Durante la sesión de control del Parlamento catalán, Mas ha recogido el guante que le ha lanzado su socia potencial, la popular Alicia Sánchez-Camacho, quien le ha brindado su respaldo a los proyectos e inversiones extranjeras que puedan generar empleo. Mas le ha agradecido el apoyo ante la alta tasa de desempleo que se registra en Cataluña y ha dicho que ahora, por el momento, el proyecto está en estudio. "El turismo crea ocupación. Se habla de muchas cosas", ha admitido en referencia al controvertido proyecto. "Pero esta es una apuesta básica en la línea de liderazgo turístico, que quiere decir congresos, convenciones, espectáculos y la atracción de visitantes de todo el mundo, y en concreto de la Unión Europea".

El gigantesco macrocasino supondría una inversión de 17.000 millones de euros y la creación de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Mas dice que el Eurovegas está en fase embrionaria, pero en la reunión de este martes con el magnate, a la que acudieron un selecto grupo de empresarios para arroparle (entre ellos el dueño de Mango), ya le sugirió unas hectáreas en Viladecans, aunque también pellizcarían terrenos de Gavà, municipios ambos de área metropolitana de Barcelona, más concretamente del Baix Llobregat.

En los pasillos de la Cámara catalana, Lluís Recoder, consejero de Territorio y Sostenibilidad, ha reconocido como Mas que Madrid parte con ventaja en la carrera por acoger el proyecto y ha señalado que no quieren generar expectativas. No ha querido detallar el contenido de la reunión con el magnate, pero ha asegurado que no abordaron el paquete de medidas legales que implicaría la instalación del megacasino. “Hablamos de cosas muy normales”, ha señalado Recoder en alusión posiblemente a la ubicación final del proyecto. Pero el consejero no ha perdido el tiempo: esta misma mañana se ha reunido con el presidente del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, también alcalde de Cornellà de Llobregat, quien se ha alineado con la posición del Gobierno catalán: “Una inversión de esas características debe considerarse”. Carles Ruiz, alcalde de Viladecans no ha mostrado, sin embargo, ningún entusiasmo: "No veo aquí en el delta del Llobregat los edificios de Singapur y Nevada. Esto no es un desierto. Aquí hay ciudades, personas, espacios naturales y agrícolas de gran valor. Y eso hay que tenerlo en cuenta y respetarlo".

Los otros dos partidos de izquierda sí que han mostrado explícitamente su rechazo. Anna Simó, portavoz de Esquerra, ha afirmado que su formación opta por un modelo de turismo sostenible y no comparte un complejo lúdico que a su juicio causaría un enorme daño en el delta del Llobregat. Más crítico ha sido Joan Boada, diputado de ICV-EUiA. “Por dignidad del país, le pedimos al Gobierno que no permita que Cataluña se convierta en la Macao de Europa”. Boada ha argumentado que se opone al Eurovegas por dos razones: porque vulnera la legalidad actual en multitud de campos y porque choca con el modelo turístico que propugnan. “Eso implicaría la llegada de mafias y gente especializada en el blanqueo de dinero”, ha añadido.

Mientras, Adelson ha empezado a descubrir sus cartas. En una entrevista que se publicará en marzo y que está colgada de la página web de la revista Forbes, afirma que está “ultimando” los detalles para poner en marcha la inversión, aunque no revela si se decanta por Madrid o Barcelona. Adelson, uno de los magnates que más ganancias ha obtenido en los últimos años en Estados Unidos, explica que tras triunfar en Asia ahora tiene la mirada puesta en Europa. “Quiero establecer el equivalente de la mitad del proyecto de Las Vegas que no puede asumir Macao”, revela. Y agrega que ya tiene atado con el Gobierno español el “paquete necesario de acuerdos” para garantizar el éxito.

Precisamente, Adelson se reunió el martes con el secretario de Estado de Comercio al ser el Gobierno central el que debería de revisar un sinfín de normas legales para que pueda ponerse en marcha el macrocasino que se convertiría en una especie de isla o ciudad sin ley. El estadounidense pide desde exenciones fiscales, no aplicar el Estatuto de los Trabajadores, hasta permitir la entrada de menores a los casinos.

La entidad Ecologistas en Acción está recogiendo firmas en contra del proyecto gigantesco cuyas cifras son estas: edificar entre 350 y 600 hectáreas; 36.000 camas; 12 hoteles y seis megasinos. 18.000 máquinas tragaperras y tres campos de golf, que considera esencialmente especulativo y que implica cambiar el modelo productivo. El grupo recuerda que el delta del Llobregat es una zona protegida y que el proyecto obligaría a modificar 30 leyes, y que rompería la cohesión social al primar la contratación de los propios trabajadores del macrocasino.

Las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid compiten por seducir a Adelson, pese a las draconianas condiciones del proyecto. De hecho, el encuentro de hoy se ha producido en la capital catalana porque el magnate, el mismo día, se ha reunido también con el presidente catalán Artur Mas y el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell. Tanto la Administración regional madrileña, comandada por Esperanza Aguirre (PP), como la catalana (CiU) han presumido de sus contactos con Adelson, tanto en España como en Las Vegas. De hecho, Aguirre ha dicho hoy que en los últimos seis años se ha reunido con él más de cinco veces para atraer esta inversión a la región.

La semana pasada, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), y el regidor barcelonés, Xavier Trias (CiU), afirmaron tras el encuentro que mantuvieron en Madrid que no habían “gastado ni un segundo en hablar de EuroVegas”. Trias consideró “ridículo hacer elucubraciones sobre cosas que no se dan”, y dejó claro que "no se cambiarán según qué leyes" para favorecer el proyecto. “Se han de hacer las cosas bien hechas”, afirmó.

Parecida opinión sostiene Botella. Sin embargo, Aguirre sí se ha mostrado “cambiar todas las normas que haya que cambiar” para hacer posible EuroVegas, e incluso ha sugerido la creación de una “isla” legislativa y fiscal en el ordenamiento jurídico español. El Gobierno, por boca del ministro de Economía, Cristobal Montoro, rechazó de plano esa posibilidad.

Hasta las elecciones generales de noviembre, las negociaciones con Adelson en la Administración central corrían a cargo del Ministerio de Turismo de Miguel Sebastián, gran impulsor del proyecto junto con Aguirre. El cambio de color político en La Moncloa ha dejado esa responsabilidad en manos del secretario de Estado de Comercio y el Ministerio al que pertenece, que centralizará un proceso que afecta a muchos ministerios. Fuentes del Ministerio de Economía han confirmado la reunión de hoy con Adelson pero han precisado que el único compromiso ha sido “estudiar las peticiones”. No se han fijado plazos, ni se ha concretado una ciudad para la inversión.

El proyecto de Adelson promete aportar entre 15.000 y 18.800 millones de euros desde ya mismo hasta 2022, lo que, según sus cálculos, permitiría crear 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos (en total, la mitad del paro actual de la Comunidad de Madrid). Su plan es construir primero un casino, y con el dinero que este genere ir levantando poco a poco un gigantesco complejo de ocio y apuesta. Dentro de 10 años contaría así con 12 ‘resorts’ (36.000 habitaciones), seis casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), nueve teatros, hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas...

Según un estudio interno de una prominente firma de Wall Street, el inversor veía mayor potencial Barcelona, pero se inclinó por Madrid por cuestiones geográficas. En cualquier caso, la empresa estadounidense también sopesa trasladar la inversión a Alcorcón (170.000 habitantes), entre otras ciudades alternativas.

¿Qué pide Las Vegas Sands? Su lista, adelantada en exclusiva por este diario, es extensa y de un profundísimo calado político y legal: quiere que se cambie el Estatuto de los Trabajadores para relajar la “rigidez de los convenios colectivos” y la Ley de Extranjería para acelerar la concesión de permisos de trabajo y dar “un trato preferente” a sus empleados foráneos; dos años de exención total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros que solicitaría al Banco Europeo de Inversiones; y nuevas infraestructuras (metro, cercanías, carreteras, conexión con el AVE) en la zona de Valdecarros donde se instalaría el complejo, del que habría que trasladar el vertedero de Vademingómez y el asentamiento de la Cañada Real.

Pero no solo eso. También quiere que Comunidad y Ayuntamiento le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubiquen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expropien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garantice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo interior se podría además fumar. Busca cambiar además la ley de prevención de blanqueo de capitales para que solo se obligue a identificar al cliente a la entrada del casino y cuando quiera cambiar fichas por más de 2.000 euros. E instaurar un sistema de intermediarios que en los casinos de esta empresa en Macao (China) parece haber caído en manos de la mafia.

"Apoyo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están precisamente para garantizar nuestra libertad y que todos nos podamos mover libremente en la calle, y esto es compatible con las manifesaciones organizadas según las legislación vigente", ha dicho en una entrevista en Antena 3, tras precisar que no le consta que haya habido excesos en la actuación policial.

Preguntada sobre las facturas que le ha dejado el exalcalde Ruiz-Gallardón por pagar, Botella ha contestado que le ha dejado "un Madrid transformado, una ciudad que nunca antes había tenido una transformación así", y que la ciudad hoy "no tiene nada que ver con la de hace ocho años". "Es verdad" que la situación económica es difícil, pero "mejor que otras muchas Administraciones", porque en el Ayuntamiento de Madrid se empezó a actuar "cuando todavía el Gobierno socialista decía que no había crisis" y se empezó a "disminuir el presupuesto en los últimos cuatro años en un 20%, antes que otras Administraciones".

En cuanto a candidatura olímpica de Madrid 2020, ha dicho que la mayor parte de las inversiones ya están hechas y que hasta el 7 de septiembre de 2013, cuando se conocerá la decisión en Buenos Aires, "no se van a hacer inversiones" y sólo quedará el gasto de la candidatura hasta ese momento. Sobre el proyecto Eurovegas, "hay que mirarlo con mucha atención cuando se habla de 200.000 posibles puestos, y tener una gran prudencia por las reformas que pueda suponer", las cuales requieren un acuerdo entre las tres Administraciones, porque "quien tiene que dar las pautas es el Gobierno de la nación", que está en un proceso de negociación que aún no se han hecho pública, ha continuado.

A la petición de Victoria, caiga o no en saco roto, se añade otro hecho relevante: los representantes vecinales de los seis sectores en que se dividen los 14,4 kilómetros de la arteria a su paso por las tres localidades se han reunido por primera vez, compartiendo el mismo techo y espacio-tiempo desde que la vía utilizada por los ganaderos empezó a ser tomada por miles de outsiders a partir de los años 50. La decisión tampoco gustó al alcalde de Rivas, José Masa, que entiende que el consejero debía haberse reunido primero con los consistorios. "Nos ha sorprendido sobremanera cómo Victoria ha incumplido la palabra que nos dio en la reunión que tuvimos con él, el pasado 7 de noviembre, respecto a dar prioridad a la constitución de la mesa institucional", ha señalado el edil. De momento no hay una fecha fijada en la que Asuntos Sociales se siente con los tres Ayuntamientos referidos.

Al cónclave han asistido una docena de activistas, representantes desde los sectores más normalizados, como el que está integrado en el casco urbano de Coslada al más complicado y poblado (4.000 almas), el sector VI, ubicado en Vallecas y el más complicado al ser un rompecabezas a escala humana con innumerables focos de conflicto que engloban delincuencia, comercio de estupefacientes, altas tasas de analfabetismo y una insalubridad galopante. Vanessa Valenzuela, presidenta de la agrupación Cañada Real Merinas, que aglutina los tres primeros sectores –unos 4.000 habitantes entre Coslada, Vicálvaro (Madrid) y Rivas-, fue la única que aceptó salir en público frente a las reticencias por diversos motivos del resto, como el miedo a que les pudiera afectar en sus puestos de trabajo que se conociera que viven en la Cañada. “Queremos ser como cualquier otro vecino de Madrid, sentirnos uno más… Siempre hemos estado dispuestos a pagar impuestos por los distintos servicios, por comprar el suelo sobre el que levantamos nuestras casas”, ha explicado Valenzuela, que distingue entre "las distintas realidades" de la Cañada. Diferentes mundos que abarcan desde los chalets más lujosos a las chabolas levantadas con cuatro tablas y tejados de uralita.

“Hoy nos hemos sentado juntas las cuatro agrupaciones más antiguas. Lo que pretendemos es dejar de tener un asfalto precario, unas tomas de luz en malas condiciones”, ha resumido la portavoz. “Es tan sencillo como que tengan una serie de derechos y deberes, que dispongan de una recogida de basuras, que las calles estén señalizadas al tráfico, que no tengan que pinchar la corriente eléctrica… Nuestro objetivo es que la mayoría de propietarios puedan comprar el suelo de la vivienda, porque supone una normalización, un reconocimiento, en definitiva seguridad jurídica para atajar un problema para personas que llevan hasta tres generaciones viviendo en sus casas”, aporta Victoria. El consejero ha pedido hoy el censo de fincas y residentes que se encargó a los distintos ayuntamientos implicados, para "poder afrontar con exactitud el reto" que durante décadas ha supuesto la Cañada a todas las Administraciones. "Los primeros datos aproximados, según el recuento de los vecinos y el IRIS [Instituto de Realojamiento e Integración] hablan de unas 11.000 personas frente a las 40.000 que siempre se dijeron. Por lo tanto el problema es menor; quizás antes, ante semejante volumen de gente, no se actuó por desinterés o no saber cómo hacerlo", ha referido Victoria, que coordinará a todas las consejerías con competencias, como Sanidad, Educación o Medioambiente. El responsable de Urbanismo de Rivas también discrepa en este sentido: "El censo que han presentado está plagado de inexactitudes, por no decir de errores manifiestos que hubieran sido fácilmente subsanados si se hubieran dirigido a este Ayuntamiento para preguntarnos”.

La portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha celebrado la reunión y espera que el plan de trabajo "cuente con la mayor participación y consenso posibles".  "Hace 15 días le pedimos al consejero durante un pleno que se pusiera manos a la obra para acabar de modo eficaz con la exclusión en Cañada Real. Por suerte, parece que la petición ha funcionado”, ha observado la diputada socialista. Lo que no consiguió su partido durante el debate presupuestario es que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre aceptase su propuesta de reservar recursos económicos en las consejerías con competencias para intervenir en los problemas de la Cañada. "Con el no del PP a esta reserva económica, el plan social nacerá probablemente sin presupuesto, una carencia que nos preocupa", entiende Martínez.

El próximo 15 de marzo, día en que se cumple un año de la aprobación de la ley 2/2011, que convierte en bien patrimonial la vía pecuaria para así transformar el suelo en urbanizable, industrial o zonas verdes en función de las necesidades locales, las agrupaciones invitarán a todos los interesados a pasear por el terreno “para acabar con un estereotipo de marginalidad muy lejano de la realidad en la mayoría de los 14 kilómetros”, sentencia una amiga de Valenzuela. Aun así, ella tampoco dice su nombre y rehúye las cámaras, temerosa del qué dirán.

Los cálculos de los que dispone Servicios Sociales, que coordinará al resto de carteras implicadas (desde Sanidad a Medio Ambiente) en un proyecto que pretende reordenar la Cañada, no son los definitivos. De hecho hace casi un año se encargó un censo de habitantes y fincas a los ayuntamientos afectados. El responsable de la consejería, Salvador Victoria, solicitará hoy los censos a los tres ayuntamientos, encargados hace casi un año. También se reunirá con integrantes de las cuatro de asociaciones de vecinos. Por primera vez los representantes de todos los sectores, incluido el VI, el más problemático, compartirán espacio.

El Gobierno regional aprobó el pasado marzo, con la oposición de PSOE e IU, la ley 2/2011, que declara el carácter de bien patrimonial de la vía, que deja de ser pecuaria. La Comunidad podrá “enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico, preferentemente a los Ayuntamientos”, según el texto normativo. En caso de no ejercer esa opción preferente, la Comunidad podrá enajenarlos a terceros: los vecinos. “El fin es aportar una seguridad jurídica a los residentes con una antigüedad de hasta 50 años en la zona. Que la mayoría de los propietarios de viviendas puedan ser los propietarios del suelo donde se edificaron, siempre que cumplan una serie de requisitos”, explica Victoria.

Móstoles se convierte así en la única ciudad de la región, además de Madrid capital, que cuenta con dos hospitales de uso público. El centro cuenta con 260 habitaciones individuales, 47 consultas, diez quirófanos y 78 puestos de urgencias. Durante toda esta semana, hasta el domingo, los curiosos podrán visitar el hospital aprovechando las jornadas de puertas abiertas.

El hospital Rey Juan Carlos es el tercero, tras Valdemoro y Torrejón de Ardoz, con gestión enteramente privada en la Comunidad de Madrid. Su construcción ha costado 232 millones, ha informado el Gobierno regional. Una inversión privada que ha adelantado la empresa concesionaria del hospital, el grupo Capio. Con este ya son tres los hospitales de la red pública que controla esta firma (con la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro; entre los dos suman 800 camas), además de los centros de especialidades de Pontones y Quintana.

La Comunidad de Madrid y la empresa han firmado un contrato administrativo en modalidad de concesión por 30 años y que incluye construcción, atención sanitaria y provisión privada de todos los demás servicios. Este era uno de los cuatro centros que Aguirre prometió abrir durante la pasada legislatura. Lo hizo con el de Torrejón de Ardoz, pero el de Móstoles y el de Collado Villalba pasaron al mandato actual. El cuarto compromiso, un hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, se ha aparcado.

El edificio está diseñado por Rafael de la Hoz, presente hoy también en la visita de la presidenta, junto con el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. El arquitecto, autor también de uno de los edificios de la Ciudad de la Justicia, ha diseñado un hospital que combina una base o zócalo que acoge los servicios hospitalarios (consultas, diagnóstico, tratamiento, quirófanos...) y, en la parte superior, dos coronas ovaladas donde se sitúan las habitaciones, todas exteriores.El hospital será "un hito para la arquitectura sanitaria española", aseguró Aguirre.

El Hospital Rey Juan Carlos dará cobertura sanitaria a cerca de 180.000 habitantes de 18 municipios (Móstoles, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de Arroyo y El Álamo), aunque con la implantación en la sanidad madrileña de la libre elección, cualquier ciudadano podrá si lo desea, ser atendido en este centro, asegura la Consejería de Sanidad.

Un portavoz del ministerio señala que estudiarán la  propuesta como otras que les han llegado para los contenidos de la futura asignatura, cuyo cambio fue uno de los primeros anuncios del ministro en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Justo después de aquella comparecencia, el 1 de febrero, un grupo de especialistas en servicios de emergencias empezó a mover una vieja idea, una "espinita clavada", como lo define María Luisa Moreo, portavoz de la Plataforma por la Educación Cívica en Emergencias. La propuesta llegó a través del Twitter de uno de los responsables de prensa del servicio de Emergencias 112, Luis Serrano, que pidió incluir en Educación Cívica conocimientos "en Protección Civil, seguridad, 112, emergencias". Añadía que en los Estados Unidos "todos lo hacen".

"Gracias a las redes sociales, la propuesta fue cogida al vuelo", añade ahora Moreo. Entre los que respondieron a Serrano, el propio ministro de Educación, que en otro tuit mostraba interés: "Habrá que ver si es ese el encaje o cabe incluirlo en otro área, pero el fondo hay que considerarlo".

Esa es la idea, sí, que se considere el fondo. La proposición no de ley presentada este miércoles en la Asamblea de Madrid alude a  algunos datos sobre "la importancia de que todos los ciudadanos conozcan las técnicas de soporte vital básico". Alude a accidentes con "cientos de víctimas" que se podrían evitar "con una correcta formación". Tres de cada cuatro muertes por enfermedad cardiovascular se producen en el domicilio del paciente, prosigue. La actuación de los testigos es vital. En un accidente de tráfico, es primordial la intervención durante la primera hora -que se conoce en argot como la hora de oro- para evitar muertes.  "Debería enseñarse en las aulas", añade.

"La finalidad es concienciar sobre la importancia de una actuación rápida, serena y precisa en situaciones de emergencia", señala el texto de la proposición, que parte de profesionales del sector.

El Partido Popular la ha presentado en la Asamblea de Madrid. “Consiste en implicar a los ciudadanos desde edades muy tempranas en el conocimiento de estas técnicas”, ha explicado el portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, que ha llevado la propuesta al registro del hemiciclo junto a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol. “La medida es sensata y coherente, la formación en medidas de prevención ayuda al prójimo y permite el conocimiento de los servicios de emergencia”, ha apuntado la consejera, acompañada por integrantes de la Plataforma por la Educación Cívica en Emergencias. Plañiol ha puesto como ejemplo que cada año unos 4.000 escolares de entre 8 y 11 años visitan los parques de bomberos para entender su importancia.

Han sido nos viandantes los que han llamado a las 10.26 al teléfono de emergencias 112 alertando de la existencia de un cadáver. Al lugar se ha dirigido una patrulla del puesto de Orusco, municipio cercano al lugar de los hechos, que, efectivamente, han confirmado que se trataba de un homicidio. La víctima presentaba al menos un disparo en la cara, que fue lo que le causó la muerte. Al lugar se han desplazado agentes de homicidios y del laboratorio de criminalística. Estos últimos deberán determinar si el disparo se ha producido con una escopeta o con un arma corta como una pistola o revólver. Los agentes están pendientes de que el juez ordene el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico forense, en la capital, donde mañana se le realizará la autopsia.

Las primeras hipótesis que baraja la Guardia Civil es que puede tratarse de un ajuste de cuentas, dadas las características de la víctima y la forma en que había sido asesinado, aunque, desde el instituto armado, no se descarta ninguna hipótesis de trabajo. Este es el tercer homicidio que se registra en la región en lo que va de año. 2011 se cerró con 50 muertes violentas en la región, lo que supuso un incremento cercano al 20% respecto al año anterior.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que uno de los jóvenes ha sido trasladado por el Samur Protección Civil al Hospital 12 de Octubre por una herida penetrante grave en zona lumbar y por otra en la espalda menos grave.

El segundo joven fue herido en la cabeza y presenta también una herida por arma blanca en el abdomen por lo que fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón.

Ambos tienen pronóstico grave, permanecen conscientes y "en principio" sus vidas no corren peligro, ha señalado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso del que no hay por el momento ningún detenido.

Se referían a unas palabras de Figar que aseguró que, en las asambleas de la movilización educativa, estaban "los que agredían a los peregrinos", los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud que acudieron a recibir al Papa en agosto. Un grupo de 67 profesores primero y otros 400 después presentaron una denuncia por posibles delitos de injurias, falsedad y calumnias contra la consejera, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido ahora archivar.

El auto recoge distintas manifestaciones de Figar, como la que hizo en el programa de televisión El gato al Agua, del canal Intereconomía, el 31 de agosto. Dijo: “Además, muchos de esos profesores, que van a trabajar 20 horas semanales, van a cobrar complementos salariales por especial dedicación”. Su apreciación errónea (los profesores trabajan 37,5 horas semanales, de las que 20 son lectivas) fue similar a la que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en un acto público y que incendió a la comunidad educativa. La presidenta pidió disculpas después por esta afirmación.

Pero según el tribunal, hay errores de forma y de fondo en las denuncias de los docentes, que han decidido no recurrir la decisión del juez. Señala que no se puede admitir una querella por injuria o calumnia “si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado o de haberlo intentado sin efecto”. También explica que las referencias “genéricas e innominadas” en las declaraciones de la consejera no se refieren a una persona concreta, por lo que debe prevalecer la libertad de expresión que además enmarca en mitad de unas circunstancias “ambientales sociopolíticas altamente significativas” en mitad de las protestas por los recortes educativos, que han provocado nueve huelgas y todo tipo de protestas en la comunidad educativa durante el primer trimestre del curso.

También pone en duda que la consejera hiciera una imputación “falsa, subjetivamente inveraz” con algunas de las dos premisas (“a sabiendas de su inexactitud” o “con desprecio absoluto hacia la verdad”) que determinan que se puede hacer alusión a la calumnia

Uno de los profesores que presentó la denuncia, Santi Ruiz, ha señalado que no recurrirán el auto. Tras analizarlo al detalle "no ven viabilidad" a un posible recurso, aunque ha asegurado que seguirán con sus movilizaciones. "No estamos satisfechos con la decisión", ha reconocido el docente en declaraciones a Europa Press.

Profesores, sindicatos, directores y familias pusieron el grito en el cielo contra la nueva medida, aprobada sin negociación y en pleno periodo estival. Entre otros motivos, alegaron que el cambio de horario suponía prescindir de miles de profesores interinos (3.000, según los sindicatos y un millar en cálculos de la Consejería) con los que sería imposible poner a funcionar a los centros a toda su capacidad, sin personal suficiente para abrir las bibliotecas, cubrir las guardias o hacer actividades extraescolares, según los afectados. Ha habido nueve huelgas y multitud de actos de protesta desde entonces. Los sindicatos, incluso, decidieron acudir a los tribunales, que ahora les quitan la razón.

CC OO presentó un recurso contencioso administrativo contra las instrucciones de inicio de curso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un auto notificado el pasado 14 de febrero, no lo ha admitido a trámite y considera que no se pueden impugnar las instrucciones. Es la segunda vez que el TSJM rechaza un recurso sobre esta cuestión. El noviembre pasado y desestimó otro presentado el 2 de septiembre.

En el auto que se ha conocido hoy, señala el tribunal  que las instrucciones “se dictan en uso de potestades de autoorganización dirigidas al estamento docente de los centros públicos” para informarles “sobre la normativa vigente en cada una de las áreas y parcelas de la vida educativa”. Pero añade una última idea a la que se aferra el sindicato. Alude a que se pueden impugnar “las diferentes normas que en ellas [en las instrucciones] se recogen”.

Comisiones prepara reclamaciones individuales contra las instrucciones, según Carmen Perona, abogada del sindicato, que asegura que se cuentan por miles. Se basan en la idea de que ampliar la jornada lectiva supone forzar la normativa. El horario está regulado en una orden ministerial de 1994 que permite ampliar de forma excepcional la jornada de 18 a 21 horas lectivas en virtud de las necesidades del departamento. “Han convertido una excepción en algo corriente y además no compensan a los profesores por el incremento de horas lectivas”, señala Perona, que asegura que se basará en sentencias previas para fundamentar la nueva actuación, además de recurrir el auto del TSJM.

La Consejería de Educación, por su parte, subraya en una nota que el TSJM ha recordado a CC OO una sentencia previa firme en la que avaló “por los mismos motivos jurídicos” las instrucciones de la Comunidad de Madrid para el curso pasado.

