel, si bien ha dejado claro que no está pidiendo una subida del IVA. En su lugar, ha abogado por que "se aumenten los ingresos sin necesidad de tocar los tipos". Es decir, por aumentar la base impositiva (incementado los productos que pagan las tasas más elevadas), en línea con una de las últimas recomendaciones de Bruselas.

Prudencia con los dividendos de la banca

En cuanto al sector financiero, pide una suavización del desapalancamiento financiero, de modo que el proceso de reestructuración sea compatible con que el flujo crediticio llegue a las empresas, uno de los grandes problemas de la economía española en este punto de la crisis. A los bancos les pide reforzar el capital, entre otras cosas con mucha prudencia en el reparto de dividendos.

Entre el resto de recetas, el FMI pide crear una "comisión de crecimiento" independiente para impulsar las reformas, cambiar el régimen de insolvencia empresarial (para facilitar las reestructuraciones de deuda) y personal, medidas para reactivar el crédito, aplicar el factor de sostenibilidad de las pensiones propuesto por los expertos y elaborar un presupuesto plurianual.

Pero no todo son deberes para España. El FMI también pide que el Banco Central Europeo (BCE) adopte nuevas medidas para frenar la fragmentación de los mercados financieros en Europa (por los cuales los países con problemas pagan altos intereses financiarse mientras a los fuertes puede resultarles prácticamente gratis) y que Bruselas avance en la unión bancaria.

Además, pide que el Banco de España mantenga abierta la opción del rescate "para ayudar a cimentar la confianza del mercado y reducir los tipos de interés". Sobre la posibilidad de que la línea de crédito de la ayuda se prorrogue, Daniel ha defendido que el debate se aborde con calma a finales de año.

Sin salir de sus indicaciones al antiguo instituto emisor español, el jefe de la misión del FMI ha defendido la necesidad de que el continúe de cerca con la supervisión. También, ha valorado las pruebas de resistencia a nivel local de las que, apunta, podría concluirse que las entidades necesiten más capital.

"Europa tiene que ayudar más a España", ha destacado Daniel, que ha reconocido que el principal problema que actualmente tiene el país está en la falta de crédito para las empresas solventes, por lo que instado al BCE a que garantice que su política llega a todas partes.

En las conclusiones que hoy presenta en Madrid la misión para España, el organismo señala que su escenario central espera que el crecimiento “empiece a ser positivo más adelante en el año y se recupere gradualmente hasta el entorno del 1% en el medio plazo”, sin más concreción, pero “con mejoras limitadas en términos de empleo”. Y añade que "el sector exterior seguramente continúe siendo el punto fuerte, pero probablemente no baste para generar un crecimiento suficientemente pujante dada la débil demanda interna".

"Un escenario más positivo similar al previsto por el gobierno es ciertamente posible, especialmente a medio plazo si se llevan a cabo las reformas previstas en su integridad tanto en España como en Europa. Pero también hay riesgos a la baja: el desapalancamiento del sector privado podría lastar el crecimiento o las presiones de los mercados financieros podrían intensificarse", explica, dejando claro que difiere de las previsiones del Gobierno.

En sus perspectivas para España del pasado abril, el Fondo ya descartaba que el Gobierno pudiera cumplir con sus objetivos de reducción de déficit siquiera en 2018 y vaticinaba que llegaría al 110,6% del PIB en 2018. La declaración presentada hoy no hace referencia a ello, sino que destaca las mejoras en los objetivos de reducción de los desequilibrios, pero tampoco lanza las campanas al vuelo.

El tirón de la exportaciones, la actualmente gran fortaleza de la economía española, esa a la que Gobierno y altos ejecutivos apelan para señalar el camino de salida a la crisis, no basta para aliviar una tasa de paro del 27% y un entorno de demanda interna de capa caída. “El sector exterior seguramente continúe siendo el punto fuerte, pero probablemente no baste para generar un crecimiento suficientemente pujante dada la débil demanda interna”, alerta el Fondo.

Sin necesidad de más ajustes para este año

En cuanto al ritmo de reducción del déficit, el Fondo advierte ahora de que "un ajuste demasiado rápido dañaría el crecimiento", de modo que  "la consolidación fiscal requerida ha de ser tan gradual y favorable al crecimiento como sea posible". Eso sí, "el déficit sigue siendo muy alto y se necesita continuar reduciéndolo para asegurar la sostenibilidad de la deuda".

"Los nuevos objetivos del Gobierno de reducción del déficit estructural a medio plazo logran un equilibrio razonable entre la reducción del déficit y el apoyo al crecimiento. Será crucial detallar cómo se lograrán estos objetivos y garantizar que las medidas sean permanentes y tan favorables al crecimiento como sea posible. Los objetivos nominales (y, si es necesario, estructurales) deberían ser flexibles en caso de que el crecimiento no alcance el nivel previsto por el Gobierno - cuanto más creíble sea el plan de consolidación, tanto mayor será el margen de flexibilidad con los objetivos. Dada la necesidad de estabilizar la economía y suponiendo que se logra la consolidación estructural en marcha para 2013, no resultan deseables medidas adicionales para 2013", concluye al respecto.

Desde la Puerta de Brandenburgo, justo 50 años después del memorable discurso que John Kennedy pronunció ante ese simbólico monumento, Obama quiere dejar también su propio mensaje de paz y de futuro a Europa, a Occidente y al mundo. Berlín y, particularmente la Puerta de Brandenburgo, ha sido tradicionalmente un lugar elegido para los presidentes norteamericanos para transmitir su visión internacional y su compromiso con este continente.

Cuando Kennedy habló aquí, Europa vivía los años más oscuros de una Guerra Fría que la dividía y la convertía en el escenario central de las tensiones entre las dos grandes potencias. Hoy no hay ningún muro que separe Berlín, pero Europa está en el medio de una crisis económica que ha desmoralizado a los ciudadanos y ha creado otras formas de división y odio entre los europeos, con Alemania, como entonces, como principal protagonista.

Obama tratará de llevar a ese público la misma ilusión que en su día produjo el célebre Ich bin ein Berliner de Kennedy. No será fácil. Obama no es Kennedy, y el Obama de 2013 tampoco es el mismo Obama que habló aquí en 2008 como un candidato presidencial que cautivaba al mundo. El mantenimiento de Guantánamo, el uso insistente de los drones y, más recientemente, el conocimiento de los programas de espionaje de su Administración, han minado el crédito de Obama entre muchos europeos y alemanes que antes echaban rosas a sus pies.

Con su proyecto de desnuclearización, Obama pretende, en parte, congraciarse con todo ese público desencantado. El presidente norteamericano ofrecerá la reducción de una tercera parte del arsenal atómico de EE UU, si Rusia está dispuesto a hacer lo mismo. Ese recorte se aplicaría sobre la cifra que resulta del Nuevo START, el acuerdo de eliminación que Obama firmó con Moscú en su primera Administración.

Si eso se consigue, EE UU, que actualmente posee 1.550 armas atómicas, se quedaría con poco más de un millar. Obama invitará a Rusia a incluir en esa reducción parte del armamento nuclear actualmente desplegado en Europa, un escenario en el que Rusia mantiene todavía superioridad sobre EE UU.

Al mismo tiempo, Obama anunciará su participación en la conferencia sobre seguridad nuclear que se celebrará el año próximo en La Haya y convocará una nueva cumbre en 2016 en EE UU para avanzar hacia un mundo sin armas nucleares. Esa conferencia podría ser uno de los últimos logros de su presidencia.

“Estados Unidos mantendrá una fuerza creíble de disuasión, pero está dispuesto a dar los pasos necesarios para reducir el papel de las armas nucleares en nuestra seguridad estratégica, así como su número”, anticipó un alto funcionario norteamericano.

“Se trata de un programa muy reducido, circunscrito únicamente a perseguir los movimientos terroristas y las pistas de armas de destrucción masiva”, ha declarado el presidente norteamericano en Berlín en una conferencia de prensa junto a la canciller alemana, pocas horas antes de su discurso ante la Puerta de Brandenburgo.

“No estamos mirando los correos electrónicos de nadie en Alemania, en Francia o en cualquier otro sitio, no estamos entrando en Internet y revisando lo que nos da la gana”, ha asegurado Obama, quien defendió esta actividad de vigilancia como “un arma que ha ayudado a salvar vidas”, no solo en EE UU, sino también en otros países.

Merkel ha reconocido que el conocimiento de los programas de vigilancia de EE UU había despertado “preocupación” entre la población por el alcance y el grado de observación a que pueden estar sometidos de parte de EE UU. La canciller alemana ha señalado que el asunto había sido abordado en su conversación con el presidente y que éste le había dado más detalles sobre la actividad de espionaje.

Merkel ha añadido que Alemania valora mucho su colaboración con EE UU para aumentar la seguridad y recordó que las autoridades norteamericanas habían facilitado en ocasiones a su país información muy valiosa para la seguridad de sus propios ciudadanos.

Tanto Merkel como Obama coincidieron en que es necesario buscar un equilibrio entre la seguridad y la privacidad que tenga en cuenta la obligada protección de las personas con las demandas de las sociedades libres. La jefa del Gobierno alemán explicó que, en el mundo actual, va a ser necesario que los países discutan reglas sobre la actividad en Internet, “un espacio de nuevas posibilidades, pero también de nuevos riesgos”.

Las revelaciones hechas por Edward Snowden sobre programas secretos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) han tenido un fuerte impacto en Alemania, un país especialmente exigente con el derecho a la privacidad, y han contribuido a deteriorar la imagen de Obama entre la población.

Intentando aplacar las inquietudes sobre ese asunto y otros que han enturbiado su presidencia, Obama ha manifestado que está dispuesto, en la medida en que existan suficientes garantías de seguridad, a tratar de hacer público lo más que se pueda de esos programas secretos. Recordó, igualmente, que sigue intentando el cierre de la prisión de Guantánamo y que redoblará sus esfuerzos para conseguirlo en los años que le quedan en la Casa Blanca.

Obama y Merkel hablaron también de la situación económica en Europa y de los caminos para remontar la crisis. Merkel sostuvo que su propósito al defender la consolidación fiscal es el de hacer a Europa más competitiva, “porque Alemania será más competitiva si toda Europa es más competitiva”. Obama, que ha aplicado en su país una política diferente -estímulo económico a través de mayor gasto público-, dijo que “no existe una fórmula perfecta” para salir de la crisis, pero que era necesario “enfocarse en el crecimiento, sin olvidar la consolidación fiscal”.

Sin cifras de ahorro comunicadas, el presidente quiso darle hoy toda la solemnidad al anuncio. Es, según Rajoy, la radiografía "más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en la historia de la democracia". Los cambios propuestos esta mañana por el presidente, sin embargo, no van más allá de recomendaciones que las Comunidades Autónomas podrán adoptar o no.