La concentración comenzó en Sol a las 19.30, en donde se vivieron instantes de tensión frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente los manifestantes han cortado la Gran Vía a la altura de Callao y bajado hacia Cibeles por la calle de Alcalá. Enfrente del Ayuntamiento les esperaban varios vehículos policiales que les han obligado a desviarse hacia Colón.

Un millar de manifestantes continuaron la protesta frente a la sede del Partido Popular, en la calle de Génova, y después se dirigieron hacia el Congreso de los Diputados. En algunos momentos el ambiente se ha caldeado con esporádicos lanzamientos de objetos contra el edificio del PP, entre ellos alguna bola de acero. Hasta siete furgones de policías con cascos y escudos rodearon el edificio, apoyados por refuerzos en las calles aledañas.

Los manifestantes han exhibido pancartas pidiendo "libertad de expresión" o lemas como "Todos somos víctimas de la violencia". También han coreado numerosos cánticos contra la policía: "Policía asesina" o "Yo también soy el enemigo".

Hacia las once de la noche los manifestantes han atravesado la glorieta de Atocha en dirección a la estación de metro y Cercanías, donde les esperaba un importante despliegue policial. Los concentrados han insultado los agentes de policía y, poco a poco, se han ido disolviendo.

Otras ciudades

Mientras en Valencia, miles de ciudadanos se manifestaban con libros como armas para “solidarizarse” y “proteger” a los estudiantes tras cuatro días de cargas policiales, otras ciudades del país apoyaron las protestas estudiantiles con marchas.

En Barcelona, miles de personas se dirigieron desde la Plaza Catalunya a la Plaza Sant Jaume después de reunirse durante aproximadamente una hora. En Alicante, lo que comenzó como una concentración ha terminado como una marcha por las principales calles de la ciudad. En Oviedo, cerca de 500 personas se han manifestado frente a la Delegación del Gobierno en Asturias y ante la sede del Partido Popular en la capital del Principado, informa Pedro Zuazua

En Sevilla y Cádiz, cientos de personas protestaron frente a la sede del PP andaluz mientras que en Córdoba y Granada cortaron el tráfico en los alrededores de la delegación del Gobierno en la ciudad. En Murcia, cerca de mil personas, la mayoría jóvenes y estudiantes han marchado en apoyo a los estudiantes de Valencia y han depositado libros frentes a la Jefatura Superior de Policía. También hubo concentraciones y pitadas en Cáceres, Zaragoza, Teruel, Palma de Mallorca, Cuenca y Almería.

Choques en Valencia

La dureza de las cargas el lunes en Valencia, donde hubo 17 heridos leves (11 de ellos agentes, según el balance policial) ha provocado una cascada de críticas y protestas en toda España. La oposición ha pedido incluso la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.

Oficialmente, la Policía Nacional ha detenido en estos cuatro días a 43 alumnos valencianos, de los cuales ocho son menores de edad. También hay decenas de lesionados y cerca de dos centenares de fichados, la mayoría por “desobediencia a la autoridad” y alguno por “atentado”.

Las detenciones en el centro de la ciudad se sucedieron sin que constaran más daños materiales por parte de los estudiantes que algún contenedor quemado. Una joven fue detenida frente al instituto por pedir el número de placa a un policía cuando éste no la dejaba pasar.

El Partido Popular prometió ante las elecciones municipales del pasado mes de mayo (que ganó por mayoría absoluta) la creación de 150.000 empleos a lo largo de la legislatura. En junio, había 218.000 parados en la capital y 470.000 en la región. Ahora, 224.000 y 511.465. En ese periodo, el Ayuntamiento ha lanzado más de un centenar de iniciativas para promover el empleo, consensuadas con la oposición y los agentes sociales. En opinión del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, eso “ha servido para que el paro esté en Madrid nueve décimas por debajo de la media regional y 5,2 puntos por debajo de la media nacional”.

En enero, el Gobierno municipal paralizó provisionalmente el gasto no comprometido en los Presupuestos de 2012 por valor de 128 millones de euros. Lo hizo por “prudencia y sentido común”, según el vicealcalde, al no “tener claros los ingresos” por no haber aprobado aún el Gobierno central los Presupuestos Generales del Estado para este año. “Estas retenciones no constituyen un recorte ni tienen carácter definitivo”, han asegurado hoy los responsables del área de Economía. Tienen además “un carácter de previsión” y no constituyen “un fin en sí mismo”.

La medida ha supuesto en cualquier caso un tijeretazo de 4,6 millones de euros en este área. En opinión del concejal socialista Pablo García-Rojo, “habría que ser muy optimista para pensar que este bloqueo no va a ser permanente”. Se une además, según ha dicho, a un recorte presupuestario del 13% en 2010, del 16% en 2011 y del 13% en 2012. Los 4,5 millones bloqueados ahora constituyen un 4,5% más.

Para el concejal socialista, estos recortes "ponen en riesgo la viabilidad de los programas municipales de promoción de empleo". “No entendemos el criterio que grava a este área siendo una prioridad, no entendemos como se compatibiliza eso con un descenso constante de recursos”, ha añadido.

Según ha precisado el Gobierno municipal, el bloqueo de gasto no afectará a las becas para desempleados ni al reintegro del 50% de la cuota de autónomos a los emprendedores menos de 30 años (que costará 10 millones de euros y beneficiará previsiblemente a 6.000 jóvenes). “El criterio ha sido salvaguardar los servicios básicos con una incidencia mínima en los objetivos del área”, han añadido los responsables de Economía. Por ello, “se han salvaguardado los viveros de empresas y los programas de asesoramiento y formación”, entre otros.

La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico Lorenzo, mantiene que el recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid no entra en el fondo de la cuestión y no explica qué preceptos legales han sido conculcados por el TSJM. Esto supone que las sanciones interpuestas desde la entrada en vigor del cuadro de multas el 1 de enero de 2006 hasta su reforma a mediados de 2010 (con la nueva Ley de Seguridad Vial) no se ajustan a la legalidad. "Respecto a la jurisprudencia de esta Sala esgrimida no se muestra relación de la misma con la cuestión objeto de debate ante la Sala de instancia ni tampoco de la doctrina constitucional hecha valer. No se encuentra en cuestión el principio de tipicidad sino el de jerarquía y proporcionalidad", argumenta la Sala Tercera.

Los efectos prácticos para los conductores sancionados serán prácticamente nulos. Las multas que ya hayan sido pagadas se consideran firmes y, por tanto, no cabe lugar a ninguna devolución. Tan solo podrían recurrirse con la sentencia del Tribunal Supremo aquellos expedientes que estén todavía abiertos o que estén pendientes de concluir con embargo al titular o al conductor sancionado.

"El problema que tuvimos es que el Ayuntamiento de Madrid se negó a graduar las multas tal y como recogía la normativa. Impuso un precio fijo a las denuncias sin tener en cuenta factores como la proporcionalidad. No es lo mismo una segunda fila en una calle principal que en otra en la que casi no hay tráfico", ha explicado Pedro Javaloyes, portavoz de DVuelta la empresa de gestión de multas que interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio de la capital.

"Como el Ayuntamiento se negó a dejar de aplicar las sanciones hasta que la sentencia fuera firme, ha estado cobrando de manera ilegal unas multas entre 2006 y 2010, pese a que ya en 2009 tuvo una sentencia en contra. Los madrileños se han visto perjudicados por la lentitud de la justicia y por el hecho de que el Ayuntamiento sea juez y parte", ha recordado Javaloyes.

La explotación de las dos plantas de biometanización y de la planta de tratamiento de biogás le costará a las arcas municipales 207,3 millones de euros, según el expediente de contratación que ha consultado EL PAÍS. El contrato de gestión tiene un plazo de ejecución de 14 años, por lo que el coste anual para el Ayuntamiento será de 14,8 millones. Las plantas tienen capacidad para asumir hasta el 60% de los residuos orgánicos que llegan hasta Valdemingómez. El 40% restante seguirá tratándose en la planta de compostaje como hasta ahora.

El Ayuntamiento resta importancia al elevado coste del tratamiento de biometanización, que se suma al de la construcción de las plantas —disparado desde los 51 millones iniciales hasta los 112 que finalmente se contabilizaron—. Una portavoz explica que no se debe tener en cuenta únicamente el beneficio económico que se obtenga de la comercialización del biogás, sino también el medioambiental. “Se produce una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera equivalente a 300.000 toneladas al año”, señala. “Además, disminuye la cantidad de residuos que se depositan en el vertedero”. “Gestionar un servicio público cuesta dinero, se haga como se haga, y dentro de las opciones que tenía, el Ayuntamiento se ha decidido por la biometanización y no por el compostaje, que también cuesta dinero pero se le saca un rendimiento mucho menor”, argumenta la portavoz municipal. El compost que se produce mediante este método también se comercializa, pero los beneficios son mucho menores, según el Consistorio.

Desde la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción aseguran que la biometanización es “una buena idea” pese a que el compostaje es mucho más barato. Sin embargo, añade un portavoz, “eso no puede hacer olvidar que la gestión de los residuos orgánicos del Ayuntamiento de Madrid no es la adecuada”. Madrid no tiene recogida selectiva de materia orgánica, como es obligatorio ya, por ejemplo, en toda Cataluña, por lo que los residuos que llegan al contenedor de resto incluyen todo tipo de materiales, entre ellos tóxicos domésticos. “En los ecoparques catalanes está prohibido hacer biometanización con materia que no haya sido recogida de forma selectiva”, señala el portavoz, que explica que ha habido problemas en los digestores (donde se produce la fermentación) de las plantas que no lo hacen así.

El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón inauguró las plantas de Valdemingómez en febrero de 2009. Dos años después, acumulaban un sobrecoste del 120% y no producían nada, lo que motivó las críticas de los socialistas. El Ayuntamiento, argumentaron, no debió permitir a las empresas modificar los proyectos y disparar los costes. "Gallardón no ha querido reconocer que el proyecto no era viable, que la tecnología que le vendieron estaba mal hecha, y ha seguido pagando al margen del procedimiento administrativo habitual", aseguraron. UPyD se sumó a esa crítica ayer en la comisión de Medio Ambiente.

El contrato inicial, que incluía la redacción del proyecto, la construcción y “la puesta en marcha” de las plantas —con capacidad para generar biogás para propulsar 405 autobuses de la EMT— se adjudicó en 2005. La planta de La Paloma, por 25,4 millones, a una UTE (Urbaser, Sufisa y Geocisa) La de Las Dehesas, por 25,6 millones, a FCC. En el primer caso, el plazo de ejecución era de 17 meses; en el segundo, de 15. Sin embargo, no estuvieron listas hasta seis años después. El Ayuntamiento atribuye parte del retraso en la puesta en marcha a la falta de autorización del Ministerio de Industria, que tardó en trasponer una norma de la UE para poder comercializar el gas.

El Ayuntamiento de Madrid abonó entre 2005 y 2011 casi 70 millones de euros por la gestión de los semáforos de la ciudad a dos empresas, Etramad y Telvent, que, entre otras cosas, debían aportar varios vehículos con sus correspondientes conductores para que los técnicos municipales efectuaran las “funciones de vigilancia y control de los trabajos contratados”. Sin embargo, esos coches fueron usados presuntamente para tareas diferentes a las estipuladas en el contrato, como ha reconocido el propio Gobierno municipal y ha concluido la inspección administrativa iniciada a raíz de la denuncia de EL PAÍS.

Por contrato, esos coches debían usarse “todos los días laborables y durante la jornada completa de trabajo” de los técnicos. Sin embargo, la Subdirección General de Gestión de la Circulación “cambió de criterio” en junio de 2006 y “convirtió en general el uso contemplado como excepcional en el contrato”, permitiendo así el empleo de los coches fuera de la jornada laboral (por las tardes y los fines de semana). Los funcionarios municipales reconocen, según el informe, que se llevaban el coche a su casa, supuestamente para tenerlo “a su disposición en todo momento”. En septiembre de 2011, el Ayuntamiento cambió de nuevo el criterio y prohibió a los técnicos llevarse los vehículos a su casa por las noches.

Pero no solo eran funcionarios del área de Seguridad del Ayuntamiento (dirigida entonces por Pedro Calvo, ahora delegado de Economía) los que hacían presuntamente un uso inapropiado de los vehículos. También eran usados por altos cargos (entre ellos, el ahora ‘número dos’ de Calvo, Javier Conde) como si de coches oficiales se trataran, algo que ha reconocido el propio Calvo y confirma la inspección: “Los vehículos con conductor fueron usados como coches oficiales, con diversos niveles de disponibilidad (…) por los distintos responsables de la Dirección General de Movilidad [desde 2005] hasta el año 2008”. Y añade el informe: “El hecho de que los propios técnicos condujeran los vehículos fuera de la jornada de trabajo no resulta congruente [con el contrato]”.

La inspección detalla que “el sistema de control del tráfico de Madrid funciona todos los días del año y las 24 horas del día, produciéndose incidencias [62 al día] en cualquier momento no previsto, por lo que debe existir siempre una atención permanente y constante del personal técnico”. Es decir, si los coches incluidos en el contrato para estas tareas fueron usados por altos cargos a modo de coche oficial o, puntualmente, para tareas personales, como concluye la inspección, no estuvieron disponibles durante ese tiempo para la labor que estipula el contrato: asegurarse de que no haya ningún semáforo estropeado en algún lugar de la ciudad causando estropicios en el tráfico, por ejemplo.

El delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, ha asegurado hoy en la comisión del área que “la responsabilidad de los funcionarios comienza cuando hay daños patrimoniales”. En su opinión, como las empresas adjudicatarias “no han formulado queja alguna” sobre un excesivo gasto en peajes o gasolina, “no se ha producido ningún daño al Ayuntamiento”. No ha detallado, sin embargo, el daño provocado por las incidencias que pudieron quedar sin atender porque los coches estaban siendo usados indebidamente para otras tareas.

La inspección desvela además el absoluto descontrol en el uso de los coches incluidos en el contrato. El Ayuntamiento “no mantiene un registro en el que quede constancia de las incidencias en que intervienen los técnicos, tanto dentro como fuera de su jornada laboral”, señala. ¿En qué se basa entonces para afirmar que no se han producido irregularidades? En que ni los funcionarios ni las contratistas han efectuado denuncia alguna al respecto. Tanto Telvent como Etramad mantienen contratos en vigor con el Ayuntamiento de Madrid y participan regularmente en las licitaciones que éste efectúa.

No pudiéndose probar que el uso irregular fuera generalizado, como se denunció al Ayuntamiento, los técnicos sí han reconocido que “circunstancialmente”, los empleaban para “algún asunto personal puntual (incluso la recogida de niños pequeños de una escuela infantil)”. Fotografías en poder del Ayuntamiento muestran los coches (pagados para realizar inspecciones técnicas de semáforos) en el aparcamiento municipal con sillas para el transporte de menores instaladas en sus asientos.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha aprobado dos decretos para poner fin a estos usos irregulares, en los que se establece que su personal debe “priorizar el uso de transporte público sobre la utilización de vehículos oficiales”; en caso emplear coches municipales destinados a un uso exclusivo, deberá contar con “autorización expresa” para cualquier tarea diferente; también precisará de esa autorización en caso de querer conducirlo personalmente el funcionario, prescindiendo del chófer correspondiente, o para usarlo fuera del horario laboral (los coches siempre deberán volver al Ayuntamiento por la noche).

Además, el Ayuntamiento designará a un responsable municipal de cada contrato, que supervisará su ejecución y velará por el uso apropiado de los medios asignados. Cualquier irregularidad será considera una falta grave, y además se exigirá responsabilidad patrimonial por los daños derivados de esa negligencia.

Los trabajadores del sindicato en Madrid (con unas 150 personas al margen de las distintas federaciones) celebraron una asamblea el lunes para decidir cómo hacerlo. Aprobaron un plan social -elegido con un voto de diferencia- para reducir costes de personal evitando despidos.

Primero, abren un periodo de 20 días para que los trabajadores se apunten de manera voluntaria a distintas medidas aprobadas en la asamblea. Se ofrecen jubilaciones parciales a los 61 años y totales a partir de los 64 años, según explica una portavoz del sindicato. También ofrecen la suspensión de contrato durante un año (en el que la empresa paga la mitad del sueldo y el otro 50%, el desempleo???) siempre que no trabaje en ningún otro sitio. También se contempla la opción de que cojan una excedencia de uno a tres años con el compromiso de volver al puesto en las mismas condiciones o la marcha voluntaria con la que el sindicato se compromete a buscar un puesto similar (con condiciones que deben fijar en un reglamento) en el plazo de un año o un máximo de dos, con hasta 37 días de indemnización por año trabajado y un máximo de 45.000 euros.

Desde el otro lado, la Comunidad de Madrid se compromete a pagar lo que debe, aunque no dice cuándo ni cuánto. El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha asegurado que el Gobierno regional "está tramitando todas las facturas pendientes de pago" y que procederá a pagarlas cuando haya "terminado ese proceso", incluidas las que deba al sindicato UGT. Manglano, desconoce "en qué medida" la actual situación de UGT se debe "a las facturas" que le debe el Ejecutivo autonómico, según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Los dos grupos llevan delinquiendo en la región unos dos meses. Su forma de actuar es siempre la misma. Su objetivo son locales de alterne discretos y que carecen de señalización exterior de la actividad que ejercen. Primero acude uno de los integrantes de la banda, que es el que comprueba si hay porteros y medidas de seguridad. Estas no suelen existir en este tipo de locales, donde los clientes buscan el anonimato y rechazarían cualquier método de grabación, reconocen fuentes del sector.

Tras realizar una primera inspección y controlar los lugares de entrada y las eventuales salidas, acude el grupo al completo unos días después. Actúan con gran violencia y armados para evitar que ningún empleado se les encare. “Siempre acuden a lugares pequeños en los que no hay porteros ni vigilantes. Se trata de locales, en muchos casos, desconocidos para el vecindario”, destaca un empresario afectado.

Los asaltantes registran todas las habitaciones y obligan a las chicas a salir a la entrada. En una ocasión las llevaron prácticamente desnudas a la cocina de uno de los pisos asaltados. Allí las amordazaron y las maniataron. Después fueron sacando a las chicas de una en una y estuvieron abusando sexualmente de ellas. Lo mínimo que sufren las víctimas son tocamientos. A partir de ahí la situación puede degenerar, según los gustos de los atacantes. En al menos una ocasión alguna de las chicas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la brutalidad que utilizaron los asaltantes en las violaciones, según el relato de un afectado. “Las dejaron en la cocina y luego les hicieron de todo. Las chicas tan solo llevaban sujetadores y tangas”, añade este afectado, que pide mantener el anonimato.

Una vez que han terminado de abusar de las chicas, recorren todas las habitaciones y se apropian de todos los objetos de valor: dinero en efectivo, joyas, ordenadores portátiles. Estos suelen ser numerosos porque cada una de las chicas suele tener el suyo propio. A eso le suman los televisores de los locales y la recaudación. En algunos casos los botines han podido superar, de una sola vez, los 60.000 euros, según uno de los afectados.

Las mujeres han podido identificar el origen de los ladrones a través de sus acentos y al color de su tez. Aseguran que los dos grupos están compuestos por ecuatorianos, dominicanos y colombianos, entre otros.

Hasta la fecha, han cometido al menos cuatro asaltos. En un chalé de Aravaca, abusaron de 18 chicas y les arrebataron todo lo que tenía. También han entrado en un piso de la calle de López de Hoyos. Fue en este robo en el que una de las mujeres tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras la brutalidad del abuso. También han irrumpido en un chalé de la calle de Alfonso XIII (distrito de Chamartín). Otro asalto lo hicieron en la calle del Cardenal Cisneros (Centro), según uno de los afectados.

Ambos grupos, que posiblemente estén interconectados, según la policía, suelen entrar en los clubes pasada la medianoche y suelen quedarse hasta las dos o las tres de la madrugada. Prefieren los días entre semana para que haya más movimiento en las calles y pasen más inadvertidos. “La situación es muy denigrante y las mujeres tardan mucho en recuperarse de las agresiones que sufren. Algunas han sido víctimas de auténticas barbaridades”, destacan fuentes policiales, que están desde hace semanas detrás de los asaltantes.

“Son jóvenes que rondarán los 20 años y que se creen impunes. Conforme van cometiendo más asaltos su violencia va en aumento”, comenta una de las víctimas. El número de locales asaltados puede ser aún mayor, según fuentes policiales, pero el problema es que muchas víctimas y los dueños no quieren denunciar los asaltos dadas las características de los locales y el hecho de que en muchas ocasiones las mujeres están en situación irregular en el país. Esto supondría también poner al descubierto más de una organización que trabaja en el borde de la legalidad o, directamente, la incumple.

Según la sentencia de la sección 26 "Torbe" y Paula S.G. permitieron que en 2006 las llamadas que los telespectadores hacían a un número de teléfono para conseguir un premio tras acertar unas preguntas del programa La Hora de Oro, en Canal 7, se dirigieran a otro número telefónico, en el que se les mantenía "el mayor tiempo posible".

El tribunal señala en su escrito que "existió engaño" y que los dos acusados , "en ejecución de un plan preconcebido, resolvieron desviar las llamadas que recibían por error" a un número 803 para obtener "un mayor beneficio económico en detrimento del patrimonio" de al menos seis personas.

En la vista, se escuchó el testimonio de uno de los afectados, que entonces tenía 90 años y que llegó a llamar 177 veces a los números de tarifa adicional que le indicaban para cobrar un premio de 10.000 euros que nunca llegó a recibir.

"No hay previsión de pagos. Seguimos igual. No hay liquidez en el Consistorio ni ha llegado la ayuda de la Comunidad. Por eso vamos a encerrarnos de forma indefinida hasta que nos paguen la nómina", explica Queiroz, que lamenta la falta de información.

De esta forma, los integrantes del comité del Ayuntamiento de Parla volverán a pernoctar en las salas del Consistorio, con la intención de acudir al Pleno extraordinario que se va a celebrar mañana a las 8.30 horas: "Lo han puesto a esta hora para que no vayan los trabajadores", asegura esta sindicalista, que recuerda que solo han cobrado el 40% de la nómina de enero.

Más allá del caso particular de este agente, la sentencia es relevante porque puede afectar a muchos más funcionarios expedientados por la misma persona o por otras que también sean interinas y no tengan plaza fija en la Administración municipal. Eso es lo que hoy va a preguntar el concejal socialista Diego Cruz en la comisión municipal de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad. “Queremos saber cuántos funcionarios podrán acogerse y solicitar la anulación de sus expedientes disciplinarios después de la sentencia”, explica Cruz.

Una portavoz municipal aseguró ayer que el Ayuntamiento recurrió el fallo, pero que el recurso no fue aceptado. Cruz preguntará también hoy por esa cuestión, porque el fallo asegura que, contra él, no cabe interponer recurso ordinario de apelación. En todo caso, “debe ser extraordinario”, señala el concejal. Desde el Consistorio recuerdan que la sentencia no entra en el fondo de la cuestión. “El juez no pone en duda la sanción, sino el trámite”, subrayó la portavoz del área de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.

De hecho, el Consistorio ya ha hecho lo que le pedía el juzgado: nombrar a otro instructor del expediente disciplinario del agente para que se volviera a iniciar la tramitación. Según la citada portavoz, el policía finalmente ha cumplido los cinco días sin empleo ni sueldo por una falta grave. Según la sentencia, se le abrió expediente por “negligencia grave de los deberes profesionales” después de una actuación en noviembre de 2007. El Ayuntamiento no desveló ayer qué fue lo que sucedió.

Cruz asegura que la forma de proceder del Consistorio “puede provocar inseguridad jurídica” a los afectados. “Ahora tendrán que revisarse todos los expedientes que no hayan sido instruidos por funcionarios de carrera”, añade.

La sentencia no se limita a dilucidar si el expediente disciplinario al agente que recurre a la justicia se ha tramitado correctamente. También apunta en los fundamentos jurídicos a que es necesario reformar la regulación sobre esta cuestión. “La conclusión alcanzada no obsta a que debamos reconocer que la regulación que se hace del instructor (y del secretario) del expediente es uno de los puntos menos brillantes, peor resueltos y menos respetuosos con las garantías constitucionales que pueden encontrarse en el derecho disciplinario español”, afirma. Añade que sería digna de elogio “una reforma decidida que respetase los principios de idoneidad, independencia e imparcialidad”. El juez admite en otro punto del texto que la cuestión es “controvertida”.

La sentencia no tiene precedentes por su dureza ya que hasta el momento ningún proxeneta había sido condenado a una pena de tanta duración. 30 años de los que solo cumplirá 20, según determina la legislación vigente. Por eso la sentencia recuerda que Clamparu no permanecerá más de 20 años en prisión. El condenado tendrá que indemnizar a las tres testigos protegidas que son mayores de edad con 12.020 euros, mientras que a la menor de edad deberá compensarla con 30.506, pese a que durante el juicio ella renunció a esta indemnización, que solicitó en su nombre la representante de la fiscalía.

De esta forma, los magistrados dan por bueno el relato de la fiscalía en el que se destacaba que en 2000, un año antes de que España facilitara la entrada de ciudadanos rumanos con visado de turista, Clamparu y los integrantes de su banda consiguieron que un número indeterminado de mujeres de esa nacionalidad viajasen hasta España. Tras convencer a algunas de que se les proporcionaría un trabajo en la hostelería o en el servicio doméstico, y concertar con otras que trabajarían en la prostitución.

Una vez que llegaban a España, según la sentencia, les decían que habían contraído una importante deuda con la organización y que debían trabajar ejerciendo la prostitución y entregar la totalidad del dinero recibido hasta saldarla. Para doblegar su voluntad y obligarlas a desarrollar la prostitución "se valían de amenazas y agresiones físicas, les retiraban su documentación personal proporcionándoles otra falsa, las mantenía hospedadas en pisos donde eran controladas continuamente para evitar su fuga y vigilaban estrechamente sus movimientos".

Ioan Clamparu, según el tribunal, dirigía al resto de miembros de la banda, así como a las otras personas no identificadas, distribuyendo las mujeres entre ellos a fin de que las controlasen y recaudasen sus ingresos: "Les indicaba los lugares donde debían ejercer la prostitución, y se reunía periódicamente con ellos para gestionar el trabajo de las mujeres y que le rindieran cuentas sobre lo recaudado".

Asimismo, la testigo protegida Andrea, menor de edad, fue obligada a prostituirse. Tras conocer Clamparu que la menor se encontraba embarazada: "Le requirió para que abortara, diciéndole que en otro caso la mataría, pues de otro modo no podría seguir ejerciendo la prostitución. Ante su oposición a tal intervención el acusado la agredió físicamente para someter su voluntad".

Testimonios decisivos

El fallo de los magistrados destaca la importancia que han tenido las declaraciones de las mujeres que fueron obligadas a prostituirse, especialmente las de Andrea y M. D. F. "Todas ellas declaran que el conocido como Ioan era el jefe del grupo, que repartía las chicas entre los que se encargarían directamente del control personal de cada una, y que éstos le entregaban los ingresos obtenidos". Para los magistrados es "relevante" cómo la testigo Pepa fue objeto de "un sorteo" por parte del acusado, y pese a haber sido asignada a un tal Mihai, el propio Joan decidió mantenerla trabajando exclusivamente para él las dos primeras semanas, "lo que objetiva el papel preeminente que desempeñaba". Por otro lado, el acusado acudió al piso en el que se encontraba Pepa para intimidar a las chicas que allí se encontraban, diciéndoles que no quería tener problemas con ellas y advirtiéndoles lo que les pasaría en caso contrario. Además, Ioan Clamparu es, según la sentencia, la persona a la que se informa del embarazo de la menor Andrea y el que le "coacciona" para abortar. "Hechos todos ellos demostrativos de su jefatura, algo que era una realidad conocida por todas las afectadas".

Las declaraciones prestadas por las testigos y víctimas son "plenamente coincidentes" en cuanto a las condiciones de ejercicio de la prostitución, al control de movimientos padecido, a la violencia empleada, a la retirada de su documentación, a las circunstancia de su transporte a la Casa de Campo, a la vigilancia allí desarrollada, a la imposición del horario, a la obligación de entregar todo el dinero y a la identificación de Clamparu como el jefe de la organización. "Esta coincidencia proporciona un elemento que consideramos muy importante para ponderar el juicio de credibilidad subjetiva que merecen; máxime si se tiene en cuenta que no se conocían entre ellas, con la sola salvedad de Mariana R. y Andrea, por haber coincidido en la misma vivienda; y que todas formularon sus denuncias o prestaron declaración en distintas fechas y en diversas comisarías, cuando consiguen eludir la vigilancia a que estaban sometidas".

Los magistrados resaltan en este punto que todas las mujeres cuentan iguales elementos intimidatorios, pues todas conocen las historias atribuidas a Cabeza de Cerdo respecto de la muerte de otras chicas finalmente despedazadas y una en Mallorca torturada y después atacada por perros: "El propio Ioan relató dichas historias en el piso donde se encontraba Pepa. Estos hechos fueron policialmente investigados, y ciertamente no se pudo constatar su realidad; sin embargo, la circunstancia de su difusión entre todas las mujeres responde a su cometido neta y brutalmente amenazador".

Pero además de los testimonios de las mujeres obligadas a prostituirse, las investigaciones policiales pudieron comprobar y constatar la realidad de estas explicaciones a través de los operativos practicados en la Casa de Campo. Donde detectaron la vigilancia mediante vehículos por parte de personas cuyas descripciones coincidían con las recibidas. Los agentes que llevaron a cabo la investigación explicaron los seguimientos que realizaron a algunos de los vehículos implicados, y que culminón con los registros domiciliarios practicados y las correspondientes detenciones de las personas identificadas en su día por las testigos.

Pero la sentencia le da un varapalo a los profesionales de la clínica en la que se practicó el aborto a la menor de edad. "La Sala no reconoce especial valor a las declaraciones de los tres profesionales de la clínica que acudieron a la vista oral". El doctor M. A. A., psiquiatra del centro y también socio fundador y consejero delegado de la entidad, la asistente social y el ginecólogo que practicó la intervención. "Su testimonio, con toda lógica interesado en no reconocer ninguna omisión o posible negligencia por su parte, no pueda alcanzar más allá de la conclusión de que la menor no expresó ninguna oposición al aborto. Se advierte una relevante contradicción entre la declaración del doctor en la vista oral al expresar que la entrevista con las pacientes se realiza siempre a solas, mientras que en su declaración ante el juez de Instrucción reconoció que a veces "evalúa la posibilidad de que hubiera más personas presentes”...”que no es raro que tengan alguna persona que necesite intérprete”. Algo que resulta compatible con la explicación de la menor en el sentido de que la mujer que le acompañaba intervino en tal concepto.

El paciente J. N. T., de 43 años, acudió a su médico de atención primaria en enero de 2001 porque se había visto un pequeño bulto de una lenteja de tamaño en el pecho derecho. Tras hacerle una mamografía y hacerle estudios hormonales y morfológicos, le diagnosticaron un ginecomastia (volumen excesivos de las mamas en los hombres) unilateral sin evidencia malignas.

Sin embargo, el bulto fue en aumento y en abril de 2002 acudió al hospital Puerta de Hierro. Allí le hicieron una biopsia y le apreciaron que se trataba de un adenocarcinoma ductal que resultó ser muy agresivo. El paciente acudió repetidamente a sus médicos y les fue informando de la evolución. Al final le hicieron una mastectomía con vaciamiento axilar, pero ya sufría metastasis, según El Defensor del Paciente. Desde ese momento, J. N. T. fue tratado por el Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro siguiendo las pautas establecidas en cuanto a tratamiento y pruebas diagnosticas. Falleció el 22 de diciembre de 2006.

Los jueces entienden que hubo mala praxis médica al no practicarle al paciente más pruebas (mamografías, ecografías, PET,…) que hubieran permitido un diagnóstico correcto. Es decir, no pusieron al alcance del paciente todos los medios de que se disponían, según los magistrados.

El resto de partidos de la oposición también se han postulado en contra del modelo impulsado desde el Gobierno. “La reforma no va por el camino correcto, que es evitar la dualidad del mercado laboral. Está desequilibrada excesivamente a favor de los empresarios, va a impedir incrementar la productividad y que la gente se forme mejor…”, ha explicado Ramón Marcos. El portavoz adjunto de UPyD ha reconocido que la anterior legislación “era mala, equivocada, porque era tan tremendamente flexible que ha destruido tres millones empleos cuando la renta y el PIB no han disminuido de manera proporcional. Nosotros entendemos que debería haberse regulado el contrato único”, ha continuado.

Tomás Gómez, portavoz y secretario general del PSM, cree que la reforma laboral “es la mayor tropelía que se ha cometido contra los trabajadores, hecha a la medida y al dictado de la gran patronal”. “Abre la puerta a muchas cosas, como a la quiebra del modelo de negociación colectiva, a pactar de manera individual a cada trabajador… Abre la especulación con los trabajos de la gente y a los infratrabajos, como ocurre en gran medida en Alemania, un modelo idealizado por la derecha española cuando en realidad es un modelo de precariedad laboral, con puestos de trabajo en precario y bajos salarios”, ha concluido Gómez.

Iñigo Henríquez de Luna, la voz del PP en la Asamblea, ha defendido en solitario el nuevo modelo. “Lo que se ha hecho hasta ahora no funciona, desde el Fuero del Trabajo de 1938 lo esencial de la ley laboral no ha cambiado. Y le recuerdo al señor Tomás Gómez que la actual reforma limita los contratos temporales a un año cuando antes se podían encadenar contratos de ese tipo durante tres. Y lo que decimos es que prime la negociación colectiva en el seno de la empresa. Lo contrario, que se pacten incrementos salariales globales al margen de las empresas sin tener en cuenta su situación económica, no tiene sentido”, ha zanjado.

Pero lo peor estaba por llegar. Este empresario solicitó un préstamo de 77 millones de euros al Banco Pastor. Y se comprometió a devolverlos en dos años. Algo casi imposible si se tiene en cuenta que debía construir casi un centenar de viviendas. Según una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Martín Moreno no dedicó ese dinero a construir las casas de los vecinos. Lo asignó a otras promociones en Andalucía y a sufragar los gastos de una fundación que utilízó posteriormente para hacer negocios en Costa Rica, país del que fue cónsul honorario. De los 77 millones, apenas 30.000 euros tuvieron como finalidad la promoción del barrio de Tetuán.

Pasados dos años, en 2007, tal y como era de esperar, el empresario no devolvió el dinero. Tampoco las casas estaban hechas. Fue entonces cuando el banco ejecutó la hipoteca, desahuciando a los vecinos.

El Banco Pastor se hizo con las viviendas a la mitad de su precio, y echó a los vecinos de sus casas. Un buen negocio: se hacía con 30.000 metros cuadrados edificables a diez minutos andando del Paseo de la Castellana. Desde entonces, hace más de cinco años, las familias desahuciadas han recurrido a la justicia, que les ha dado una de cal y otra de arena. Un juzgado de Instrucción les echó de sus casas y otro, de lo Mercantil, condenó al empresario Martín Moreno a devolver 35 millones a su antigua empresa Promociones Tiziano, al constatar que había gestionado la firma “sin la debida diligencia y con infracción de los deberes impuestos”.

La asociación creada por los afectados, encabezada por Susana Ochovo, una de las hijas de los vecinos, han conseguido que el Tribunal Constitucional les dé la razón y permita que sea el Juzgado de lo Mercantil quien prosiga con el concurso de acreedores y deje en suspenso el desahucio. Los vecinos esperan con ello que el concurso de acreedores dé paso a un juicio penal contra el empresario.

El caso vuelve casi al principio. Concretamente a la subasta, a la que con toda seguridad volverá a presentarse el banco. Para los vecinos la sentencia del Constitucional significa únicamente un poco de tiempo, para que el juez de lo Mercantil “apueste por juzgar a Martín Moreno”, asegura Ochovo.

Un tiempo que, sin embargo, para mucho de los afectados no juega a su favor. Es el caso de Francisca Olivares Collado, de 96 años, que cuenta su caso con meridiana claridad: “Me engañaron. Me dijeron que me daban una casa por otra y resulta que era una hipoteca. Y me tuve que ir de mi casa, con 90 años”.

Concepción Ripoll, de casi 90 años, se ha visto obligada en convertirse en okupa de su propia casa. “Me llamaron del banco y me dijeron que me tenía que ir. Pero yo no me fui. ¿A dónde voy a ir yo a esta edad?”, se pregunta esta mujer, que asegura que vive sola en un edificio, y que ha sufrido varios robos. “Espero que se solucione, pero yo no llego. Los juzgados son muy lentos y con la edad que tengo...”.

María Jesús García, funcionaria jubilada, vive desde hace cinco años en otra vivienda del barrio. “Y veo cada día como unos okupas viven en mi casa y yo tengo que pagar un alquiler”. Víctor, de 74 años, es el vivo retrato de la infelicidad. Él y sus hijos están “de pensiones” desde que les echaron de la casa. “Lo único que queremos es recuperar lo que es nuestro”, explica su nieto, que acompaña.

Pero ahora disponen de una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), que les da la razón. Responde a la demanda que presentó Comisiones contra el Gobierno regional por vulnerar el derecho de libertad sindical, según el Alto tribunal, al no facilitarle la información que había solicitado entonces.

El Supremo, en un fallo del pasado 18 de enero, desestima el recurso que presentó la Comunidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que en abril de 2011 declaró vulnerado ese derecho a la libertad sindical y condenó a la Comunidad a darle al sindicato la información reclamada. Esta nueva sentencia, adelantada por la agencia Efe, concluye que la negativa a dar dicha información puede vulnerar el derecho de acción sindical y, "efectivamente, se ha vulnerado".

El escrito subraya que la Constitución consagra el derecho de libertad sindical y que la Ley Orgánica de 1985 incluye, dentro de los medios de acción sindical, el derecho de los sindicatos a obtener información de interés para los trabajadores a quienes representan y "que resulta necesaria para el correcto y eficaz desarrollo de la acción sindical".

Pedir información de las plantillas, de las retribuciones o de los puestos a cubrir es "un complemento lógico y necesario" del derecho de una central sindical para comprobar, entre otros aspectos, "la adecuada provisión de las vacantes (...) y la identificación de las circunstancias de cada puesto", según el fallo del Supremo.

"Los datos han cambiado, pero los seguiremos pidiendo", añade Juan Antonio Olmos, que reclama al Ejecutivo regional "información veraz" de las plantillas de trabajadores públicos para futuras negociaciones.

El 25 de enero, el delegado de Las Artes, Fernando Villalonga, desveló que hay tres bibliotecas en Madrid construidas y con libros que no podrán abrir hasta dentro de medio año al menos por falta de personal municipal. “Allí donde la Administración no llegue, pedimos la colaboración ciudadana”, aseguró durante la visita a un futuro centro en Carabanchel.

El 26 de enero, Ana Botella, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, pidió “la implicación y colaboración” de los madrileños para, “ante la situación excepcional que vivimos”, por la crisis económica y las estrecheces presupuestarias del Ayuntamiento, “sacar adelante” una serie “infinita” de “espacios públicos”. Se refería, según precisaron después fuentes municipales, a centros sociales y culturales, no a servicios especializados. Ese día, Botella añadió: “Hemos tenido la suerte de, con los recursos de los madrileños, tener una serie de infraestructuras; ahora tenemos que ser capaces de que tengan una utilidad. Me niego a pensar que no puedan abrir porque no haya personas voluntarias para ponerlas en marcha”.