"Quisiera acabar con un mito muy extendido sobre el tamaño de la administración pública: España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público, un 43%, seis puntos menos que nuestro entorno", explicó. "Nuestro mayor problema es el desplome brutal de los ingresos", resumió Rajoy. "La reforma de las administraciones públicas dio arranque en nuestro primer día de Gobierno", se defendió Rajoy, frente a las críticas de que el Ejecutivo ha tardado demasiado en presentar los grandes cambios prometidos en su programa electoral.

Estas son algunas de las 217 medidas, 120 relativas a duplicidades, contenidas en el estudio de 200 páginas que ha sido elaborado bajo la supervisión directa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En este proceso los ciudadanos han remitido al Ministerio de Hacienda más de 2.000 propuestas para eliminar burocracia.

Inmuebles. Aunque el momento es, a todas luces, muy complicado para hacer ventas en el sector inmobiliario, el Gobierno quiere enajenar 15.000 inmuebles y reordenar los alquileres de sedes institucionales. Para ello se ha realizado un estudio de ocupación y se han reducido ya arrendamientos a través de la supresión de 356 contratos con un importe de 40 millones de euros. Se intentará que ningún edificio público esté vacío. Las ventas de inmuebles han reportado hasta ahora al Gobierno 88 millones de euros.

Funcionarios. Las nóminas de los funcionarios se generan según unas pautas adoptadas en el año 1974. Cinco días antes del pago de las nóminas, el Estado hace una provisión del dinero que va a entregar a sus empleados. Un cambio en esta práctica, unido a la eliminación de las 132 cuentas bancarias desde las que la Administración realiza los pagos podría ahorrar, según el Gobierno, seis millones de euros.

Supresión de puestos de trabajo y servicios. El Ejecutivo insiste en que ya se han eliminado 377.000 puestos públicos y que las nuevas medidas no incidirán en este capítulo, sino en la extinción de la burocracia. También insiste en que "ningún servicio esencial", se dejará de prestar. Entre las medidas a adoptar en materia de función pública está la creación de una bolsa de empleo que fomente "la movilidad laboral".

Ahorro ¿millonario? El presidente no ha dado cifras sobre el ahorro que supondrán estas medidas. Las únicas pistas las da el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas, que cuantifica en 8.000 millones la eliminación de duplicidades administrativas junto a la reforma de los Ayuntamientos. Sin embargo muchos expertos han cuestionado que realmente se pueda llegar a alcanzar esta cifra. Es, además, dudoso que las Comunidades Autónomas vayan a aceptar de buen grado algunas de ellas, como la pérdida del control sobre las compras de suministros. La capacidad para que Madrid  las imponga es muy limitada y está sujeta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Centralizar contratos y cuentas. "¿Qué sentido tiene comprar por separado?" se preguntó esta mañana Rajoy. El Estado tiene abiertas 4.823 cuentas bancarias y menos del 10% corresponden al Banco de España. Se creará una plataforma de compras centralizada y se controlará la deuda comercial del sector público para "que se pague a los proveedores, en buena parte pequeñas y medianas empresas". También habrá un registro único de empresas licitadoras.

Coto a los "chiringuitos" autonómicos. El Gobierno quiere continuar con la supresión de organismos autonómicos como agencias meteorología, energía, o para la defensa competencia. "Desde el Estado se presta el mismo servicio", dijo Rajoy.  El mensaje fue claro para las autonomías, sobre las que el Estado tiene poca capacidad de imponer estas reformas. "Si se aplicasen las 120 propuestas de reducción de duplicidades se aumentaría el ahorro de las Comunidades Autónomas", explicó el presidente.

Menos "ventanitas". "Una notificación postal cuesta 2,5 euros, una electrónica 0,19 euros".  Rajoy puso este ejemplo para abordar la necesidad de que se avance en la administración electrónica. "No es un ahorro menor", recalcó, en su idea de que "menos ventanitas", ofrecen "menos coste y más ahorro". 

Parque móvil. En el último año el Estado ha pasado de tener 1002 conductores para 930 vehículos a 852 chóferes para 630 vehículos. En Madrid, el recinto que ocupan los coches oficiales alcanza los 26.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. El Gobierno trasladará el aparcamiento a zonas donde el suelo sea más barato. 

Sueldo de los directivos. Los políticos han dejado de ocupar, según el Gobierno, 268 puestos en consejos de administración de empresas públicas y han dejado de cobrar por ello. El ahorro que se ha conseguido con esta y otras medidas similares alcanza los 30 millones. Se han suprimido empresas públicicas, agencias y fundaciones. 

El presidente ha ofrecido algunos ejemplos concretos -cuánto se ahorra en enviar una comunicación por correo electrónico en vez de de hacerlo por correo, la idea de que la Administración tiene más 4.800 cuentas bancarias abiertas que se pueden reducir o la intención de centralizar las compras, algo que ya se viene haciendo- y ha asegurado que ya se conocerán los detalles de las más de 200 medidas. Pero este secretismo ha molestado mucho a las autonomías, también algunas del PP, que fueron convocadas al acto ayer a toda prisa y que se van de La Moncloa sin siquiera un papel.

Rajoy les ha pedido colaboración -la ley le impide obligarles a casi nada- y les ha prometido que este asunto se discutirá en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente ha tenido buenas palabras para ellos -"Este documento es una propuesta, nos gustaría acordarla con todos, aquí no hay ideología, hay un intento de ser más eficaces"-, pero el ambiente político que se ha creado con la fórmula secretista del Gobierno augura muchos conflictos.

Rajoy ha apuntado que en su opinión hay entes de las autonomías que se podrían eliminar, como los servicios de meteorología autonómicos o los organismos de defensa de la competencia, pero no ha querido detallar esa parte que solo puede ser una propuesta y no puede ser obligatoria para las autonomías. El documento contiene 120 propuestas para eliminar duplicidades que se discutirán con las autonomías, mientras que las que afecten a la Administración central se aplicarán a partir del viernes.

El propio presidente ha querido suavizar las expectativas y al arrancar su discurso ha explicado que España tiene una "buena Administración" y que él quiere "desmontar el mito" de que en este país hay muchos funcionarios y mucho gasto público, un mensaje claramente dirigido a los sectores de su partido que, como José María Aznar, le piden que recorte mucho más. "Quiero acabar con un mito sobre el verdadero tamaño de la Administración. Con datos de 2012 España se sitúa entre países con menor gasto público de la UE, un 43% frente a 47% media zona euro. Dos tercios es en gasto social y servicios públicos básicos. Entre 2005 y 2012 hubo un gran aumento de empleados públicos, como Irlanda y Grecia. Pero solo el 25% se dedica a la gestión. El 75% restante son maestros, médicos, policías, jueces, esto es, servicios esenciales del Estado de Derecho y del Bienestar. Nuestro mayor problema en realidad es el desplome de los ingresos públicos. En 2012, España fue el país con menor nivel de ingresos publico de la UE, 10 puntos por debajo de la media. Somos los que menos recaudamos", ha explicado Rajoy, para aclarar después que desde que él gobierna se han destruido 375.000 empleos públicos. "Estas decisiones son muy difíciles", ha recordado.

Pese a haber tardado seis días en hablar públicamente de este asunto, el titular de Hacienda ha limitado sus explicaciones a la teoría del error con el DNI de la hija del Rey,. "Se produce un error en la carga de los datos y, a partir de ahí, en el traslado a la vía judicial". No obstante, ha asegurado, este fallo, cometido de forma reiterada, no ha afectado a la investigación judicial del juez instructor del caso Nóos, José Castro. "Esto no perjudica la calidad del proceso judicial", ha señalado.

Preguntado sobre el origen del error y sus causas, Montoro tampoco ha sido capaz de apuntar alguna hipótesis: "Técnicamente no sé cómo se ha producido. No vean fantasmas volando, son errores puramente administrativos. Decir que no se producen esos errores es no estar en ese mundo", ha insistido. En este sentido, ha asegurado que "existe el encargo de que no se vuelva a repetir" y para ello se ha puesto en marcha una investigación interna que, en su opinión, despejará las dudas y "determinará el origen del error". 

Las palabras del ministro de Hacienda no han avanzado, en lo sustancial, con respecto al comunicado que ayer emitió su departamento. En esa nota, el ministerio admitía el fallo con el DNI de la Infanta y se escudaba en que los técnicos del ministerio manejan "un volumen de información ingente". Un día después de esquivar a los periodistas en el Senado, hoy Montoro ha vuelto a hablar de "millones y millones de datos" y de la complejidad de su gestión. ¿Cómo se ha producido el fallo? ¿Cómo sabe que se trata de un error? El ministro ha eludido contestar, aunque ha tratado de trasladar una imagen positiva de la Agencia Tributaria, "una de las mejores del mundo y de las más eficientes". lo que refleja preocupación por el menoscabo en la imagen de esa institución. 

El PSOE ha exigido "explicaciones y responsabilidades por "una situación esperpéntica digna de una república bananera". El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura, ha pedido al ministro que comparezca en sede parlamentaria para dar "explicaciones a todos los contribuyentes españoles". "Nunca se ha puesto más a los pies de los caballos a la Agencia Tributaria", lo que en su opinión genera "una merma de la credibilidad pública preocupante para la credibilidad del Estado".  

Antes, en el hemiciclo, el ministro de Hacienda había respondido a una diputada socialista que "no hay política" en el informe de la Agencia Tributaria que atribuía 13 propiedades a la infanta Cristina, vendidas por 1,43 millones de euros. Posteriormente, Montoro ha dicho que “existe en encargo de que errores como los de la Infanta no vuelva a ocurrir”. El ministro también ha informado de que existe abierta una investigación interna cuyo resultado habrá que esperar para determinar qué ha pasado.

La diputada Carmen Sánchez había pedido explicaciones al ministro sobre el enredo de las fincas en la parte final de una pregunta durante la sesión de control sobre las actividades de la zona franca de Cádiz. En su opinión, el ministro está "en el punto de mira" por este asunto.

"Demuestre que, por encima de los fallos de su gestión, usted es capaz de dar la cara", le ha espetado. El ministro ha contestado brevemente en este asunto, para pasar a responder sobre el contenido de la pregunta formulada oficialmente: "No vea política donde no la hay".

Las circunstancias del error y la tardanza de Hacienda en dar explicaciones provocaron ayer malestar y desconcierto en las filas del PP y algunos miembros del Gobierno. Tanto es así, que el portavoz popular en la Cámara baja, Alfonso Alonso, reconoció: “Es evidente" que Montoro "aún no ha dado suficientes explicaciones”.

Los registradores han enviado cientos de folios con toda la vida de las fincas implicadas en este enredo. Son notas históricas del Registro Mercantil, escrituras de venta o donación por herencia, actas de defunción, fichas del Catastro con croquis... El estudio permite ver los DNI o NIF de compradores y vendedores. Pero solo figuran dos 14, número que coincidiría con el documento de la Infanta. Esos 14 corresponden con los de los dos compradores y actuales propietarios de un piso y una plaza de garaje atribuidos a la Infanta en la playa de San Juan, en Alicante. Se trata de una pareja vizcaína, con la que ya contactó este diario y negó cualquier relación con doña Cristina. Ningún DNI más empieza o termina por el famoso 14.

Ninguna coincidencia más, aunque sí un parecido algo remoto. Las dos personas que figuran como propietarias por herencia de los terrenos que se atribuían a la Infanta en Pilar de la Horadada, en el extremo de Alicante próximo a Murcia, tienen sendos DNI que comienzan por 74. Por aproximación al 14...

Respecto a las casas y terrenos rústicos de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), ni un parecido: ni empiezan por 1 ni hay un 14 ni al principio ni el el cuerpo del número del DNI. Exactamente lo mismo que ocurre con la finca de Calella (Barcelona).

El sector conservador no solo ha cerrado filas en torno a Pérez de los Cobos, sino que, además, ha logrado que con este candidato y su compromiso de apoyo a Asúa, ambos hayan sido elegidos en primera ronda y por unanimidad, sin ninguna escisión.

La propuesta de que Pérez de los Cobos y Asúa fueran presidente y vicepresidenta, respectivamente, ha partido de los magistrados Juan Antonio Xiol y Enrique López, según fuentes del Constitucional. La renovación es consecuencia de las vacantes dejadas por Pascual Sala y Ramón Rodríguez Arribas, que han concluido los tres años de mandato.

No es inusual que los magistrados de un sector apoyen a un candidato del opuesto, ya que para la vicepresidencia se suele designar a una persona del sector contrario al que ocupa el presidente del órgano, con el fin de mantener cierto equilibrio.

Las normas no escritas señalan también que el presidente y vicepresidente han de ser dos de los magistrados lleven más tiempo en el tribunal, con lo que, legalmente, nada impide que se varíe la fórmula. Sin embargo, la elección de hoy ha seguido esa costumbre.

Así, se queda en única la novedad que se dio en la última elección de magistrados al Tribunal Constitucional, con la designación, por parte del Gobierno, de Enrique López, que no procede del Supremo (tal como había ocurrido hasta ahora con todos los jueces que llegaban al alto tribunal) sino de la Audiencia Nacional.

Además de López, la semana pasada tomaron posesión como magistrados Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol Ríos y Pedro González-Trevijano.

Considerado de perfil moderado en su conservadurismo, su nombramiento se interpretó como una figura de consenso. Habitualmente ha votado cerca de posturas conservadoras en las sentencias de más relevancia ideológica, pero se postuló a favor del matrimonio homosexual. De hecho, en las actas de su comparecencia para el “examen de idoneidad” en el Senado constan elogios del entonces portavoz del PP, Pío García Escudero. La portavoz del PSOE, Carmela Silva, no le hizo ni una sola pregunta.

Pérez de los Cobos nació en 1962 en Yecla (Murcia), donde su padre ejercía como pediatra, quien incluso llegó a integrar la candidatura de Fuerza Nueva al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1977.

Se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia y es doctor por esta Universidad y la de Bolonia. Antes de ejercer como profesor en la Complutense, estuvo en la Universidad de las Islas Baleares y en la Autónoma de Barcelona.También ha sido profesor de Derecho Comunitario del Trabajo en la Universidad de Milán entre 2004 y 2007.

En abril de 2012 entró a formar parte de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un nombramiento que generó polémica por su posible colisión con su labor a la hora de evaluar la constitucionalidad de la reforma laboral.

Con anterioridad ha sido vocal del Consejo Económico y Social entre el Grupo de Expertos designados por el Gobierno de Aznar en 1996. Tres años después formó parte del Consejo Asesor de Sagardoy Abogados y desde 1998 colabora con en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). También ha actuado como árbitro en el Tribunal Laboral de Cataluña.

Ha asesorado mediante la elaboración de dictámenes o informes a de diversas instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Sanidad, el Departament de Treball de la Generalidad de Catalunya, la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. También es secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, cargo para el que fue nombrado en la reunión Plenaria de la IX Conferencia celebrada en Cádiz los días 17, 18 y 19 de mayo de 2012.

Pérez de los Cobos es autor de más de un centenar de publicaciones relacionadas con su especialidad como El teletrabajo en España, Nuevas tecnologías y relación de trabajo o El Derecho social comunitario en el Tratado de la Unión Europea.

Aficionado a los viajes, los museos y sobre todo la lectura y la escritura, ha publicado las novelas No hay Derecho, un libro de cuentos disfrazado de manual de casos prácticos del Derecho, y Parva memoria, una compilación de aforismos en le que se muestra muy crítico con el nacionalismo. En él hace afirmaciones como que el dinero es "el bálsamo racionalizador de Cataluña" o que no hay en Cataluña acto político que se precie "sin una o varias manifestaciones de onanismo".

El fiscal, que apeló contra los autos en los que el magistrado admitía a trámite varias querellas por este asunto, pide que sea el pleno del tribunal quien resuelva sobre esa admisión, "dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse". Los escritos van dirigidos a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la misma que ordenó a Andreu investigar las ventas de preferentes e incorporarlas a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia. El juez, sin embargo, decidió abrir una pieza separada con ellas.

Anticorrupción cree que, ante la "previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido", debe ser el pleno el que "decida el cauce por el que deberán dilucidarse las eventuales cuestiones que se susciten ante la sala", por lo que reclama la celebración de una vista oral previa.

La investigación emprendida por Andreu abarca al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, seis miembros del consejo de administración —entre ellos Gerardo Díaz Ferrán—, otros ocho altos cargos de esta entidad y Bancaja, así como contra sus filiales, Bankia, y su matriz, BFA,

Según su criterio, la comercialización de preferentes comprende una doble vertiente: la primera la de su ideación y venta general por parte de la cúpula directiva de las entidades, lo cual ya se está investigando en la causa de Bankia, en la que están imputados todos los que fueran miembros de su consejo de administración y su expresidente Rodrigo Rato.

La otra es la comercialización individualizada por parte de los directores de las sucursales, y es en este punto en lo que discrepa la Fiscalía, que considera "improcedente" iniciar una investigación penal "masiva" dirigida contra todos estos empleados.

En este sentido, sostiene que "el engaño dirigido a una masa de víctimas puede idearse desde la dirección de las entidades, pero no desde la posición de quienes comercializaron" estos productos. "Y ello porque resulta descabellado mantener que existió una planificación general y orquestada por todos los directores, comerciales o empleados de sucursales" para "colocar de forma fraudulenta" las preferentes entre los inversores minoristas.

Además, "igualmente queda fuera de toda lógica" que estos trabajadores conocieran los estados financieros de la entidad, cuando lo que ocurrió "sencillamente" es que los comerciales se limitaron a vender un producto "autorizado y regulado, siguiendo las instrucciones impartidas por la dirección de las cajas".

Rechaza así "la sugerida creación de espacios de impunidad" que alegó Andreu para admitir las querellas y vuelve a defender la vía civil ante la "ausencia de datos objetivos" que permitan el encaje penal de los hechos denunciados por UPyD y varios particulares en las mismas.

Por ello, insiste en que una investigación general sobre un delito de estafa cometido supuestamente por los empleados de las entidades "supondría convertir esta investigación en un paradigma de macro-causa ingobernable" con "cientos de imputados" que vendieron estos productos en "circunstancias diversas para cada caso" y "miles de testigos" que las adquirieron.

A ello se une una "infinidad" de diligencias en ciudades de toda España que alargarían el proceso, que "generarían una grave desprotección a las víctimas" y harían "inviable" el mismo. No obstante, Anticorrupción no excluye la posibilidad de que se hayan producido engaños con relevancia penal, como en los casos de "personas incapaces, de edad avanzada o analfabetas".

En definitiva, resume el fiscal, la Audiencia Nacional es competente para investigar si la venta masiva de preferentes "obedeció a un plan ideado" por los responsables de las cajas pero no para enjuiciar a los empleados que lo ejecutaron.

Así se lo ha comunicado a los letrados en la apertura de la declaración de esta mañana. Lo habían solicitado hace unos días las acusaciones particulares, petición a la que se sumó la fiscal, tras las declaraciones como testigos de dos mandos policiales, que se produjeron a principio de junio: Oskar Santos y Gerardo del Rey. Ambos, así como, el inspector jefe, Emilio Monteagudo, imputado en la causa, continúan en sus cargos. También sigue ejerciendo el mando que dirigió el dispositivo policial, Cándida Jiménez, que declaró ante el juez que tuvo que hacer varios informes tras la tragedia, que no le dieron los medios para actuar aquella noche y que el nivel nunca se movió.

El juez también ha dicho a los letrados que rechaza iniciar una causa contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo y Miguel Ángel Villanueva, por posible prevaricación por favorecer al empresario organizador de la fiesta Miguel Ángel Flores. El magistrado no aprecia, según les ha explicado, conexiones entre este posible hecho y la tragedia del Madrid Arena, según han informado los abogados en un receso de la declaración.

Hoy estaba citado el directivo de la empresa organizadora del evento Diviertt, Santiago Rojo, que se ha reiterado en que fue Francisco del Amo, coordinador de operaciones y proyectos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), el que ordeno la apertura del portón por la que entraron unas 2.500 personas mientras actuaba el DJ Steve Aoki. Rojo también ha reiterado que vio un número muy alto de personas en el recinto municipal, que superaban las 10.000 y que se concentraban, en su mayoría, en la pista.

El responsable de Diviertt ha echado toda la culpa de la venta y control de entradas a Flores y ha reiterado que las que se encargaron a una imprenta de la calle Hortaleza (17.500) se vendieron íntegramente, por lo que el número de asistentes puede llegar a unas 20.000 personas, según los abogados. A esa cifra hay que añadir las vendidas en Internet, las entradas VIP y los invitados de Madridec.

La Fiscalía deja en manos del tribunal de A Coruña buscar una fórmula para que Mangouras, para el que pide 12 años de cárcel, no tenga que cumplir tras las rejas esa pena. La finalidad es que conlleve que se declare responsable civil directo a la aseguradora británica del petrolero, la única sociedad solvente del enrevesado entramado empresarial del barco que la justicia española logró incluir en este juicio. Es quien debe pagar la factura de la catástrofe, insistió el fiscal. “No queremos dar la sensación de que este proceso es toda una Administración contra un pobre capitán”. La culpable última, dijo el fiscal, debe ser la aseguradora del barco, The London Steam-Shipping Owners’ Mutual, a la que acusó de haber “tenido un comportamiento desleal con la Administración y la gestión de la catástrofe”.