Desde entonces hasta hoy mismo, el Gobierno municipal ha insistido en que, como se deducía de estas palabras, no sustituirá a trabajadores municipales por voluntarios que trabajen gratuitamente, algo que, por otra parte, prohíbe la ley. La directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas, Belén Martínez Díaz, ha repetido que eso “nunca ha planteado” en la comisión municipal del área celebrada esta mañana.

Pese a que el propio Villalonga estaba presente y podría perfectamente haber tomado la palabra para explicarse, ha sido Martínez Díaz quien ha leído un fragmento de lo que el delegado dijo el 25 de enero: “Hay sistema novedosos de gestión de los recursos públicos, y eso no significa privatizar. Lo que nos falte, intentaremos complementarlo con voluntarios. No estoy diciendo que el núcleo sea voluntarios, serán expertos, pero tenemos que buscar formulas creativas”.

Es decir, en ningún momento se niega que, gracias al trabajo de los voluntarios, se puedan abrir centros públicos que ahora están paralizados por la falta de personal, como dijo la alcaldesa. Y en ningún momento se niega que esos voluntarios vayan a realizar de forma gratuita trabajos que antes llevaban a cabo trabajadores municipales. Lo único que ha asegurado Martínez Díaz es que las tareas fundamentales del centro, “su tutela y los criterios técnicos de gestión”, “siempre correrán a cargo de funcionarios”.

Este nuevo modelo se probará con “un proyecto piloto de seis meses” a partir de marzo o abril en las bibliotecas de Iván de Vargas (en el distrito Centro) y Ángel González (en Latina). En ellas, los voluntarios “colaborarán unas horas a la semana” en tareas que “complementen” la labor de los funcionarios. En este proyecto, son: “Colaborar en la información de recursos culturales, servicios de apoyo cultural a domicilio para mayores y discapacitados, apoyo en actividades culturales y de formación, talleres culturales e infantiles, y otras tareas”.

El concejal de Unión Progreso y Democracia Jaime Berenguer, que había inquirido al Gobierno local sobre esta cuestión en la comisión, ha denunciado la indefinición en las labores que asumirán los voluntarios y en los motivos por los que se busca si ayuda. “A mí me da la impresión de que es por el dinero, quieren reducir el presupuesto y se han dicho, vamos a tirar de voluntarios. Y ese globo sonda les ha estallado en la cara”.

Martínez Díaz ha concluido su intervención con una queja sobre la forma en que los medios de comunicación han trasladado esta cuestión, haciendo, en su opinión, un interpretación “muy peculiar” de las palabras textuales de los responsables municipales de la que ha dicho no poder hacerse cargo.

Ha apostado además por ejercer “una política cultural más abierta y participativa”, en referencia a sus predecesores en esta área, también del Partido Popular (que gobierna la ciudad de forma ininterrumpida y con mayoría absoluta desde 1991).

Alberto Ruiz Gallardón ganó las elecciones municipales en Madrid por tercera vez consecutiva en mayo de 2011, y nombró delegada de Las Artes a Alicia Moreno (que no pertenece al PP e incluso ha mostrado ideas políticas contrarias a la ideología de este partido). Ya había sido su consejera de Cultura en la Comunidad de Madrid cuando él era presidente autonómico (1995-2003), entre los años 1999 y 2001.

Cuando Gallardón ganó la alcaldía por primera vez, en 2003, la nombró delegada de Las Artes, puesto que ocupó ocho años. El pasado mes de diciembre, Gallardón dejó el cargo de regidor para ser ministro de Justicia. La nueva alcaldesa, Ana Botella, prescindió de Moreno y nombró en su lugar a Villalonga, hasta entonces cónsul general de España en Nueva York.

Edurne, con cuatro discos de éxito en el mercado, ha sido concursante de programas como Operación Triunfo y Mira quien baila, entre otros proyectos. La cantante madrileña, que anteriormente había protagonizado Grease, el musical de tu vida, interpreta el papel de Sandy y Jordi Coll encarna a Danny Zuko. En teatro, Coll ha protagonizado el espectáculo HAIR Love & Rock Musical y ha actuado en Fama, el musical; además de haber participado en la serie Infidels en el papel de Pep.

Ivan Santos ha protagonizado musicales como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Superstar. En televisión, ha participado en programas como Operación Triunfo, Los mejores años de nuestra vida, Supervivientes y Perdidos en Honduras. Manuela Nieto ha actuado en musicales como Hoy no me puedo levantar, Mamma Mia, Fama el musical, Flor de nit, Full Monty, Rent, El somni de Mozart y Drácula, el musical.

El reparto de artistas se completa con Esther Peñas (Fama, el musical y 40 principales el musical), Jose Antonio Moreno (presentador de programas como El Bimbazzo o Visto lo visto) y Adriana de Robles (HAIR, Fama el musical, Monty Phyton’s Spamalot, La bella y la bestia), entre otros actores y bailarines.

En su breve temporada en Barcelona, Grease superó los 90.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los musicales más visto en Cataluña en un tiempo récord. Uno de los mayores atractivos de este musical creado por Jim Jacobs y Warren Casey, junto al filme protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978, es su banda sonora que cuenta con éxitos que ya se han convertido en clásicos y ha seguido sonando en las emisoras de radio de todo el mundo. Las canciones Summer nights y You’re the one that I want fueron número uno de las listas inglesas en 1978, mientras que la canción “Hopelessly Devoted to you” fue nominada al Oscar en 1979.

La historia de Grease se remonta a febrero de 1971, cuando Jim Jacobs, en aquel entonces periodista, y Warren Casey, profesor y disc-jockey, escriben una obra que reflejaba el ambiente juvenil de los años 50 que ambos habían conocido por experiencia propia. El título sugiere el estilo de vida los jóvenes americanos de los últimos años de esa década y juega con el doble significado de la palabra grease, que en inglés se refiere tanto a la brillantina o gomina para el pelo como a grasa, en alusión al fast food que comenzó a popularizarse en los Estados Unidos en aquella época. Todo un revival.

Miguel Zugaza, el director del Prado, asistió entre divertido y preocupado a la invasión tranquila de la sala 49. Cinco o seis filas de personas se agolpaban ante el óleo sobre tabla de nogal pintado por un discípulo de Leonardo da Vinci, todavía no se sabe bien cuál (y probablemente nunca se sabrá). Móviles y cámaras en ristre, iban inmortalizando el histórico mediodía en el que La Gioconda del Prado tomaba posesión de sus estancias. La expectación empezó a trastocarse suavemente en espectáculo —salvando las distancias, era el mismo efecto que suele producirse en el Louvre con decenas de turistas arrebujados ante la Gioconda real, solo que sin cristal protector de por medio— y la seguridad entró en escena: prohibidas las fotos. Muy cerca, en la librería del museo, podían encontrarse ya los primeros productos del merchandising giocondesco: láminas, postales, posavasos, libretas... apuesten ustedes porque esta memorabilia artística se convertirá en carne de superventas...

La copia de la obra de Leonardo permanecerá en las paredes de la sala 49 hasta el 13 de marzo. Ese día viajará hasta el Louvre, donde formará parte (del 29 de marzo al 25 de junio) de la exposición La última obra maestra de Leonardo da Vinci, Santa Ana. La réplica madrileña no será expuesta, pues, junto al retrato más famoso del mundo, tal y como se dejó entrever en un principio.

En todo caso, la entrada por las puertas del Louvre de esta Mona Lisa ejecutada según los expertos del Prado en la mismísima bottega de Da Vinci y pintada de manera simultánea al original, será el momento culminante de todo este proceso. No se olvide que, desde hace ya un buen montón de años, pervive en París una encendida controversia en torno a la oportunidad o no de restaurar la obra más visitada del museo, ese celebérrimo retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, un rico comerciante de sedas florentino en los albores del siglo XVI (esto responde, como prácticamente todo en la vida y en la obra de Leonardo di ser Piero Da Vinci, al ámbito de la hipótesis). "Desde el Louvre nos pidieron que estudiáramos nuestras obras leonardescas, lo hicimos y les dimos toda la información sobre lo que fuimos encontrando; la iniciativa de limpiar y restaurar esta copia fue nuestra. Respecto a la eventual restauración del original de París, nosotros ni entramos ni salimos, eso habría que preguntárselo a los responsables del Louvre", comentó ayer Miguel Falomir, jefe del departamento de Pintura Italiana (hasta 1700) del Prado.

A la vuelta de su periplo parisiense, La Gioconda del Prado volverá a casa, aunque cambiará de habitación. Su nuevo y privilegiado hábitat será el de la sala 56b del museo. Allí, Andrea Salai, Francesco Melzi o quienquiera que pintara hace 500 años la réplica de moda (en eso también nos movemos en el terreno de lo hipotético) compartirá espacio con varios artistas, y no de los menores: Rafael, Botticelli, Mantegna, Antonello de Messina y la mismísima Anunciación de Fra Angelico. En definitiva, inquilinos mucho más ilustres que el autor de esta Mona Lisa afincada en Madrid.

La historia de su restauración es fascinante, no solo "por lo que aportará de información sobre la forma de trabajar de Leonardo Da Vinci, de la que no tenemos demasiados datos" —como comentó a este diario Ana González Mozo, autora del estudio técnico— sino también por algunas de las conclusiones obtenidas. La fundamental de ellas, y con la que se les nota especialmente orgullosos a los conservadores del Prado, es la relativa a la simultaneidad entre el original de Leonardo y la copia del discípulo. "El trabajo ha puesto de manifiesto que la obra fue realizada en paralelo al retrato original", dice el informe. Hasta ahora solo se conocían copias (muchas) de La Gioconda. Es la primera vez que —siempre según los conservadores de la pinacoteca— se tiene constancia de una réplica pintada en vivo y en directo.

Cuatro meses duró la restauración más célebre de los últimos tiempos en El Prado (con permiso, por cierto, de la extraordinaria efectuada sobre El vino en la fiesta de San Martín, de Pieter Bruegel El viejo, casi ya arrumbada en lo que a popularidad se refiere ante el empuje involuntario de la otra Gioconda). Su autora, la restauradora Almudena Sánchez, eliminó los barnices oxidados, acabó con el funesto repinte negro que tapaba el paisaje de fondo (puesto ahí en el siglo XVIII, según el estudio) y con el que cubría el velo y el cabello de Lisa Gherardini en la parte izquierda del retrato, y por fin procedió a la reintegración cromática que permitió la resurrección de la copia en su estado original. En resumen, y en palabras de la propia restauradora: "Se abre una ventana que estuvo dos siglos cerrada".

El hotel, abierto en la calle Echegaray a pocos metros de la Puerta del Sol en 1853, según afirma el escritor Peter Besas, ha tenido que echar el cierre por la baja rentabilidad y por la guerra de precios que se ha desatado en la capital por la caída de la demanda, según han informado fuentes de la patronal hotelera de Madrid. “Han sido muchas las causas. Era un hotel con mucha tradición y con una plantilla que gozaba de antigüedad, lo que aumentaba los costes”, apunta Antonio Gil, secretario general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Gil muestra su preocupación ante el cierre del “decano de los hoteles madrileños” que es el quinto que cierra en la Comunidad de Madrid en los últimos meses. “Es un reflejo de la poca rentabilidad que tienen en la capital”, sostiene por teléfono. “Si la ciudad tuviera mucha afluencia los hoteles de los alrededores lo tendrían más fácil para sobrevivir”.

Gil manifiesta que no es posible ponerse en contacto con el dueño del hotel que “al parecer no quiere ser encontrado”. Según su testimonio, es un empresario individual que solo regentaba el hotel Inglés. “Era un negocio familiar de segunda o tercera generación”, manifiesta.

Carlos Díaz, presidente de la AEHM, también se muestra inquieto: “La debilidad de la demanda en relación a la amplia oferta hotelera sitúan a Madrid a la cola de las grandes ciudades europeas en lo que a rentabilidad de sus establecimientos se refiere”, afirma en un comunicado donde también señala que para que se recupere el sector es necesario que aumente el turismo de ocio, vacacional y de fin de semana. “Sobre todo el internacional".

Historia tras las puertas del Hotel Inglés

Una calle estrecha es donde se refugia el que fue el hotel activo más antiguo de Madrid. Tras sus puertas se han forjado historias y se han hospedado artistas vanguardistas y numerosos personajes de la vida política española. Solo se conoce el nombre de uno de ellos: José Rizal, héroe nacional filipino. En los salones del hotel Inglés, del que era asiduo antes de que lo llevaran a Manila y lo fusilaran por revolucionario, se fraguó una parte de la independencia de su país.

Peter Besas escribió en su libro Historias y anécdotas de las fondas madrileñas, que en 1890 el Hotel Inglés ya salía en las guías. En ellas, afirmaba estar entre los principales hoteles de Europa y Norteamérica y ofrecía “elegantes y cómodas habitaciones” como también un gran salón-restaurante “para acomodar a 500 personas”. Una ilustración en una guía española de viajes de 1895 muestra las tres plantas de su fachada. En el libro, Besas añade que el vestíbulo del hotel “está parcialmente decorado con recuerdos de la década de 1920, e incluso los números originales en hierro forjado del año de su fundación, 1853”, que en su tiempo estuvieron en el exterior a la vista de los caminantes.

La sinceridad de tal metamorfosis se ponía a prueba anoche en un abarrotado Arteria Coliseum, donde Loquillo y sus seis músicos grababan un próximo CD y DVD para documentar la gira A solas. Puede que al Loco le haya dado por la lírica, pero su característica más preeminente sigue resultando bien prosaica: estar encantado de conocerse. Solo así se puede incurrir en esa jactancia infantil (“No sería quien soy si de vez en cuando no hiciera proyectos imposibles”) o responder con un “Tienes buen criterio” a quienes, contra toda evidencia, le gritaban “¡Guapo!” desde el patio de butacas.