Ortiz, no obstante, se extendió en mostrar documentos e imágenes que están en el abultado sumario de esta causa, la mayor jamás instruida por España, que ahonda en el mal estado del barco, la falta de rigor total en muchas de las inspecciones y controles periódicos al que se sometía, y las deficiencias de la importante reparación del foro. Insiste la Fiscalía en que el capitán, “último eslabón de toda una cadena de personas” del entramado empresarial del ‘Prestige’, se afanó, tras el accidente del barco, en no colaborar, ni informar a las autoridades españolas con el fin de preservar primero los intereses de su armador.

El fiscal además hizo, en su alegato, una encendida defensa del director de Marina Mercante José Luis López-Sors, también sentado en el banquillo de los acusados, al considerar que por mucho que se equivocará en su “decisión dramática” sobre qué hacer con un petrolero vertiendo fuel, no infringió ninguna norma y no puede ser considerado responsable penal de la catástrofe.,

Múltiples imágenes, muchas recabadas desde el aire por los pilotos de los helicópteros de Salvamento Marítimo, así como llamadas entre los principales encargados del Gobierno de gestionar el desastre y los mandos del petrolero versan sobre una cuestión clave: ¿cuál fue el alcance del derrame inicial? ¿fue una catástrofe irremediable desde el principio, con más de 20.000 toneladas vertidas al mar, como sostiene el fiscal? ¿o tras la fuerte escora del principio, corregida a las pocas horas, el petrolero solo perdió un 3% del fuel, como afirma su naviera, y la situación aún era salvable? “Cogedlo y llevadlo para afuera hasta que se hunda, esa es la consigna”, ordena alto y claro, la misma tarde del accidente, el exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors.

Hay imágenes de pérdidas de fuel a borbotones en las primeras horas, e incluso nocturnas de un gran vertido en el mar a las 36 horas del siniestro.

Pero también mandos de Salvamento y tripulantes de remolcadores y helicópteros que confirman que a la mañana siguiente, 14 de noviembre, “la contaminación es ligera”, apenas perceptible, y la situación del barco estable. El derrame de fuel “no es grave y si no llega a tierra, menos”, confirma el director de la Sociedad Estatal de Salvamento, Javier Gárate.

No había unanimidad entre los altos cargos y mandos al frente del operativo sobre qué hacer con el barco. Y menos acerca de la idoneidad de la decisión de Fomento de enviarlo a alta mar, lo más lejos posible. Jefes de Salvamento defendían que lo mejor era llevarlo a un lugar de abrigo, “porque como se parta...”. En otro momento, López-Sors admite: “Solo nos queda rezar”.

También se emitieron los vídeos inéditos de la misión submarina enviada por el Gobierno, meses después del hundimiento, para medir las chapas del pecio del Prestige y tratar de demostrar su mal estado mucho antes de la catástrofe. Unas pruebas que España presentó como claves en su fallida demanda en EE UU contra la clasificadora ABS pero que tardó diez años en remitir a la justicia española.

Tras concluir la presentación de las pruebas, la Fiscalía mantiene su petición de 12 años de prisión para el capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras, como autor de un delito contra el medio ambiente y otro de daños en espacio natural protegido, también ha estimado los daños ocasionados a España en 4.328 millones de euros, de ellos 2.433 millones para Galicia. Además, ha reclamado una indemnización para la Xunta de 1,2 millones de euros por las 10.000 toneladas de vertido de fuel, todavía sin tratar, que hay en la planta de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales. La Abogacía del Estado ha pedido una condena de seis años de prisión para el capitán del buque por un delito contra el medio ambiente, mientras que ha retirado esta acusación al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos. En su caso, ha solicitado seis meses de prisión por desobediencia grave y resistencia a la autoridad, que también reclama para Mangouras. Otras administraciones, como la Xunta, piden para Mangouras penas de 3 años de prisión y otros 18 meses de cárcel para el jefe de máquinas.

Para cada uno de ellos, el letrado que representa a 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria ha mantenido la acusación de 8 años de prisión por un delito contra los recursos naturales y otro año por desobediencia. Por su parte, Nunca Máis se ha ratificado en su petición de una pena de 5 años y 6 meses de prisión para el capitán y de cinco años y un día para el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, por un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Mientras, las defensas han reclamado la absolución.

El relevo de Ventero se produce un año después de su nombramiento y casi 700.000 oyentes menos en RNE. La estrategia de programación que impulsó, con la destitución fulminante de los responsables de los principales programas (Juan Ramón Lucas, en el magacín matinal, y Toni Garrido en el de la tarde) ha provocado una espectacular caída de la audiencia. Uno de cada tres oyentes de la radio pública se ha ido a otras emisoras. Según la última Encuesta General de Medios (EGM), RNE ha perdido el 15% de los oyentes en el primer trimestre del año, un descenso que se une al 23% que se dejó en la oleada anterior, realizada a finales del año.

Además del fracaso en la audiencia, Ventero ha tenido una fuerte contestación interna. Hace pocas semanas, 517 trabajadores (la mitad de la plantilla de RNE) firmó una carta dirigida al presidente de RTVE y al Consejo de Administración en la que expresaban su preocupación por la velocidad de caída de la audiencia y el temor a que RNE se convirtiera en “una radio residual alejada de los oyentes”. “Teniendo en cuenta que los trabajadores somos los mismos que hace unos meses, esa pérdida de audiencia solo puede deberse a una gestión equivocada. Una gestión que le ha arrebatado a RNE las principales señas de identidad que deben caracterizar a una radio pública: independencia y calidad”.

Los trabajadores apostaban por una radio “moderna, actual y pegada a la realidad” y ponían en dura que la nueva Radio se asentara en criterios calidad profesional.

En un comunicado difundido este miércoles, la corporación afirma que Ventero deja el puesto “una vez culminada la puesta en marcha de la nueva Radio 5 y de haber coordinado la integración de los Centros Territoriales de RNE y TVE”. Pasará a desempeñar la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE “para proyectar y potenciar la imagen de la Corporación en su relación con el resto de medios de comunicación, instituciones públicas y privadas y dinamizar la comunicación interna de la Compañía, la Responsabilidad Corporativa y coordinar la labor de los tres pilares básicos de la Corporación: TVE, RNE y RTVE.es.

Este movimiento de directivos ha sido anunciado por el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, al consejo de administración de la corporación, que ha aprobado la propuesta. No en vano, este organismo cuenta con una holgada mayoría de consejeros propuestos por el PP.

Pero dentro de la cadena se ha cuestionado la participación de periodistas en eventos “que no son periodísticos sino políticos”. Los profesionales de RTVE insisten en reclamar la independencia de la radio y la televisión pública y evitar que RTVE se convierta en un medio progubernamental.

Rajoy acudió a la asamblea anual de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid, un acto en el que ha asegurado, durante su discurso de clausura, que con la reforma financiera puesta en marcha por el Ejecutivo se ha "limpiado la herida" en el sector y "ya está cicatrizando", y a partir de ahora "la vuelta al crédito debe producirse con rapidez".

El conflicto comenzó en 2005, cuando España decidió subvencionar el paso de la televisión analógica a la digital, un proceso que culminó en abril de 2010. El Gobierno diseñó un plan para llevar las nuevas señales a núcleos demográficos inhóspitos, que abarcaban alrededor del 2,5% de la población. Esas subvenciones se otorgaron exclusivamente a la tecnología terrestre, dejando fuera otras alternativas, como el satélite o el cable. La Comisión, que recuerda que España no le notificó este proyecto, sostiene que la medida favorece “a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras”.

Afirma que los operadores de plataformas terrestres “han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español”. Las ayudas concedidas repartidas por las comunidades autónomas afectaron a unos 425.000 hogares.

El director general de Astra en España, Luis Sahún, ha afirmado que esta resolución pone de manifiesto que “se puede competir con los méritos de cada tecnología” y que "para el desarrollo industrial y la innovación es fundamental que el mercado de las telecomunicaciones sea abierto y que los usuarios puedan elegir”. Considera, además, que el satélite se ha demostrado como un medio rápido y barato para el despliegue de redes de televisión.

Astra, una compañía que tiene la sede en Luxemburgo, recuerda que opera en España desde hace muchos años y que es necesario que “las bases de la competencia sean las mismas en todos los países del la UE”.

La investigación de la Comisión puso de manifiesto que aquellas subvenciones se destinaron exclusivamente a la digitalización de la tecnología terrestre. En cambio, otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o Internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio”.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas, según la Comisión. “La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español”.

Además del recurso interpuesto por Astra, un operador local de Castilla-La Mancha reclamó también a Bruselas, con lo que esta investigación –que todavía no se ha resuelto- podría incrementar el montante de las ayudas que los operadores de red deben devolver.

"Se está analizando la situación con los aspectos relacionados con la regulación de su cese de explotación definitivo, ya que no se produce por razones de seguridad nuclear, sino que se basa única y exclusivamente en razones económicas", ha declarado el ministro.

El pasado 16 de mayo, Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, solicitó al Ministerio de Industria la modificación del real decreto que ordenaba su cierre el 6 de julio para poder evaluar la prórroga de su vida útil (durante un año más, pero sin operar). Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Soria ha explicado que no se ha podido atender la petición por "la imposibilidad del cumplimiento de los plazos en la ley que regula el procedimiento administrativo".

Por tanto, "en el momento actual, conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivos, con anterioridad al 6 de julio el Ministerio deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo" de Garoña, la central más antigua y pequeña (450 Kw) del país.

La tramitación de la orden incluye la remisión de la documentación del expediente a las tres comunidades afectadas (País Vasco, Castilla y León y La Rioja), algo que ya se ha hecho, según el ministro, que ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta del diputado del PNV, Pedro Aizpiazu.

El diputado vasco ha solicitado el cierre de Garoña, igual que hizo recientemente el Parlamento vasco, y ha considerado una excusa las razones económicas que adujo en su momento Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

En diciembre de 2012, Nuclenor desacopló a Garoña de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó, según dijo, por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos. La empresa ha sostenido reiteradamente que la nueva fiscalidad hace inviable su funcionamiento. A final de este mes está previsto que el Gobierno presente su reforma eléctrica.

El pasado 24 de mayo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) votó por mayoría a favor de conceder un nuevo plazo a esta central para poder considerar la prórroga.

La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por el entonces presidente del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Gobierno del PP revocó la decisión y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil —fue una de sus promesas electorales—. Nuclenor se negó entonces a solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Ecologistas en acción ha valorado el anuncio del ministro de Industria como "una excelente noticia", aunque ha lamentado el "extraño y opaco proceso" que ha supuesto el cierre de la central. Asímismo, la organización defensora del medioambiente ha pedido que el Gobierno se plantee la clausura escalonada del resto de plantas nucleares, que considera "prescindibles" por el "exceso de potencia del sistema eléctrico de España".

Miembros de esta fuerza de élite, que asume el papel de la policía en cada Estado cuando se producen conflictos sociales o situaciones excepcionales, serán desplegados en Río de Janeiro, Bahía, Minas Gerais, Ceará y en el distrito federal, indicó el Ministerio de Justicia, citado por la agencia. "La Fuerza Nacional tiene un papel conciliador, de mediador y no de represión", precisaron las autoridades.

Esta medida no se aplica por el momento en Pernambuco, donde también se celebran partidos de este encuentro futbolístico. Esta fuerza policial ya intervinieron el domingo, ante el estadio Maracaná de Río de Janeiro, durante el partido México-Italia, para dispersar con pelotas de goma y gases lacrimógenos a grupos de manifestantes que intentaron irrumpir en el estadio.

Cientos de miles de manifestantes se han lanzado en los últimos días a las calles de las principales ciudades brasileñas en una protesta que comenzó contra la subida de los precios de los transportes pero que se ha convertido en una movilización contra el modelo de crecimiento, desde la inseguridad hasta la falta de servicios sociales. Los gastos para la Copa del Mundo de fútbol de 2014 o los Juegos Olímpicos de 2016 también han estado en el centro de las protestas.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, salió el martes al paso de las protestas por primera vez desde que comenzaron las manifestaciones y elogió "la fuerza" de los indignados brasileños. La presidenta también aseguró que iba a escuchar sus quejas.

El jueves se han convocado manifestaciones en numerosas ciudades, entre ellas Río de Janeiro, donde se va a celebrar el partido España-Tahití.

Horas antes, la presidenta Dilma Rousseff había calificado las manifestaciones como "un mensaje directo a todos los gobiernos de repudio a la corrupción y al uso indebido del dinero público". En el palacio de Planalto, en Brasilia, Rousseff añadió que su Gobierno "está escuchando las voces del cambio". Más tarde, la mandataria viajó a Sao Paulo para reunirse con su antecesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el alcalde de la ciudad, Fernando Haddad, quien tras la reunión se mantuvo firme en su propósito de aumentar las tarifas del transporte público a partir del próximo 1 de julio.

La concentración comenzó pasadas las cinco de la tarde, cuando el alcalde de la ciudad, Fernando Haddad, marchó al aeropuerto de Congonhas para reunirse con Lula da Silva y la presidenta Dilma Roussef, quien viajó a São Paulo para analizar el problema sobre el terreno.

A las siete, varias decenas de manifestantes se apoderaron de las vallas de protección que rodeaban el ayuntamiento y atacaron a los guardias municipales. Después, apedrearon el edificio e intentaron entrar por la puerta principal mientras los guardias los repelían con gases lacrimógenos. Otro grupo de manifestantes intentó calmar los ánimos, volvió a levantar las vallas e impidió la invasión del edificio.

La mayor parte de la manifestación continuó su camino hacia la avenida Paulista, pero los violentos siguieron frente al ayuntamiento. Dentro, unos 100 policías municipales, 200 funcionarios y varios periodistas, entre los cuales se encontraba el autor de esta crónica, permanecían encerrados. Las autoridades municipales intentaron evitar en todo momento la llegada de las tropas antidisturbios. Pero los violentos quemaron un camión del canal televisivo evangélico Rede Record y siguieron asediando el edificio. Destruyeron una sede bancaria y saquearon varias tiendas.

"Esa gente no tiene nada que ver con las protestas, son simples delincuentes", reconocían los periodistas que trabajan para el ayuntamiento. La policía antidisturbios llegó pasada las nueve de la noche y, finalmente, a las diez y media, funcionarios y periodistas pudieron salir del ayuntamiento.

Unos pocos vándalos habían conseguido por unas horas desviar el foco de la Avenida Paulista. Pero las cifras hablaban por sí solas: los saqueadores de tiendas apenas pasaban de varias decenas, mientras que la Avenida Paulista fue tomada de forma pacífica por mãs de 50.000 personas.

Alaya sostiene que González Mata se concertó con los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández para la utilización ilegítima de estos fondos públicos. En el uso ilícito del dinero público, también incluye a representantes de CC OO y UGT y al despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís.

Según la juez, González Mata provocaba “la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas” financiadas por la Junta de Andalucía. La juez sostiene que las empresas de González Mata (Uniter, Ingotor y la sociedad patrimonial Cureña) percibieron 32,9 millones de euros de fondos de la Junta en comisiones por sus tareas de mediación, de los que 20 millones podrían ser considerados sobrecomisiones.

Alaya apunta que las comisiones percibidas por Uniter y Vitalia, la otra consultora implicada en los ERE, ascienden a 51,6 millones en comisiones. Basándose en un informe de la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, Alaya sostiene que este gasto en los mediadores es innecesario.

La juez apunta que con las sobrecomisiones, González Mata hizo pagos a los sindicatos CC OO y UGT (3,2 millones de euros) que “no responderían a ningún concepto definido”. En su declaración ante la juez, el dueño de Uniter defendió el pago de estas comisiones por las tareas de los sindicatos en la tramitación de los ERE, sobre todo por la realización de los cálculos actuariales. Alaya, por el contrario, sostiene “indiciariamente” que los sindicatos habrían impuesto “de manera arbitraria e ilegítima” los pagos como “facilitadores” de los procesos de reestructuración empresarial. “De esta manera, los sindicatos, además de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular”, sentencia Alaya.

La juez también imputa a González Mata la inclusión de nueve intrusos en cuatro ERE, entre ellos el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el de González Byass. Fernández, que empezó a trabajar en esta empresa, renunció a la cantidad prevista (386.181 euros).

Alaya subraya el enriquecimiento de González Mata, “fruto del ilegítimo negocio” de las pólizas financiadas por la Junta. En el auto desvela que la sociedad patrimonial de González Mata, Cureña, tendría unos abonos de 55 millones de euros entre 2001 y 2012, de los cuales 32 millones procederían de Uniter, la consultora de los ERE. Destaca también que en ese tiempo, el dueño de Uniter adquirió 29 inmuebles.

Además de fijar una fianza por responsabilidad civil de 98 millones de euros, Alaya ordenó el embargo de las cuentas de las sociedades de González Mata, así como de sus fincas.

En la vistilla para la solicitud de medidas cautelares, el abogado de González Mata, acusó a la fiscalía, que había pedido prisión sin fianza, de actuar obedeciendo “instrucciones políticas o a fines que no son los del proceso penal” y cuestionó la solvencia de algunos informes de la Guardia Civil.

Este, en el blog que publica habitualmente en la página web de la Comunidad Valenciana en EL PAÍS describe el tono en que transcurrió el debate de la siguiente manera: “En la sesión hubo división de opiniones: por supuesto se guardaron las formalidades, pero hubo también tensión y un evidente malestar” (…) “Joan Calabuig estuvo tenso, siempre a la defensiva y reprochando a los críticos su incordio” (…) “Calabuig y Reig se respetaron, como no podía ser de otra manera, pero lo que ambos debatían eran dos modelos de políticas bien distintos: ¿debe el PSPV hacer una gestión municipal de centro o nítidamente de izquierdas? Calabuig respondió que el único oponente es el Partido Popular. Para ello mostró su entrega cotidiana por una Valencia progresista. Reig le afeó la conducta: sus acercamientos al PP y sus giros sorprendentes (El Cabanyal, el estadio del Valencia, etcétera) desconciertan a los votantes socialistas”.

Justo Serna continúa su relato de la siguiente manera: “Una de las personas que interpeló a Calabuig, Ángela Escribano, le preguntó directamente por la ordenanza de prostitución que el grupo municipal socialista ha pactado con el Partido Popular. Otras intervenciones de Pepe Reig y del propio Fran Sanz apuntaron en la misma dirección”. (…) La respuesta de Calabuig fue desconcertante. No sé si me atreveré a reproducirla aquí; quizá alguien quiera escribir lo que yo no deseo repetir. ¿Acaso por mojigatería? No: me pareció algo feo, muy feo”.

La frase, que le pareció muy fea a Serna y que Calabuig dijo de manera desabrida, fue: “En el partido (PSPV) hay compañeros que se van de putas”. El portavoz socialista había dicho previamente que él era sensible al tema de la prostitución y de su ordenanza porque, entre otras razones, conocía a compañeros que utilizaban los servicios de prostitutas. La expresión produjo la estupefacción entre los presentes, hasta el extremo de que algunos de ellos abandonaron la sala donde se celebraba el debate.

Calabuig se ha justificado este miércoles en su cuenta de twitter: "Lamento la mala interpretación que se ha hecho de mis palabras.Lo que denuncié es que utilizar la prostitución merece todo nuestro reproche. Lo que no me parece normal es que parezca una conducta aceptable aprovechar la situación de las mujeres prostituidas. Ese fue el contexto".

El Ayuntamiento aprobó provisionalmente el pasado mes de marzo -todavía debe ratificarla el pleno- la ordenanza, que recoge sanciones de hasta 2.000 euros para clientes y proxenetas que soliciten o induzcan a ejercer servicios sexuales en la vía pública. La regulación no multa formalmente a las prostitutas pero sí permite a los policías amonestarlas.

La ordenanza sale adelante después de años de polémica en torno a la regulación de la prostitución en la calle. El PP siempre quiso regularla pero nunca aceptó aprobarla en solitario. Exigía al menos el apoyo del principal grupo de la oposición, en este caso los socialistas. El actual portavoz socialista en el Consistorio, Joan Calabuig, haciendo caso a las peticiones de los vecinos del barrio de Velluters, donde se concentra esta actividad, pactó hace unos meses con los populares, lo que le valió las críticas en el seno de su propio partido. Muchos expresaron su disconformidad por la regulación pese a que se garantizó que no se multaría a las mujeres.  

Al contexto ha aludido el diputado socialista en las Cortes Valencianas Josep Moreno, a quien se le ha preguntado sobre las declaraciones de Calabuig durante una rueda de prensa sobre RTVV. Moreno ha dudado si las afirmaciones del portavoz municipal "están contextualizadas o no". El diputado se ha puesto como ejemplo de que, si le pusieran un micrófono siguiendo todo lo que dice, podrían pillarlo diciendo algo inoportuno. Acto seguido ha añadido: "Estoy seguro de que Calabuig no se enfadará si calificó de desafortunada su declaración".

Este último caso de presuntas irregularidades en la sanidad catalana se remonta a diciembre de 2010, tras la primera victoria de Artur Mas (CiU) en las elecciones catalanas. Mas eligió como consejero de Salud al presidente de la patronal, Boi Ruiz, quien se llevó con él al departamento a la cúpula de la Unión Catalana de Hospitales. Padrosa ocupaba un cargo en la Unión como director de Corporación Fisiogestión, holding de empresas dedicado a la fisioterapia, rehabilitación y logopedia.

Padrosa era director general del holding y apoderado de 16 de sus empresas, que tienen a las Administraciones públicas como principal y casi único cliente. En 2010, último año que Padrosa dirigió Corporación Fisiogestión, seis de sus empresas —Fisioterapia SA, Fisio Girona SA, Servicios de Fisioterapia SA, Instituto Logopédico de Barcelona SA, Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia SA y Kinesiterapia SA— facturaron al Cat Salut 15,74 millones. Según datos del Registro Mercantil, esta cantidad supuso la práctica totalidad de la cifra de negocios de las seis empresas.