La elevada autoestima acaso sirva para ahorrarse facturas con el psicoanalista, pero rebaja el listón de la exigencia. Sanz había traducido al rock grandes poemas de Mario Benedetti (“Obedecer a ciegas deja ciego”) o Bernardo Atxaga, aunque fuera con esa voz áspera, severa y sin atisbo de matices, como de regañina escolar. El Loco nos había familiarizado con el conmovedor No volveré a ser joven, de Jaime Gil de Biedma, aunque anoche lo maltratara con timbre desabrido. Pero en su lista de rapsodas incluye con creciente entusiasmo a Luis Alberto de Cuenca, a quien ya en 1993 rió la gracia de su rancia misoginia en Cuando pienso en los viejos amigos.

En aquella ocasión, don Luis Alberto lamentaba que sus colegas varones se achanten patéticamente bajo el yugo opresor de unas auténticas arpías. Las víctimas podrían decantarse por el celibato, el homoerotismo o la vida eremita, pero el bardo aporta en Nuestra vecina otra solución: “Un cuchillo afilado, y, si Dios no lo remedia, de la vecina haremos picadillo”. Aunque parezca mentira, el autor llegó a Secretario de Estado de Cultura en los años gloriosos del aznarismo. Aunque parezca inaudito, el espigado rockero repeinado no se abochorna de reproducir este eructo en su último disco. Y, tal y como vienen dadas las cosas, Nuestra vecina se convertirá en la banda sonora perfecta para esta España decimonónica que nos ha sobrevenido.

El rockero enamorado hasta de su sombra nos obsequia con otras revelaciones esclarecedoras: “El multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera”. Deducimos que su ideólogo de cabecera prefiere el fascio clásico, el pata negra. Loquillo cree traerse entre manos un espectáculo provocador, disidente. En realidad, es el retrato elocuente de un hombre que admira de Madrid “los paseos nocturnos por La Castellana” y presume de capa española. Y le auguramos, en efecto, un gran futuro.

Isabel Fuentes, directora de CaixaForum, ha descrito esta exposición, organizada por el Victoria and Albert Museum de Londres, como “inusual” porque el protagonista, Sergei Diaghilev, era un gestor cultural, “un emprendedor que transformó el ballet y lo hizo crecer hasta sacarlo de su función accesoria para convertirlo en lo que es hoy en día: un espectáculo con vida propia”. Los que están entre bastidores no suelen aparecer en primer plano. Diaghilev es una de esas excepciones.

En la sala, se respira la delicada elegancia de esta danza. Cada vestido, cada diseño cuenta la historia de una obra, de un bailarín incluso, alguno de ellos, esconde tras las telas a grandes artista vanguardistas de principios de principios del siglo XX. Coco Chanel, Picasso o Matisse fueron colaboradores de este productor que supo ver el talento artístico y explotarlo. Además de que músicos de la talla de Manuel de Falla o Stravinsky le pusieron voz a sus creaciones.

Los Ballets Ruso en España

Más de doscientos carteles, programas, fotografías, elementos para las coreografías y hasta algún testimonio filmado envuelven el espacio.

El público se para a admirar carteles dibujados por Juan Gris o por Pablo Picasso quien creó una especie de arlequín para la obra El sombrero de tres picos, creados por Falla y Diaghilev durante la etapa de la Primera Guerra Mundial. En este periodo (1916-1918), la compañía refugió su arte en España, al margen del conflicto. “Europa no estaba para bailes”, sentencia Fuentes. Esta fue una época en la que Diaghilev bebió de la tradición española, de su folclore y sus costumbres.

En Madrid, Barcelona y San Sebastián sus representaciones tuvieron una extraordinaria acogida. España se había convertido, sin saberlo, en un factor importante para la supervivencia y desarrollo de los Ballets Rusos, que continuaron actuando en el país después de que se firmara la paz.

Llama la atención un pequeño documento filmado, en blanco y negro y mudo. Es el único de la compañía. Fue rodado en Suiza clandestinamente ya que Diaghilev impidió expresamente que se filmara a sus bailarines porque creía que las películas no podrían captar la magia colorista de sus producciones. Pensaba que esas grabaciones le robaban el misterio a la obra.

La sala de exposiciones está concurrida. “Hay mucha gente para ser lunes”, confirma una de las vigilantes del museo. Begoña y Amparo, dos señoras mayores que se han acercado a ver la muestra, dicen que les ha parecido muy completa y “bonita”. “Yo ya he venido dos veces”, asegura Begoña. Otra de las visitantes apunta que la idea de unir artistas plásticos y artes escénicas es “fantástica”.

Amparo concluye antes de coger el ascensor que la llevará a la puerta de salida: “en la exposición de verdad te sientes entre bambalinas”.

La última oferta conocida de Carmen Cervera consiste en que el Estado acoja su colección durante 25 años en régimen de alquiler, con opción a compra. En los primeros momentos de la negociación, la baronesa se manifestó partidaria de la venta de los cuadros, pero finalmente optó por el alquiler "porque tiene que pensar en sus herederos".

Con la prórroga anunciada hoy ya son dos las que concede la baronesa tras la pactada el año pasado con la entonces titular, Ángeles González-Sinde, cuando expiró el acuerdo inicial de 11 años firmado por el Ejecutivo y la coleccionista. En febrero de 2011, González-Sinde declaró: "La intención del Ejecutivo era prolongar más tiempo el préstamo, algo que no ha podido realizarse porque la baronesa ha planteado una serie de contraprestaciones". Conviene recordar que en el momento de la primera firma, en 2000, Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno, era ministro de Cultura y fue parte decisiva en las negociaciones.

La Colección Carmen Thyssen que se expone en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid consta de 240 obras procedentes de las 3.000 que Carmen Cervera ha ido comprando a lo largo de los años, gran parte bajo el asesoramiento de Tomás Llorens, anterior conservador jefe de la Fundación Thyssen. Desde la ampliación del museo, que se inauguró en 2004, un nuevo edificio de 8.000 metros cuadrados alberga la colección de la baronesa, que se había expuesto parcialmente por primera vez al público en 1996.

En el núcleo duro de la colección destacan más de una treintena de piezas consideradas como obras maestras. Ya desde su origen, contaba con un grupo indiscutible de ellas: como La esclusa, de John Constable, una de las pinturas más importantes del artista inglés, adquirida en el mercado británico en el año 1991. Pero además la colección (cuyo fuerte es a ojos de la propia Carmen Cervera el siglo XIX) cuenta con auténticas joyas de Monet, Gauguin y también del arte flamenco o del expresionismo abstracto norteamericano.

Siempre se ha imaginado el fin del mundo como algo sublime, algo capaz de provocar esa extraña sensación de vaivén entre el vértigo y el estremecimiento ante lo que se presenta como una contradicción abismal, como algo raro, inasible, capaz de escapar a los gruesos límites de la razón y de la lógica pero que, sin embargo, se impone, existe, está ahí, se puede tocar, ver... Y sí, en Vallecas hay un sitio así, un fin del mundo cualquiera.

Atraído por esa imagen desoladora llegó Hans Haacke, una artista nacido en Colonia (Alemania) en 1936 y afincado en Nueva York desde hace más de 40 años. Había llegado a Madrid en avión para ver a su amigo Manuel Borja Villel, director del Museo de Arte Reina Sofía. Hacía tiempo que querían trabajar juntos y estaban empezando a perfilar una idea. Corría el año 2010.

Mientras llegaba al centro de la ciudad en el taxi pudo ver, a su paso, enormes extensiones de terreno, con calles pavimentadas y farolas a lado y lado en medio de un espacio completamente vacío: “In the middle of nowhere” (en medio de ninguna parte), dice. “Al llegar pregunté qué era aquello y me respondieron que había muchos sitios así en la periferia de Madrid, tierras prometidas, donde estaban previstos grandes planes urbanísticos que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se habían abandonado”, cuenta.

Pidió hacer un tour por la periferia. Y fue en ese recorrido cuando descubrió la calle del Arte Conceptual, la del Arte Abstracto, la del Arte Figurativo, la de Eduardo Chillida… Y tantas otras vías del Ensanche: unas con edificios a medio terminar, otras delimitadas por esqueletos urbanos, otras con sólo los cimientos de las construcciones, otras con solares yermos, otras con edificaciones de cinco y seis plantas terminadas y plagadas de carteles de “se vende”, “se alquila”, “rebajas”, o “última oportunidad”… Alegorías de un sistema roto a ladrillazos y que ahora encuentran su representación artística en la tercera planta del Edificio Sabatini del museo madrileño, en una gran muestra con el nombre de Castillos en Aire.

Era abril de 2008 cuando se anunciaba el Ensanche a bombo y platillo como “una ciudad que albergará más de 28.000 viviendas (la mitad de protección pública) con sus correspondientes equipamientos, ocupando más de siete millones de metros cuadrados, una extensión similar a la de la ciudad de Cáceres”.

La ejecución del proyecto, que tenía que haberse finalizado en el año 2006, sufrió grandes retrasos, por lo que los vecinos afectados se organizaron en torno a la Asociación PAU Ensanche de Vallecas.

“El barrio se ha quedado, al menos de momento, en una acumulación de viviendas con pocos servicios públicos y altos impuestos. Se ha construido algo más del 70 % de las viviendas previstas pero menos del 25% de los recursos dotacionales planeados. De los grandes proyectos previstos, tan solo el centro comercial se ha llevado a cabo”, cuenta Rosa María Pérez Mateo, presidenta de la Asociación de Vecino del Ensanche de Vallecas, que se creó en 2006, año en que debía haber estado finalizado el proyecto.

“El Ayuntamiento firmó con nosotros un plan especial, que debía desarrollarse entre 2008 y 2012, en el que se comprometía a dotar al barrio con distintos recursos de los que tan sólo una pequeña parte se construyeron. Quedan pendientes aún un equipamiento cultural, un polideportivo cubierto, dos pistas polideportivas, un centro de día para mayores, el desarrollo del Parque de la Gavia, aparte de la urgente necesidad de terminar con los malos olores de Valdemingómez y la construcción de un instituto público, un centro médico de especialidades, otro centro de salud y la terminación de las zonas verdes del barrio”, enumera de memoria Pérez Mateo.

Las instituciones, contra las que Haacke tiene la costumbre de arremeter artísticamente y sin paliativos, están diluidas en la llamada Junta de Compensación, que ejerce de promotora del proyecto y que congrega a los organismos públicos (Comunidad y Ayuntamiento) y a las empresas privadas.

Pese a que el Ayuntamiento calculó en su día su inversión en 17 millones de euros, la amalgama burocrática que delimita las competencias de las partes (terreno vendidos a la empresa privada, dotaciones correspondientes a la Comunidad —de sanidad y educación— y las que se corresponden con distintas concejalías del consistorio —centros culturales, deportivos, sociales —) hace de cristal opaco que impide ver con claridad qué se ha hecho, qué queda por hacer y qué cabe esperar: “Habría que ir área por área”, dicen desde Urbanismo, donde se limitan a aprobar los planeamientos que la Junta va presentando.

El Parque de la Gavia fue presentado como uno de los puntos fuertes en la candidatura a las Juegos Olímpicos de Madrid 2012. Se asentará sobre el Arroyo de la Gavia y ha sido diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito. Pero está aún en construcción, así que, el resultado de este gran proyecto urbanístico es un lugar desangelado, con grandes avenidas solitarias, 21.000 casas construidas, más de una veintena de proyectos inacabados, miles de viviendas deshabitadas (se calcula que viven unas 35.000 personas en total, la mitad de las que preveía el Ayuntamiento) y una clamorosa falta de equipamientos urbanos. Allá, en los confines de Madrid.

“Ambas administraciones han visto en los nuevos desarrollos la manera de recaudar dinero por la vía de la venta de suelo, para luego olvidarse de que las personas que viven en esos barrios”, comenta Pérez Mateo.

En nuestra ruta artística por el Ensanche, Haacke señala: “Este es el único bar en estas tres manzanas”. Conoce ya estas tierras como la palma de su mano. “Y un poco más adelante, a mano derecha, está Ibercaja, el único banco”, apunta. “Está casi igual que hace dos años”, asegura, mientras sigue haciendo fotos compulsivamente.

Después de más de una hora y media hemos vislumbrado a lo lejos varias figuras humanas: un trabajador del servicio de la limpieza municipal que dormita en su coche aparcado bajo ese silencio sepulcral que sólo reina en esta clase de confines del mundo; un corredor y un ciclista, que pasan como una exhalación; una señora paseando a su perro, un adolescente con mochila y dos vecinos (de unos cuarenta años cada uno) que se cruzan a la entrada del portal de su edificio:

— ¡Hola!, cuánto tiempo.

— Si, nos vemos poco.

— Bueno pues Feliz Año Nuevo, me alegro de volver a verte.

— Lo mismo te digo.

Una conversación perfectamente normal si no fuera porque es 15 de febrero y hace mes y medio que comenzó el nuevo año y ambos vecinos comparten portal.