El año 2011 resultó duro para las empresas del grupo, al igual que para toda la sanidad catalana. La facturación de las seis empresas al CatSalut —en ocasiones en solitario, otras formando parte de uniones temporales de empresas (UTE) en las que casi siempre son mayoritarias— cayó hasta los 14,31 millones, un 9,1% menos. El recorte para el conjunto de la sanidad fue ese año del 10%.

Más llamativo fue lo ocurrido al año siguiente, en 2012. Mientras los recortes siguieron en el conjunto del sistema —el CatSalut vio reducido su presupuesto un 4,76% adicional, según datos de la Generalitat—, las empresas de Padrosa apenas notaron las tijeras y redujeron su facturación al CatSalut en solo 20.000 euros hasta los 14,29 millones (un 0,1% menos).

Padrosa dejó la dirección general del grupo tras ser nombrado director del CatSalut, pero los poderes en sus empresas no le fueron revocados, admite el administrador del holding, Carlos Núñez. “Nuestra práctica administrativa es la de no derogar los poderes, porque los custodiamos nosotros y podemos asegurar que Padrosa no los ha utilizado”, explicó ayer. Pese a ello, Núñez reconoce que “visto con la perspectiva del tiempo, es evidente que se ha podido cometer un error”. Padrosa, por su parte, declinó ayer atender a EL PAÍS y el Departamento de Salud se limitó a asegurar que “en todos los concursos y procedimientos se ha cumplido la ley”.

La doble situación de Padrosa, sin embargo, puede violar dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán. La primera, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Generalitat, establece en su artículo 3: “Los altos cargos deben ejercer su función con dedicación plena y no pueden compatibilizar su actividad con el ejercicicio de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial de carácter público o privado por cuenta propia o ajena”. La Ley de Ordenación Sanitaria, por su parte, fija en su artículo 13.3: “La condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.

Andrés García, miembro de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) considera que “este es un nuevo caso de perversión del servicio público por personas con evidentes intereses en el sector privado”. “Esto ha sido una constante desde la llegada de Boi Ruiz, expresidente de la patronal, al frente del departamento de Salud. Prácticamente todos los cargos relevantes que ha nombrado son personas que proceden del sector privado y ven en lo público una fuente de financiación del engranaje privado del que proceden”, añadió.

En la estructura de la Generalitat de Cataluña, el CatSalut ocupa un lugar clave. Depende del Departamento de Salud y acapara casi todo su presupuesto: un 97,9% de los 8.685,01 millones en 2012. El organismo financia la red asistencial pública: hospitales, centros de salud, ambulancias, centros sociosanitarios, de rehabilitación... Entre los equipamientos sanitarios financiados por el CatSalut están los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ocho hospitales y 400 centros sanitarios gestionados por la Generalitat. El ICS se vio salpicado hace un año por otro caso de incompatibilidades: su presidente, Josep Prat, hoy imputado y también nombrado por Boi Ruiz, compatibilizaba el cargo con la vicepresidencia del grupo privado USP Hospitales y la dirección de Innova, empresa del Ayuntamiento de Reus con intereses en el sector sanitario.

No obstante, al ser preguntado por si se estudia cesar a De la Cavada, que ya ha generado otras polémicas con sus comentarios, Rosell ha señalado que "no está estudiando" nada, pero ha insistido en que las declaraciones de este directivo de la patronal "no han gustada nada ni al presidente ni a la Junta Directiva". "En estos momentos empezar a decir lo que es correcto o no en el Estatuto de los Trabajadores no me parece lo más adecuado", ha subrayado Rosell en declaraciones a la cadena SER.

Por otro lado, Rosell ha admitido que ha habido casos en los que los empresarios "y otras personas que no son empresarios" no han actuado correctamente y ante esas situaciones ha dicho que "la sociedad quiere resultados contra esa impunidad, que sean juzgados y que haya las condenas oportunas".

En este sentido y preguntado por la situación del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, investigado por pagar a sus trabajadores con dinero negro, Rosell ha señalado que hay que esperar a que se cierre el procedimiento para tomar alguna iniciativa. "Si a la mínima multa de tráfico tuviéramos que sacar de los órganos de gobierno a todo el mundo, nos quedaríamos solos. Cuando se cierran los procedimientos es cuando hay que tomar iniciativas", ha argumentado.

En todo caso, ha recordado que el nuevo Código Ético de la patronal, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, permite cesar casi automáticamente a los presidentes cuando el 25% de la Junta Directiva entienda o sospeche que ha cometido una falta. En cuanto la reforma fiscal demandada por su organización, Rosell ha insistido en que España debe recaudar más impuestos y para ello, ha dicho, hay que tratar de aflorar la economía sumergida.

Aquel desliz, con el hoy encarcelado Gerardo Diaz Ferrán como presidente, casi le costó el cargo. Desde el comienzo, este santanderino tenía una papeleta difícil: rellenar el hueco que dejaba Fernando Moreno, un prestigioso y discreto abogado laboralista que estuvo al frente del departamento de relaciones laborales de CEOE entre 1991 y 2008. Pero aunque lleve solo cinco años en su cargo, De la Cavada, que no respondió ayer a las llamadas de este diario, no es ningún novato. Antes de ocupar el cargo actual, representó a CEOE varios años en el Consejo Económico y Social (CES).

Dicen todas las fuentes consultadas para este artículo, tanto entre sus compañeros de la patronal como entre sus contrapartes habituales, los sindicalistas, y quienes estuvieron con él en el CES que De la Cavada no tiene un carácter fácil. “Brusco”, dicen contenidos muchos de los consultados, amparados en el anonimato. Y eso también pudo verse ayer, al pedir disculpas: “Lo siento mucho por el que se haya sentido dolido. No era mi intención”. A continuación, se reafirmó en su propuesta de replantear los permisos laborales.

De su brusquedad habla la denuncia firmada por nueve de sus once subordinados directos en el departamento de relaciones laborales ante la Inspección de Trabajo. El expediente, iniciado en 2010, se saldó con una multa de 25.000 euros a CEOE —la Inspección sanciona a las empresas— por “trato humillante por parte del director del departamento”. Pero aquella multa no fue ratificada por el juez de primera instancia y todavía falta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Madrid para conocer el final. Desde este capítulo, explica una fuente sindical, con la que ha protagonizado en privado algún estruendoso enfrentamiento verbal en sus múltiples negociaciones, que De la Cavada “está más tranquilo”.

Su petición de disculpas no calmó a sus jefes. Entre ellos está el vicepresidente de CEOE y líder de Cepyme, Jesús Terciado, el único que habló sin ampararse en el anónimato: “Han sido unas declaraciones muy desafortunadas. Tenemos una responsabilidad y visibilidad”. También piensan así en otros estamentos de la organización. Entre todas las fuentes consultadas ayer para este artículo era difícil encontrar algún defensor del directivo de CEOE, sobre todo entre las procedentes de la propia patronal.

Asilbekyan, armenia de 43 años que vive con seis familiares —entre ellos dos niños—, picó. Pagó 1.800 euros “en concepto de estudio, gestión y defensa a la ejecución hipotecaria número 1575/10 del juzgado de primera instancia número 23 de Barcelona”. Xarxa Catalana se comprometía “a la devolución de las cantidades entregadas si no se llevase a cabo y a buen fin las gestiones”. La carta-recibo la firmaba Martí Domingo. Especificaba un DNI, pero no un número de colegiado.

Han pasado dos años y Asibekyan lleva dos intentos de desahucio. El segundo, el pasado lunes, lo paró con la ayuda de la PAH. Y al supuesto abogado, tras pagarle los 1.800 euros, no ha vuelto a verle. Llama o acude al despacho de la Diagonal de Barcelona y una secretaria le responde que está reunido. O en el despacho de Girona. “Pagas y desaparece”, resume la afectada. La misma secretaria del despacho se niega a facilitar el número de colegiado de Domingo. El Consejo de la Abogacía Catalana ha consultado en las bases de datos de los 83 colegios españoles y no existe un letrado con este DNI. EL PAÍS ha intentado contactar con él por teléfono y correo electrónico, sin respuesta.

El caso de esta armenia que llegó hace 17 años huyendo de la posguerra en su país, no es único. Hay decenas de casos, asegura la portavoz de la PAH, Ada Colau: “Son supuestos abogados que consultan los listados públicos de los juzgados, anotan las direcciones de las subastas pendientes y hacen buzoneo a las familias”.

Una de las cuestiones que le dio confianza a Asibekyan fue recibir la carta justo el día después de la notificación del juzgado de que había sido denunciada por Bankia. “Pensé: ‘si tienen tantos datos, es que son gente fuerte”, explica. Llamó y le dieron cita. Le impresionó el “lujo del despacho, la vestimenta y los buenos modales de Martí Domingo”. Le entregó todos los documentos de su casa: hipoteca, escritura, correspondencia con el banco… “Originales y copias. Él me decía: ‘tú no te preocupes que si no ganamos, los 1.800 están garantizados”, dice.

Domingo le propuso que le hiciera un “poder notarial”. Así se encargarían de todo. Y ella confió de nuevo. “Al cabo de un año le pregunté cómo estaba el tema y me dijo que tranquila”. Pero pocos días después, una comisión judicial en su casa. El piso había sido subastado y el juzgado había enviado “siete notificaciones” que ella no recibió. Tras el segundo intento de desahucio, la angustia de la familia de Gayane no ha finalizado. “Si no hubiera confiado en él, hubiera pagado la deuda poco a poco, o hubiera negociado un alquiler”, concluye entre sollozos.

La familia se endeudó en 2002 por 500.000 euros por su vivienda y una tienda en los bajos en el paseo Valldaura (Nou Barris). Según ella, solo le faltaban por pagar 24.000, aunque con los intereses de demora el banco le reclama 200.000.

El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sámper, “condena” estas actuaciones: “Supone engañar y estafar a gente que está en situación de vulnerabilidad y, además, por el intrusismo de quienes dicen que son abogados y no lo son”.

Los abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, reclaman la "nulidad radical" de las grabaciones "subrepticias" aportadas al juez por el exedil Peñas, que fueron validadas por el juez Pablo Ruz en mayo pasado. Los letrados insisten en considera que los archivos de audio vulneraron el derecho fundamental a la intimidad de Correa.

La doctrina habitual del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avala las grabaciones aportadas a una causa judicial por uno de los interlocutores de la conversación. Sin embargo, la representación del extesorero añade a su argumentación jurídica una sentencia que el Tribunal Supremo dictó en 2009 en la que absolvió a un acusado de un delito contra la libertad sexual porque su víctima le arrancó sus manifestaciones "de modo torticero".

Los letrados sostienen que Peñas "grabó durante dos años de forma subrepticia, sistemática y continuada numerosas conversaciones, en diversos lugares y espacios (como oficinas y domicilios privados de los imputados), aprovechando y abusando de la confianza y de las estrechas relaciones personales mantenidas con sus víctimas, con la finalidad de reunir evidencias para incriminar a los grabados, e incluso una posible intención de extorsionarlos".

Además de Bárcenas han recurrido el auto de Ruz ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las defensas del presunto líder de la 'Gürtel', Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; el cuñado y testaferro de Correa, Antoine Sánchez; el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda; el exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega; el presunto contable de la red, Ramón Blanco Balín; y los exdiputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a la anulación de las grabaciones en un informe en el que recuerda que la Audiencia Nacional ha establecido recientemente, al negarse a extraditar a Suiza al informático francoitaliano Hervé Falciani, que el interés en la averiguación y castigo de los delitos graves está por encima del derecho a la intimidad.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal recordaba en un auto que el empleado del HSBC Private Bank denunció, mediante la publicación de las actividades de clientes de la entidad, "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales" que no pueden, en ningún caso, ser ocultadas y protegidas.

Anticorrupción asegura que esta decisión es "especialmente ilustrativa" y recuerda que fue tomada al considerar "que existen intereses superiores que justifican la cesión de la información a favor del Ministerio Fiscal y los Tribunales para la investigación y persecución de ilícitos penales".

El juez Ruz confirmó la validez de las grabaciones al considerar que el exedil cumplió con "la obligación de denunciar delitos" y con la intención de proveerse "de los medios para acreditar el objeto de su denuncia".

Peñas, amigo de Correa, grabó durante años las conversaciones que mantuvo con el cabecilla de la trama, que son la base de la investigación judicial en curso. En esas conversaciones, el presunto líder de la red llegaba a afirmar: "Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día... vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa".

La sentencia declaró probado que el coronel actuó con “grave menosprecio de la condición femenina de la víctima” y que sus actos (tocamientos, insinuaciones, etcétera) eran “claramente atentatorios de su libertad sexual”.

La condena del coronel, ratificada por el Supremo, no supuso el fin del calvario sufrido por la capitán. Al contrario, fuentes próximas a su defensa aseguran que ha sido objeto de una persecución impulsada por antiguos amigos o compañeros de promoción del condenado.

La capitán fue sometida a un Informe Personal de Calificación (IPEC) —valoración profesional decisiva para la promoción profesional de los militares— de carácter extraordinario, pocos meses después de superar el ordinario. Como resultado, sus calificaciones pasaron de brillantes a muy deficientes.

Sus jefes le denegaron su solicitud de vacaciones de verano, lo que le impidió disfrutarlas; y rechazaron su petición de aplazar el curso de ascenso a comandante, por lo que la dieron por no presentada y, por tanto, lo suspendió.

La capitán presentó parte de estos hechos por conducto reglamentario, sin resultado alguno, y denunció también a los mandos que, según la propia sentencia del Tribunal Militar Central, “fueron absolutamente conocedores” del acoso sexual del coronel y, con su pasividad, permitieron que la capitán “continuara padeciendo los actos de humillación y envilecimiento de que fue objeto”. Su denuncia no fue admitida a trámite.

Lo más grave, sin embargo, es que un juzgado togado militar de Madrid ha abierto diligencias contra ella por un presunto delito de deslealtad, que el Código Penal Militar castiga con penas de hasta seis años de prisión. Se la acusa de haber “manipulado” las fechas en la solicitud de permiso que presentó mientras estaba en el curso de ascenso a comandante. Se da la circunstancia de que para entonces ya había pedido dejar el curso y estaba de baja psicológica. La denuncia contra ella se presentó el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer.

Antes se votaron tres informes alternativos -de los sindicatos y los padres de la escuela pública (CEAPA)- al presentado por el Consejo Escolar del Estado que no contaron con el apoyo suficiente. Se planteaba en ellos una enmienda a la totalidad, una baza demasiado rotunda para que contase con el apoyo de la patronal Escuelas Católicas, los padres de la concertada o la Confederación España de Organizaciones Empresariales (CEOE).

CANAE, representado por su presidente Álvaro Ferrer, se reunió con varias organizaciones con anterioridad y conocía su punto de vista pero no imaginaban ni por asomo un apoyo tan contundente. Algunos de los presentes se preguntan si estas enmiendas se habrían aprobado si hubiesen partido de los sindicatos. Ha salido a favor que la parte fija de la beca -que se prevé de 1.500 euros- alcance los 2.040 euros en la parte fija (dependiendo de la renta) o 2.556 euros si depende de la residencia, lo que restaría peso a la parte variable de la ayuda que va a depender de la renta familiar, las notas del alumno y del presupuesto que quede después de repartir la parte fija.

Bruselas, junto con varios Gobiernos, espera que el BCE ponga en marcha en breve medidas con el mismo objetivo, acabar con la fragmentación financiera en la eurozona. Es decir, evitar que las empresas españolas se financien con intereses mucho más altos a los que pagan las empresas alemanas o austríacas por el mero hecho de tener uno u otro pasaporte.

Los 60.000 millones de euros que se quieren movilizar en los próximos siete años se conseguirán a través de ingeniería financiera: el dinero fresco es, como casi siempre, inferior. Ese efecto multiplicador se conseguirá tras movilizar en torno a 2.000 millones anuales, procedentes de los fondos estructurales y de los programas de competitividad, explicaron fuentes europeas.

El colegio de comisarios estudiará hoy tres tipos de instrumentos para desatascar el crédito hacia las empresas, según las fuentes consultadas. La opción más conservadora movilizaría 8.000 millones y no requiere modificación de los reglamentos relativos a fondos estructurales o a los programas de competitividad de la UE. Una segunda opción requeriría “ligeros retoques” para activar en torno a 9.000 millones. La más ambiciosa permitirá alcanzar hasta 12.000 millones entre garantías y titulizaciones adosadas a préstamos a PYMES, pero a cambio requeriría más cambios normativos. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, tiene previsto presentar las propuestas que apruebe el colegio de comisarios europeo en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la semana próxima, para que sean los líderes –Merkel, Hollande y compañía— quienes decidan el grado de ambición política de esta medida.

La última detención ha sido a un supuesto carterista, Sadeq S. de 47 años y nacionalidad iraquí, que actuaba en el metro desde el año 2009 y del que constan 63 arrestos. Se diferenciaba del resto en que casi siempre actuaba solo. Frecuentaba las estaciones más céntricas y turísticas de las líneas 2, 3 y 10. Se vestía como un viajero más para pasar inadvertido y cometía los robos utilizando ropa o un periódico como muleta para ocultar el robo.

La semana pasada este individuo fue arrestado como autor de un delito de hurto. Al pasar a disposición judicial los agentes informaron al magistrado de guardia que esta persona era un delincuente habitual cuyo método de vida era el hurto de carteras y que se había convertido en uno de los más activos de Madrid. El juez decretó entonces la prohibición de acceder al metro madrileño en los próximos seis meses.

Otro operativo anterior permitió a la policía detener a otros dos carteristas rumanos por hechos similares. Ambos, Vasile P., de 31 años y detenido en 20 ocasiones, y Bianca H., de 22 y con 81 arrestos en su historial, fueron reconocidos por varias víctimas como supuestos autores de múltiples hurtos. En esta ocasión la autoridad judicial también apreció multireincidencia y decretó la citada prohibición.

Hoy ha sido un día para el trabajo a destajo de los operarios, camiones y excavadoras. El día después de la riada ha dejado un paisaje devastador a lo largo del recorrido del río, con mucho barro acumulado y “severos daños estructurales” en propiedades privadas e infraestructuras que requerirán, a juicio del consejero de Interior, “muchos recursos económicos y tiempo”.

Espadaler ha señalado que la mayor preocupación en estos momentos es restablecer las comunicaciones y el suministro de agua potable a la población. En total, hay 3.500 personas afectadas en la capital Vielha y otras 1.000 en los municipios de Betrem, Bossòst, Arties y Salardú.

La riada se ha llevado captaciones, depósitos, tuberías, redes de distribución y depuradoras. “La reparación de los desperfectos no será fácil”, ha advertido el consejero. El suministro en estos municipios se hará con camiones cisterna, un sistema que ha permitido esta mañana resolver el problema de falta de agua en el hospital de Vielha. El responsable de Interior ha indicado que todavía es pronto para cuantificar económicamente los daños causados por el desbordamiento del Garona porque algunas infraestructuras están todavía anegadas y no se puede calcular el grado de afectación.

Por esta razón, Espadaler no cree que sea el momento de plantearse la posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica, pero que en todo caso la Generalitat apoyará cualquier decisión que tome en este sentido el Conselh Generau d’Aran, máxima institución de autogobierno en el valle.

Otro aspecto preocupante es el de la movilidad, ya que siguen cortadas las carreteras N-230 y C-28 que comunican Vielha con los principales municipios del valle. Esta tarde está previsto abrir el paso hacia la frontera francesa, pero sólo hasta Bossòst, ya que la vía está hundida antes de entrar en Les. También se intentará restablecer el tráfico hacia Arties y Salardú.

La mejoría de la situación del Garona permitirá que las 300 personas evacuadas por la crecida del rio puedan volver gradualmente a sus casas, pero siempre bajo la tutela de los bomberos, que antes revisarán si las viviendas han sufrido algún tipo de daño estructural. En estos momentos sólo quedan 300 abonados sin suministro eléctrico, ya que la compañía Endesa ha instalado grupos electrógenos en las zonas afectadas.

"El Senado insta al Gobierno a que solicite al Banco de España a adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las demandas de las personas con préstamos o créditos vivos, que contienen clausulas suelo que, por no haber sido suficientemente informadas, puedan ser consideradas cláusulas abusivas, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la sentencia del Tribunal Supremo, de manera que en dichos casos las clausulas suelo sean consideradas nulas, dejen de aplicarse y de ser operativas, con el fin de dar una solución transversal y equilibrada que evite una judicialización generalizada del problema", dice la enmienda aprobada.

En realidad, para que haya jurisprudencia son necesarias dos sentencias en el mismo sentido, pero el Supremo ha fijado criterios claros de lo que considera cláusulas abusivas.

Pese a su sentencia, solo las tres entidades directamente afectadas (BBVA, NCG Banco y Cajamar) han retirado sus cláusulas suelo, que afectaban a unos 600.000 clientes. Pero quedan vivas más de un millón de cláusulas en hipotecas de otras entidades (como CaixaBank, Bankia, Banco Popular o Banco Sabadell) que se han resistido a retirarlas alegando que las suyas fueron comercializadas con toda transparencia.