La gran idea del PAU de Vallecas, con siete millones de metros cuadrados, era “completar la trama urbana en el Suroeste para favorecer a los casi 70.000 vecinos que acogerá y a los 65.000 que residen en Villa de Vallecas”. De momento, son menos de la mitad porque son pocos los que quieren vivir allí y, y de lo único que parecen beneficiarse es del centro comercial de la Gavia, de la sucursal de Ikea ubicada al lado y de una estación de servicio que se anuncia con el cartel de “gasolina más barata”. Poco más.

La ciudad de la utopía ha fracasado. El Ensanche es la gran metáfora de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que ha muerto dejando toda una estela de desolación a su paso.

» Pronunciar abdominales. Casi igual de duro es hacer unas sentadillas que pronunciarlas bien: “Squats”, vocaliza el británico Adam Broughton, responsable junto a Simon Price de las sesiones de Bootcamp en inglés que imparten por las tardes en el Retiro (www.bootcamp-espana.com). “Este deporte, inspirado en el entrenamiento militar, consiste en una hora intensiva de ejercicio: carrera, abdominales, fuerza, boxeo… sin parar”, explica el entrenador. “Es muy popular en Inglaterra o Estados Unidos, porque se practica al aire libre y es perfecto para perder peso a cualquier edad”. Broughton y Price pensaron que a la gente le interesaría probar a “practicar su inglés mientras entrena. Primera clase, gratis”. ¡One!, ¡two!, ¡one! ¡two!, hasta lograr hacer, o decir, unas cuantas squats seguidas.

» Con paladar americano. Por lo de su vocación de cocinera, explica cómo hace ella para que la salsa huela a perrito caliente. Por deformación profesional, no dejará que ningún asistente llame kétchup a lo que ella pronuncia katchap: “Repeat, please”, se afana. La estadounidense Margit Sperling es la jefa de estudios de la empresa de cursos MCHtraining y la chef de las clases de cocina en inglés que organizan mensualmente en colaboración con la librería gastronómica A Punto —Pelayo, 60— (www.apuntolibreria.com), la única donde literatura de mantel y fogones comparten espacio a diario. “Enseño a elaborar platos americanos”, explica Sperling, “la gente se divierte porque es distinto a estar en un aula”. Mientras mete un mito en el horno —pastel de manzana—, aprovecha para confesar otro: “Es cierto, le echamos katchap a casi todo”.

» Cita rápida con lengua. Son citas cortas. De esas de oportunidades de 10 minutos y... cambio de pareja. Un bar, una decena de personas y cinco rotaciones. La diferencia es que aquí los lados de la mesa no los marcan los sexos, sino las procedencias. Spanglish Exchange (www.spanglishexchange.com), una empresa con tres años de experiencia en Argentina, pone a prueba la fluidez de los madrileños en las distancias cortas. Cinco nativos anglohablantes y cinco españoles charlan por turnos. Cinco minutos en cada idioma. Cinco euros por participar y una consumición. “No es para ligar”, explica Nathan Vermeiren, responsable en España. Otro modo de usar la lengua.

» Libros con camarero. ¿Cómo se dirá aquello de “aceptamos barco” en inglés? La oportunidad de averiguarlo la pone en la calle del Espíritu Santo, 47, el bar-librería J&J Books and Coffee. Los viernes a las once, unas 70 personas se enfrentan en una apasionante y abierta competición de quiz en inglés, el popular juego de preguntas. La partida se juega arriba, en el bar, una taberna de ambiente tenue y anglohablante (miércoles y jueves son las citas fuertes para practicar conversación). Abajo, una librería con una colección de 25.000 libros de segunda mano en lengua inglesa a precios de entre uno y cuatro euros.

» Mi niño juega en inglés. Desde luego es más fácil convencer al crío de que aprenda inglés si, en vez de una clase, la alternativa es un mago, un actor, un loro de acento británico o el monitor de una gincana. Kidsinmadrid (www.kidsinmadrid.com) es una web informativa de actividades infantiles bilingües por toda la región. La propia página también organiza, a través de su iniciativa (www.kidsfunideas.es), eventos anuales (como la feria bilingüe), o mensuales: 17 euros por costillita, un par de horas de taller de magia, peluquería o teatro que se realizan en colaboración con empresas de amplia experiencia en el sector. “La misión: diversión con idiomas”, asegura Paloma Irving, fundadora de la web.

» Bares en versión original. Cerca de 200 personas en el mismo bar dispuestas a compartir idioma y caña, ya son como para no dar con alguien con quien congeniar. Son muchos los pubs de la ciudad que organizan su noche de intercambio de idiomas entre nativos y extranjeros. David Poza, creador del grupo Multilinkual (www.multilinkual.com), puede presumir que las quedadas que él empezó hace 14 años con 15 personas ahora congregan a esa multitud. Los martes a las diez de la noche en el bar O’Neill’s (Príncipe, 12) y los jueves en Beer Station (cuesta de Santo Domingo, 22). Para los que sean más de listening, también hay monólogos a cinco euros en el segundo bar, el tercer jueves de cada mes. Los viernes toca cine, el supergrupo marcha a los Ideal con descuento y una cerveza gratis después. Por lo de comentar el filme. “Es perfecto para entablar amistad y practicar idiomas”, dice Poza. “En principio eso. Aunque ya he visto salir muchas parejas de aquí”.

La Casa de Velázquez es además un secreto escondido. “Estamos en el quinto pino y quienes nos conocen tienden a guardárselo para sí”, dice Étienvre, que es catedrático de Literatura Española en la Sorbona y fue becado de la institución que dirige a finales de los setenta. “La gran tentación para los que vivimos dentro es encerrarnos tras estas rejas”, admite el director. “Toda residencia tiene algo de conventual”. Pero en esta, la libertad es total: de temática artística, de horarios y de compañías. “Esto no es un Club Med, no es un crucero, aquí se viene a trabajar, pero la libertad es el nervio del artista y un artista enamorado siempre crea con mayor intensidad”, dice el director. Vive la France.

Para dar a conocer esta deliciosa isla francesa en Madrid se celebra mañana una jornada de puertas abiertas (de 16.00 a 20.00). Habrá conciertos, exposiciones y una barra para tomar algo junto a la piscina. Se podrá entrar en las casas-taller de los artistas y conversar con ellos sobre su trabajo. “Queremos darnos a conocer”, dice el director de la institución, “dejar de ser un secreto después de tantos años”.

La idea de la Casa de Velázquez surgió durante la I Guerra Mundial, pero no se materializó hasta 1928, cuando Alfonso XIII —que había cedido el solar a los franceses— inauguró la obra: una mansión escoltada por dos torres herrerianas. Con los artistas ya viviendo en la Casa, continuaron las obras de alas laterales y pabellones hasta mayo de 1935, paralelamente a la construcción de la mucho más racionalista y moderna Ciudad Universitaria. Mal sitio, peor momento. Poco después, toda la zona se convirtió en el frente de la Guerra Civil. Una compañía de polacos del batallón Dombrovsky resistió en el edificio hasta la extenuación, y se conserva una orden de noviembre de 1936 que portaban unos dinamiteros agregados a la columna Durruti para penetrar en el alcantarillado y volarlo por los aires. Quedó destrozado, la escultura ecuestre de Velázquez que hay en la entrada, decapitada por un obús. Los artistas se mudaron a un palacete de la calle de Serrano hasta que, a mediados de los cincuenta, se decidió reconstruir el edificio. Conservaron el claustro, la biblioteca y la planta, pero las torres se caparon, quedando como terrazas a la italiana. La obra se realizó con los materiales y las calidades de la posguerra. “Las instalaciones estaban totalmente obsoletas, acabamos de salir de dos años de obras de adecuación”, explica Étienvre. También en parte por ello se celebra mañana la jornada de puertas abiertas, ocasión única para conocer este edificio desconocido y a los artistas que lo habitan. “Vivir aquí no es solo cómodo, también es creativamente efectivo”, dice Olivier Larivière, de 33 años, en la cocina de su taller apartamento, rodeado de grandes óleos con imágenes extremas de porno y tatuajes. “Cuando vuelva a Reims, buscaré un piso y un taller suficientemente grande para mis esculturas y para poder compartirlo con mi novia que también es artista”, cuenta por su parte Étienne Fouchet en su espacio de trabajo madrileño, donde el techo debe tener unos seis metros. “Será difícil encontrar un espacio concebido expresamente para la creación como este”, dice. “¡Y seguro que en ningún caso tendrá piscina!”. “Después de dos años, a los artistas siempre les cuesta tener que marcharse”, dice el director. “Este es su paraíso perdido”.

El martirio madrileño prosiguió seis años, con sucesivas salidas del ejército ocupante e inquietantes reocupaciones. Como ejemplo baste señalar que el parque del Retiro, pulmón capitalino, sufrió la tala generalizada de su masa forestal al ser elegido como campamento por las tropas imperiales. En su postrera retirada, hostigado por el ejército español y el de lord Wellington, quedó destruida la Real Fábrica de Porcelanas, allí situada, más la iglesia de Los Jerónimos, decenas de edificios oficiales, factorías, manzanas, iglesias...

De todos aquellos episodios y de su bastidor humano -como el de la joven Manuela Malasaña y Ordoño, abatida de un disparo en la sién a los 17 años- da detallada noticia el primer Diccionario de la Guerra de la Independencia, que sale a la venta impulsado por la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad y bajo la dirección de los historiadores Emilio de Diego y José Sánchez Arcilla. Hasta 56 colaboradores han recogido más de 8.200 voces durante cuatro años para alumbrar este texto que constituye el primer intento de tal naturaleza por sistematizar una cadena de acontecimientos históricos que —junto con Cádiz, Badajoz, La Coruña, Zaragoza, Gerona y Vitoria— tuvo a Madrid por muy destacado escenario.

Diccionario de la Guerra de la Independencia. Emilio de Diego y José Sánchez-Arcilla, directores. Actas Editorial. 2270 páginas. 180 euros.

Música. Notas para la Cuaresma. Año tras año, el Festival de Arte Sacro de la Comunidad lleva a las iglesias y auditorios de la región una propuesta diferente en clave religiosa. Sin acotar la programación al cristianismo, el festival se atreve con el góspel, las músicas del mundo y, este año, una apuesta por la música sefardí. Mucho canto gregoriano, las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, un ciclo de lied religioso y la música sacra de la España de la Constitución de 1812 son algunas de las propuestas. La mayoría de los actos son de entrada libre o por menos de cinco euros, y se reparten por distintas localidades de Madrid, como Getafe, Alcalá de Henares o Buitrago de Lozoya. Esta semana destaca Lapsimessu, un programa que se interpretará mañana en la iglesia del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) con los Pequeños Cantores de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Este año el festival, que comenzó ayer y durará hasta el 31 de marzo, incluye también un ciclo de cine en el Ateneo de Madrid. Por Miguel Pérez Martín.

Jazz. Sensibilidad del siglo XXI. Portico Quartet es un cuarteto londinense que logró notoriedad cuando su primer álbum fue nominado en 2008 al Mercury Prize. Era bastante inusual que en ese premio, para el que un panel de expertos selecciona los mejores discos británicos del año, se hubiera colado un cuarteto de jazz que empezó tocando en la calle. Tan inusual como su formación: un saxofonista, un contrabajista, un batería y un músico de hang, un instrumento de percusión que recuerda a un platillo volante. El cambio de su percusionista original ha contribuido a aumentar la sensibilidad electrónica del grupo. Si quieren comprobar cómo suena el jazz contemporáneo menos áspero, el miércoles pasarán por la sala Galileo. Por Iñigo López Palacios.

Cine. El león enjaulado. Jafar Panahi se revuelve en su casa como un león enjaulado. El Gobierno iraní le ha prohibido rodar y viajar al extranjero en 20 años. Y allí está él, hablándole a su cámara, primero, y a la cámara de un amigo, después. Cuenta cómo sería la película que pensaba rodar. Hasta que se echa a llorar. Una película contada no es una película. Peor aún. Si una película se puede contar sin dejar ninguna información fuera es que no se le puede llamar película. Panahi se desespera, y todos esos sentimientos, ese dolor, se convierten en Esto no es una película, un filme sacado a escondidas de Teherán y estrenado en Cannes. El viernes el Museo Reina Sofía lo proyecta por primera vez a las 19.30, en el edificio Sabatini. Por Gregorio Belinchón.

Danza. Werner y la identidad. Detenerse, observar y continuar, así se resume la propuesta de Provisional Danza, que vuelve a la Sala Cuarta Pared (Del 22 al 25) con una obra donde el espectador se enfrenta a una sucesión de escenas en que los intérpretes juegan con la identidad y sus opuestos. La mujer invisible (Identidad) está coreografiado por Carmen Werner y ha contado con su colaborador habitual Daniel Abreu al frente de la dirección escénica. Entre los intérpretes, su propia compañía, los miembros de 360° Danza y la colaboración especial de Rebeca Martín Tassis. Por Roger Salas.

Teatro. Luces del siglo XX. El recordado Eduardo Haro Tecglen la calificó como la mejor obra del teatro español del siglo XX y nada mejor que echar mano de él para avalar a Luces de bohemia, la obra cumbre de Ramón María del Valle-Inclán. Una de sus mejores lecturas escénicas está en el teatro María Guerrero con un plantel de actores que se han adentrado en ese cruel y tierno universo esperpéntico que recorre el Madrid noctívago, de la mano del director Lluís Homar. Max está interpretado por Gonzalo de Castro y Latino, por Enric Benavent. Por Rosana Torres.