Antonio Hernández-Rodicio (Cádiz, 1966) es periodista y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo y ha desarrollado la mayor parte de su carrera periodística en empresas del Grupo Prisa, desde 1991. Fue jefe de los Servicios Informativos de la cadena SER en Cádiz y corresponsal de EL PAÍS en esta ciudad. Asimismo, a lo largo de su carrera se ha hecho cargo de las corresponsalías de las agencias EFE y Europa Press, del semanario Tiempo, de Andalucía Actualidad y del periódico El Observador de Barcelona. Fue subdirector de El Correo de Andalucía desde 2001 a 2005 y director del mismo rotativo hasta febrero de 2011, cuando fue nombrado director de los Servicios Informativos de la cadena SER.

Rafael de Miguel Lahuerta (Zaragoza, 1968) es licenciado en Derecho, Máster en Periodismo de EL PAÍS y Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de la Haya. Toda su trayectoria profesional está vinculada a empresas del Grupo Prisa, como Canal Plus, CNN + y Cuatro. En Canal Plus ejerció como redactor jefe de Nacional y en CNN+ fue corresponsal fundacional en EE.UU y delegado en Atlanta. Durante su permanencia en Cuatro se ocupó de la corresponsalía diplomática, la información del gobierno y la información parlamentaria. Más tarde fue responsable de la información económica en Telecinco, hasta que en marzo de 2011 se incorporó como subdirector de los Servicios Informativos de la cadena SER.

La cadena SER pertenece al grupo de emisoras de PRISA Radio y es considerada líder de la radio española con 4.914.000 de oyentes y más de un millón y medio de usuarios únicos en internet, según comScore. La emisora cuenta con programas de referencia líderes en todas las franjas horarias como Hoy por Hoy, Hora 14, La Ventana, Hora 25, El Larguero, o Carrusel Deportivo.

Verena J. Schuenemann, Johannes Krause (ambos de la Universidad de Tübingen) y todo su equipo de arqueólogos y biólogos no solo recuperaron muestras de los esqueletos de leprosos de la edad media, sino que pusieron a punto un método eficaz para aislar el material genético de los viejos huesos humanos (apenas el 0,1% es ADN de Mycobacerium leprae).

Tras su estudio, que han publicado en la revista Science, los investigadores concluyen que el declive de la lepra en Europa desde el siglo XVI no se explica por la evolución del patógeneo hacia forman menos dañinas. Ellos sugieren que o la enfermedad decayó por la mejora de las condiciones de vida de la población o resultó eclipsada por otras infecciones, como la peste y la tuberculosis.

Tras ocho años en que Cristeta no ha podido ver a su hija, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón y ha declarado que la madre fue privada injustamente de todo contacto con ella, lo que vulnera su derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo le ha concedido una indemnización de 30.188 por las graves faltas de diligencias de la Junta y de los jueces españoles al considerar que debieron poner los medios para que madre e hija volvieran a estar juntas. El tribunal asegura que las autoridades españolas han contribuido “de manera decisiva a la ausencia de toda posibilidad de reagrupación familiar” entre Cristeta y su hija, a la que vio por última vez el 27 de septiembre de 2005. Ahora, la menor tiene ya 11 años y hace casi ocho que vive con su familia de acogida, lo que hace la situación “muy difícilmente reversible”, según los magistrados.

La sentencia relata el calvario de esta mujer que, desde que le quitaron a su hija y la privaron de visitarla, no ha dejado de luchar por que se la devuelvan y los intentos desesperados de Cristeta por volver a ver a la menor sin que nadie la escuchara. Tras serle arrebatada, la madre fue informada de que la niña, ya bajo tutela de la Junta, fue alojada en un centro de acogida de Granada, pero poco tiempo después, fue trasladada a otro de Loja (a 58 kilómetros de esa capital) sin que nadie dijera nada a la progenitora, que había pedido que la llevaran a una instalación más cercana a su domicilio, en la provincia de Jaén. Ese desconocimiento provocó que Cristeta se presentara hasta 17 veces en el centro de acogida de Granada sin saber que la niña ya no se encontraba allí.

La trabajadora social encargada del caso justificó la retirada de la tutela y su traslado al centro por “la actitud incorrecta, irrespetuosa, violenta y agresiva de la madre”, que según un informe del 4 de octubre de 2005, “había intentado herirse y tuvo que ser conducida al hospital cuando fue separada de su hija”. Ese documento relataba igualmente que durante las tres únicas veces que se le permitió visitar a su hija, Cristeta se quejó de que el centro no trataba correctamente a la menor, a la que hablaba “de forma compulsiva e incoherente”. La funcionaria estimaba en su informe que esas visitas “perturbaban la estabilidad y la evolución” de la niña, por lo que propuso que se suspendieran, algo que la Junta solicitó formalmente al juez.

La abogada de Cristeta, María José López Góngora, recuerda cómo ese informe sirvió a la Junta y a los jueces para desestimar todas las peticiones de la madre. Esos argumentos fueron los que se utilizaron para declarar el desamparo de la niña, suspender las visitas de la madre y entregar a la menor a una familia en acogimiento previo a la adopción, desoyendo en cada caso los argumentos de la progenitora.

Sin embargo, Estrasburgo considera que la única razón por la que la privaron de su hija fue su situación de indigencia, “sin que se tuviera en cuenta su evolución posterior”. El problema era “una carencia material que las autoridades españolas habrían podido compensar con la ayuda de otros medios que no fueran la separación total de la familia”. “El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales que recabar la tutela de la menor”, mantienen los magistrados que recuerdan que los servicios sociales deben “ayudar a las personas en dificultades, guiarlas en sus trámites y aconsejarlas sobre las diferentes ayudas disponibles o cómo conseguir alojamientos sociales”, justo la asistencia que Cristeta había solicitado el día que la privaron de su hija.

De padre guineano y madre española, esta mujer de unos 40 años vive en la finca de su abuela junto a sus otros dos hijos y otros familiares. Cristeta trabaja regularmente como jornalera para la Junta de Andalucía, una actividad que alterna cada año con los viajes a Francia para la vendimia. Ha sido allí donde ha recibido la noticia de que la separación forzada de su hija fue injusta. Una decisión que le otorga una indemnización, pero que, previsiblemente, no se la devolverá.

Se busca la ciudad mientras se deteriora su cementerio. En el solar de tres hectáreas, situado frente al Cerro Almodóvar, la mayoría de las 824 tumbas están ya cubiertas de matojos y amapolas. Apenas media docena, las más alejadas de la carretera, conservan las cistas visogóticas, lajas de piedra que rodean su perímetro de alrededor de medio metro de anchura. Quedan restos de algunos huesos sobre el terreno, piedras de molinos y otras amontonadas junto a los enterramientos. Se abren paso en la extensión de terreno calcáreo que dio origen al topónimo de Vicálvaro, Vicus Albus (pueblo blanco).

Jorge Vega, responsable de las excavaciones que han permitido descubrir el yacimiento, fechado entre los siglos V y VIII, explicó ayer que el Gobierno regional ya ha dado el visto bueno para que los arqueólogos busquen el poblado del que proceden los cuerpos. “No estará muy lejos, apenas uno o dos kilómetros. Tenemos un área delimitada, pero hay que ponerse a ello. Y empezaremos en breve”, explica. Vega replica que el descubrimiento de Vicálvaro es “muy valioso” porque permite desentrañar cómo era la vida en la región hace siete siglos. “El estado general de la necrópolis no era muy bueno. Cuando abres la tumba, y a causa de las inclemencias, pronto se degradan. Son bastante difíciles de conservar, pero hay elementos que sí se podrían mantener”, explica.

La Comunidad ha desechado el enclave argumentando que hay otros 60 en toda la región de esa época, con mejores comunicaciones que el de Vicálvaro, que está sin urbanizar. Dos de ellos han sido adaptados como museos. Si las obras de Los Ahijones hubieran empezado ahora, puede que esta polémica ni siquiera existiera. La nueva Ley de Patrimonio Histórico, aprobada con los votos en solitario del PP el pasado jueves, elimina la obligatoriedad de los informes arqueológicos preventivos en proyectos de construcción, lo que permite construir sobre yacimientos de los que no haya constancia. La oposición en bloque, y los arqueólogos de la región, consideran que la nueva normativa se ha hecho a la medida del proyecto de Eurovegas.

El PSOE reclamó el lunes en la comisión municipal de Las Artes que se preserve el yacimiento de Vicálvaro. El Ayuntamiento se remite a la decisión regional, aunque el PP rechazó en febrero en la Junta Municipal del distrito pedir a la Comunidad que declare la zona Bien de Interés Cultural (BIC), como reclamó IU. El vocal de la formación en el distrito, José Gordo, defiende la construcción de un museo para “que puedan visitarlo todos los que lo deseen”. También se han movilizado asambleas ciudadanas y de jóvenes. “En las próximas fiestas organizarán juegos para los niños y charlas para concienciar sobre el yacimiento”, añade Gordo.

En la zona del hallazgo se han documentado también vestigios romanos, de la Alta Edad Media, restos islámicos y otros hasta el siglo XIV. “Los informes definitivos aún no están acabados y todavía resta hacer las pruebas de ADN, pero ya se puede avanzar que se trataba de la necrópolis de una población cercana de unos 500 individuos”, explica Jorge Vega. “No hemos encontrado, de momento, ningún guerrero, lo que significa que se trataría de una población dedicada a la agricultura”. Saúl Martín, uno de los arqueólogos que participó en la excavación vecina de Los Berrocales, confirma que hace seis siglos Vicálvaro ya era un distrito obrero. “Eran trabajadores, no se han encontrado edificios espectaculares ni ajuares fastuosos”, señala sobre el terreno en una visita con el vocal de IU. Junto a las tumbas vacías hay piedras de molinos de mano para hacer pan, pozos y dos bocaminas previsiblemente más modernas, según Martín.

“Se trataría de hispanos que adoptaron las costumbres visigodas. Étnicamente no era un pueblo germánico”, abunda Vega. El responsable de las excavaciones anuncia que algunos de los restos óseos serán analizados en una universidad danesa y otra española para extraer el ADN. También se estudiarán las dentaduras para detallar la alimentación que seguía este grupo. El poblado estaba formado por casas del tipo “rehundido”. Los muros estaban enterrados a media altura y luego un armazón de madera cubría la techumbre. El pueblo, posiblemente, incluía una iglesia que previsiblemente fue desmontada durante las invasiones árabes. “Es otro elemento interesante que queremos encontrar”, dice Vega.

Dentro de los sarcófagos, los arqueólogos hallaron ajuares formados por pendientes, anillos o broches que han sido trasladados al Museo Arqueológicos Regional, en Alcalá de Henares. Las tumbas se agrupaban según familias “formando pequeñas agrupaciones”, explica Vega. “Imaginamos que la idea es que todos descansasen juntos”. Los individuos eran enterrados en féretros de madera remachados con clavos de bronce. Todas las tumbas están excavadas en la misma dirección: de este a oeste, la salida y la puesta del sol.